A unas dos horas de la ciudad de Santiago, capital de Chile, está la bahía de Quintero y Puchuncaví, con poco más de 40 mil habitantes. El lugar tiene el potencial para ser un sitio maravilloso donde vivir —con su rica agricultura y generoso mar— que ofrecía pesca artesanal y oportunidades para desarrollar el turismo. Pero dichos modos de vida fueron sacrificados en favor del avance implacable de la actividad industrial intensiva. Hoy, más de 30 empresas diferentes, muchas altamente contaminantes, operan en lugar, haciéndolo un espacio peligroso para vivir.
En la bahía suelen ocurrir envenenamientos masivos de personas adultas y jóvenes que muchas veces terminan en el hospital. También son comunes los varamientos de carbón en las playas, que tiñen la arena. Solo en 2022 se registraron más de 100 episodios. Aunque no ha sido documentado oficialmente, hay evidencias aún más espeluznantes de lo seriamente sacrificada que está la población de este lugar. Muchos niños y niñas requieren educación especializada porque presentan problemas de desarrollo o aprendizaje, y casi todas las personas locales tienen a personas cercanas sufriendo de cáncer u otros males asociados a la exposición a contaminación.
La situación afecta sobre todo a niños y niñas, especialmente vulnerables a la contaminación. También es desproporcionado el impacto en las mujeres, quienes muchas veces se ven obligadas a dejar sus trabajos para cuidar de sus familiares enfermos.
Los efectos de la transición energética
El proceso de transición energética en Chile es parte del contexto de lo que ocurre en la bahía. Por muchos años, el país obtuvo más del 50% de su energía de centrales termoeléctricas a carbón. Pero eso está cambiando, mientras la dependencia de los fósiles (que Chile debe importar) está dando paso al uso de energía solar, eólica y de otras fuentes renovables.
Todo esto tiene consecuencias directas en la zona. Tras el Plan de Descarbonización impulsado por el gobierno en 2019, cerraron dos de las cuatro termoeléctricas de AES Andes que operaban en la bahía. Pero ¿qué pasará con las otras dos que aún no tienen fecha de cierre? ¿Y qué pasará con la estela de daño ambiental que dejaron atrás las que ya cerraron? Es hora de hablar de la reparación de la zona para lograr justicia en el territorio.
El levantamiento de las comunidades
En 2016, un grupo de personas, apoyadas por la organización Defensoría Ambiental, presentaron una demanda por daño ambiental contra el gobierno y todas las empresas operando en el lugar. Recién este año, siete años después, terminó el proceso que llevará a la sentencia. Esa esperada decisión marcará la vida de todas las personas que valientemente se levantaron para visibilizar la injusticia a la que han sido sometidas.
Mientras tanto, en 2019, la Corte Suprema resolvió varios recursos legales de protección por episodios de intoxicaciones masivas, dándole la razón a las comunidades y emitiendo una sentencia histórica, quizás la más importante en materia ambiental en Chile. La sentencia ordena al Estado cumplir con 15 medidas para identificar las fuentes de contaminación y reparar la situación ambiental de la zona. Tristemente, el fallo aún no ha sido implementada correctamente.
Siguiendo con los avances, la Corte Suprema emitió hace poco tres sentencias que hacen referencia al incumplimiento de la sentencia de 2019 y que otorgan herramientas para hacerla cumplir. Pero todavía queda mucho por hacer.
¿Y ahora qué?
El caso de Quintero-Puchuncaví y los múltiples litigios que se han dado en la zona muestran la importancia del derecho y del litigio como herramientas para que las personas accedan a justicia. El litigio estratégico, ya sea climático o ambiental, no es fácil y no es siempre la mejor opción disponible para lograr un objetivo. Se trata, de hecho, de una opción costosa que requiere de tiempo y dedicación.
Pero se trata también de una herramienta clave para avanzar hacia la justicia. En específico, permite llevar las pretensiones de las comunidades a foros formales de toma de decisiones. En el caso de Quintero y Puchuncaví, la Corte Suprema ha reconocido en repetidas ocasiones el problema ambiental con vulneraciones a los derechos humanos que afecta la zona y ha ordenado al Estado tomar medidas urgentes para corregir la situación. Ante la falta de ambición, o la directa vulneración de derechos por parte de los Estados o empresas, han sido los tribunales, requeridos por las personas afectadas, quienes han empujado al poder a posicionarse del lado de la responsabilidad.
La justicia llegará, si le damos la oportunidad
La localidad de Quintero y Puchuncaví merece la oportunidad de volver a brillar y de alcanzar su máximo potencial como pueblo y balneario costero, colorido y rico en recursos naturales.
Se debe reconocer la injusticia que ha pesado sobre el territorio y sus habitantes, estableciendo mecanismos de reparación, asegurando la no repetición y haciendo partícipes a las personas de la recuperación ambiental en la zona. Es importante también que la transición energética se acompañe de cerca, para que no solo sea, sino que sea justa.
Todo esto puede ser apoyado por el uso del derecho, nacional e internacional, y del litigio. Así, como organización de la sociedad civil experta en el uso del derecho y del litigio, AIDA seguirá siendo parte del tremendo esfuerzo multidisciplinario que se necesita para lograr que las comunidades recobren su capacidad de agencia, ese poder de decidir y de ser parte de las decisiones que les afectan, que hace tantos años les fue arrebatado.
Texto escrito por Florencia Ortúzar Greene, directora del Programa de Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
