LAG Colombia
Comunidades indígenas Wayúu, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos y congresistas, promovieron una acción de nulidad contra el permiso ambiental que unifica la explotación de carbón, transporte férreo y operación portuaria del megaproyecto carbonífero a cielo abierto más grande de Latinoamérica ubicado en la Guajira, Colombia a cargo de la empresa Carbones del Cerrejón de propiedad de las multinacionales BHP, AngloAmerican y Glencore.
La demanda detalla cronológicamente algunas de las principales omisiones, inobservancias, falsedades e irregularidades cometidas a lo largo de las autorizaciones concedidas indebidamente a la empresa. A su vez, se exponen las sistemáticas denuncias y evidencia probatoria que da cuenta de las graves violaciones, discriminaciones y abusos a los derechos de comunidades Wayúu, afro, campesinas y población en la Guajira.
La demanda recopila estudios científicos sobre la contaminación, afectaciones en la salud e impactos negativos en el ambiente por la explotación de carbón a cielo abierto, así como hallazgos e informes oficiales, se evidencia la negligencia y la falta de control y seguimiento con la que opera este proyecto. Problemáticas exacerbadas en la región como la crisis hídrica, humanitaria y climática en la región, la contaminación, devastación y daños probados ocasionados por esta operación minera obligan a refutar la presunción de la “legalidad” de los permisos concedidos, que están vigentes hasta el año 2034.
Este Plan de manejo ambiental con el que opera la mina tiene un estándar regulatorio mucho menor al que se encuentra plenamente vigente en el orden constitucional y legal. Los Planes de Manejo no evalúan, ni valoran de manera sistémica, adecuada, previa y suficiente los impactos de esta operación, sino que se limita a describir las medidas de «manejo y compensación» de dichos impactos. En otras palabras, como se plantea en la demanda, a esta operación minera se le dio un permiso «en blanco» de contaminación y daño ambiental". Los cargos principales se concentran en que se evadió la obligación de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) necesario para tener una Licencia ambiental, tampoco se observaran las normas sobre consulta previa, evaluación de impacto ambiental, principios ambientales de prevención y precaución, obligaciones estatales en planificación, prevención y manejo de los bienes ambientales, entre otras.
La demanda plantea en diversos apartados argumentos sobre la incidencia de cambio climático y las necesidades de descarbonización. En particular, se resalta la intensidad de los graves efectos del cambio climático en una región altamente vulnerable y con una grave crisis humanitaria e hídrica como es la Guajira y su relación con la autorización de la continuidad de la mina de carbón a cielo abierto. De allí que se cuestione la compatibilidad entre las obligaciones del Estado en materia de cambio climático y la profundización de la minería de carbón responsable de emisiones de gases de efecto invernadero y calentamiento global.
La acción de nulidad expone el impacto de degradación que ha significado la explotación de carbón sobre ríos, afluentes y en general en la cuenca hidrográfica en la Guajira, la destrucción de ecosistemas esenciales tales como el bosque seco tropical en peligro crítico de extinción lo que lleva a la pérdida de biodiversidad, y por tanto de servicios ecosistémicos, esto dentro de la gravedad del contexto de cambio climático. En la Guajira confluyen dos particulares circunstancias: la primera, altas temperaturas, y la segunda, una fragilidad hídrica, esto por supuesto hace que sea una región altamente vulnerable a las intervenciones y afectaciones que son realizadas en la red hídrica. La acción plasma la degradación ambiental llevada a cabo por la empresa minera, y como dadas las condiciones propias de la Guajira, estas afectaciones deben necesariamente ser detenidas, de lo contrario la pervivencia de la vida estará en grave riesgo.
En ese sentido, se pone de presente la obligación de tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos, teniendo en cuenta los distintos contextos socioeconómicos. A su vez, se pone en discusión la falta de evaluación y consideración de los efectos del cambio climático a la hora de autorizar los permisos de aumento en la producción minera.
Siendo la acción de nulidad un litigio de interés público, se desarrolla este argumento, pensando no solamente en el caso en concreto, sino además pensando en posicionar en el debate público, la necesidad de que exista una política pública que impulse de manera integral la transición energética. En consecuencia, en su desarrollo la acción pretende dejar en evidencia la profunda incoherencia que existe en profundizar en un modelo económico basado principalmente en la explotación extractivista y la necesidad de hacer frente al cambio climático. En conclusión, se pretende que el desincentivo del uso del carbón sea una realidad, dada su estrecha relación con el cambio climático. La minería de carbón a cielo abierto es reconocida como una de las actividades extractivas más contaminantes, y por esta razón se está desincentivando la descarbonización en la economía global como una de las primeras medidas para afrontar el cambio climático y se demanda una transición hacia energías limpias.
En estos momentos la Guajira se juega su última carta para poder lograr algo de justicia, y vida en su territorio. Más aún, el agua y los ecosistemas que se puedan proteger allí, tendrán un rol determinante para abastecer al resto de la región Caribe, una de las regiones más amenazadas por el Cambio Climático.
- Comunidades Wayúu Paradero y La Gran Parada
- Organización Fuerza Mujeres Wayúu
- Congresistas de la República Feliciano Valencia
- Aida Avella Esquivel
- Iván Cepeda Castro
- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
- Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
- CENSAT - AGUA VIVA.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
- Agencia Nacional de Minería
- Corporación Autónoma Regional de La Guajira
- Carbones del Cerrejón Limited.
La acción recoge los impactos de la explotación carbonífera sobre el departamento de La Guajira y sus habitantes (pueblo milenario Wayuu y comunidades afrodescendientes). Se evidencian casos de desplazamiento forzado de las comunidades afro de Tabaco, Patilla y Chancleta; afectaciones en la salud de niñas y niños y de otros integrantes del Resguardo de Provincial; el Estado de Cosas Inconstitucional y la responsabilidad de la mina por haber explotado la zona productiva de la baja Guajira; el desvío de los Arroyo Bruno y Tabaco y del río Palomino, así como la contaminación y el uso desmedido de las aguas.
La demanda también solicita medidas cautelares que suspendan cualquier trámite de modificación de la licencia (expansiones de la explotación de carbón), hasta que las autoridades ambientales no constaten la protección de los derechos colectivos e individuales afectados, teniendo en cuenta el detrimento ambiental, económico y las graves afectaciones a derechos humanos sobre la población de La Guajira.
- Compendio de normas nacionales e internacionales en derecho ambiental y administrativo.
- Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.