SAN Colômbia
La Red de Acueductos Comunitarios del sur de Santander y diversas comunidades campesinas iniciaron una acción legal debido a que la Agencia Nacional de Minería (ANM), otorgó licenciamiento a la empresa Zurich Internacional Trading, titular del proyecto de explotación de carbón y principal empresa señalada por las comunidades, debido a inconsistencias en los instrumentos que sustentan el proyecto minero.
El conflicto socioambiental derivado del otorgamiento del título minero para la explotación de carbón a la empresa Zurich Internacional Trading, radica principalmente en que las comunidades campesinas y organizaciones sociales señalan irregularidades administrativas (procedimiento minero) y ambientales que comprometen la legalidad del proyecto y la protección de derechos colectivos. El conflicto se intensificó tras más de 160 días en que la comunidad se ha mantenido en pie de lucha, acampando y realizando asambleas para intentar frenar a la empresa Internacional Zurich que busca la extracción de carbón y caliza, actividades que amenazan las fuentes hídricas de la región y una movilización hacia Bogotá en marzo de 2026, donde la comunidad exigió que la Agencia Nacional de Minería (ANM) como autoridad competente para la administración de los títulos mineros.
Entre las principales demandas destacan:
- Inconsistencias entre el título minero, el Programa de Trabajos y Obras (PTO) y la licencia ambiental, particularmente por autorizar diferentes minerales de explotación (carbón, asfaltitas y materiales de construcción) y métodos de extracción incompatibles entre sí (minería a cielo abierto y subterránea).
- Reportes de producción de carbón por parte de la empresa durante períodos en los cuales, según visitas oficiales de fiscalización, no existía actividad extractiva en el territorio.
- Deficiencias en el proceso de licenciamiento ambiental y en la evaluación técnica del proyecto.
- Ausencia de respuesta oportuna de la ANM frente a las solicitudes presentadas por la comunidad durante varios meses.
Desde la perspectiva jurídica, estas circunstancias podrían comprometer principios como la legalidad administrativa, la transparencia, la debida motivación de los actos administrativos y el principio de precaución ambiental, además de justificar la revisión administrativa del título e incluso su eventual caducidad, según lo solicitado por las organizaciones campesinas.
Asimismo el conflicto refleja la tensión entre dos modelos de uso del territorio:
- Por un lado, el interés estatal y empresarial de promover la explotación del carbón como actividad económica.
- Por otro, la defensa del territorio impulsada por las comunidades campesinas, quienes sostienen que la vocación del municipio está orientada a la producción agropecuaria, la conservación de las fuentes hídricas y el fortalecimiento de los acueductos comunitarios.
Las organizaciones sociales consideran que el proyecto minero amenaza ecosistemas estratégicos de la cordillera del sur de Santander, una región de alta importancia hídrica, y pone en riesgo el abastecimiento de agua para la población, además de afectar la producción de alimentos y profundizar la conflictividad territorial.
Asimismo, la falta de respuesta institucional es interpretada por la comunidad como una vulneración de derechos fundamentales y colectivos, entre ellos: el derecho a la participación en asuntos ambientales; el acceso a la información pública; el debido proceso administrativo; el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano; la protección del agua como bien común.
Las organizaciones acompañantes también sostienen que la actuación de la ANM resulta incompatible con las políticas de ordenamiento territorial alrededor del agua y con decisiones judiciales relacionadas con la denominada "ventanilla minera", que buscan fortalecer el control sobre la asignación de títulos mineros.
Desde el derecho ambiental colombiano, este caso evidencia un conflicto entre el aprovechamiento de recursos minerales y la protección de derechos colectivos reconocidos en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, que obligan al Estado a garantizar un ambiente sano y planificar el manejo sostenible de los recursos naturales.
Igualmente, el caso involucra principios previstos en la Ley 99 de 1993, particularmente los principios de prevención, precaución, participación ciudadana y desarrollo sostenible, los cuales exigen que la actividad minera se someta a rigurosos controles técnicos y ambientales antes de autorizar su ejecución.
La acción pretende la revisión administrativa del título minero con la finalidad de que se revierta y sea el mecanismo para restablecer la legalidad del procedimiento, proteger los recursos hídricos y garantizar los derechos colectivos de las comunidades afectadas.
El conflicto por la minería de carbón en La Paz (Santander) trasciende una discusión sobre la explotación de un recurso mineral y representa una controversia jurídica y socioambiental sobre la gobernanza del territorio, la transparencia en la gestión minera y la protección de los bienes ambientales. Las comunidades campesinas buscan la revisión integral del título otorgado a Zurich Internacional Trading ante irregularidades técnicas y administrativas, mientras defienden un modelo territorial basado en la conservación del agua, la producción de alimentos y la permanencia de la economía campesina. La decisión de la ANM de revisar el expediente constituye un primer paso institucional, tras la queja disciplinaria presentada, la Misión Internacional de cooperantes del servicio social para La Paz y un futuro proyecto de acción penal.
El conflicto por la minería de carbón en La Paz (Santander) trasciende una discusión sobre la explotación de un recurso mineral y representa una controversia jurídica y socioambiental sobre la gobernanza del territorio, la transparencia en la gestión minera y la protección de los bienes ambientales. Las comunidades campesinas buscan la revisión integral del título otorgado a Zurich Internacional Trading debido a presuntas irregularidades técnicas y administrativas, mientras defienden un modelo territorial basado en la conservación del agua, la producción de alimentos y la permanencia de la economía campesina. La decisión de la ANM de revisar el expediente constituye un primer paso institucional, aunque el desenlace dependerá de la verificación de las denuncias y de la adopción de medidas acordes con los principios del derecho ambiental y administrativo colombiano.
Los peticionarios buscan con la acción frenar proyectos de carbón en la región puesto que destruyen ecosistemas claves y biodiversidad, fuentes hídricas aunado a que la zona es una reserva hídrica.
- Comunidades campesinas y organizaciones sociales
- Red de Acueductos Comunitarios del sur de Santander.
- Agencia Nacional de Minería (ANM)
- Ministerio de Minas y Energía
- Zurich Internacional Trading
La minería en la zona de Santander, se define principalmente por la tensión entre la tradición extractiva de oro y carbón, la protección de ecosistemas estratégicos y los conflictos socioambientales. Las zonas clave se concentran en la provincia de Soto Norte y el sur del departamento.
Los títulos mineros y licencias otorgadas para minería de carbón en La Paz Santander, supone un grave riesgo y amenaza para ecosistemas importantes de reserva hídrica y agroalimentaria de la región. Así mismo se observa con preocupación la gran cantidad de solicitudes mineras en todo el Sur de Santander que afectaría gravemente los territorios que deberían ser considerados como una importante Bio – Región en el país.
Las comunidades denuncian la inacción de la Corporación Autónoma de Santander respecto de sus reclamos frente a las situaciones que se están presentando en seguimiento de las licencias ambientales otorgadas de los títulos mineros CEI-101 y EFJ-09, al no recibir respuestas de fondo que protejan los derechos fundamentales a un ambiente sano entre otros, aunado a que no se ha garantizado en derecho fundamental a la Participación Ambiental oportuna, amplia, informada y eficaz en ninguno de los casos, las comunidades se han enterado de la existencia de los títulos y licencias otorgadas cuando las empresas mineras han entrado o intentado entrar a sus territorios.
Las comunidades manifiestan sentirse desconfiadas y desamparadas por las autoridades de carácter regional y nacional, ya que perciben que no hay concordancia en el actuar institucional y no se escuchan de manera efectiva las necesidades de las comunidades. En las diferentes comunidades existe una latente preocupación alrededor del recurso hídrico y su suministro, que se vería seriamente impactado por los proyectos mineros ya que estos se ubican en zonas de recarga hídrica que abastecen a múltiples acueductos comunitarios y municipales, y benefician a cientos de familias de estos municipios.
Acuerdos/tratados internacionales
- Acuerdo de París
Leyes nacionales
- Constitución Política de la República de Colombia
- Ley 99 de 1993
Principios
- Principio de prevención
- Principio de precaución
- Principio de participación ciudadana y desarrollo sostenible