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Los centros de datos han sido identificados como una nueva e importante frontera en el litigio climático a nivel mundial. De esto da cuenta el informe “The Global Trends in Climate Change Litigation: 2026 Snapshot” (Tendencias Globales en el Litigio Climático: Panorama para 2026), publicado por el Instituto de Investigación Grantham de la London School of Economics y el Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia.

 

Según la publicación, existe un crecimiento significativo de demandas contra centros de datos con casos que abarcan desde Chile hasta Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos.

 

Uno de los primeros litigios documentados en el informe ocurrió en 2020 en Santiago de Chile, cuando Google planeaba construir un centro de procesamiento de datos en el área de Cerrillos. Las personas demandantes impugnaron los permisos otorgados argumentando el impacto en el suministro de agua de la ciudad, de por sí afectado por la sequía agravada por el cambio climático.

 

En Europa, el epicentro de estos litigios es Irlanda, país cuyo gobierno impulsa la expansión del sector y donde los centros de datos ya consumen más de una quinta parte de la electricidad nacional. En Estados Unidos, un litigio contra el proceso de autorización de un nuevo centro de datos en California dio lugar a un acuerdo en diciembre de 2025 que incluía el compromiso de utilizar energía renovable y agua reciclada para enfriar los servidores.

 

De acuerdo con el informe, en este patrón de litigio las acciones judiciales pueden impulsar cambios en la toma de decisiones relacionadas con el clima, incluso sin que haya una sentencia favorable.

 

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Grenada Land  Actors —grupo integrado por organizaciones, usuarios de tierras privadas, activistas y profesionales independientes— demandó a la Autoridad de Planificación y Desarrollo de Granada, isla con alta vulnerabilidad climática, por la aprobación de tres proyectos de desarrollo a gran escala que no cuentan con evaluaciones de impacto ambiental adecuadas. El Tribunal Superior de Granda declaró la existencia de fallas en la actuación de la autoridad estatal, sentando precedentes importantes para, entre otras cosas, la protección de manglares y áreas protegidas, fundamentales para contrarrestar el cambio climático en el Caribe.

 

Más información en la ficha del caso, el primero en Granada

 

Un ciudadano zapoteco, representante de la comunidad San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, presentó una demanda de amparo contra autoridades municipales, estatales y federales de México por no proteger el Parque Nacional Benito Juárez (Área Natural Protegida), violando con ello su derecho a un medio ambiente sano y los derechos territoriales de su pueblo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo favorable al demandante, invocando instrumentos de avanzada como el Acuerdo de Escazú y la  Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática.

 

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El Tribunal Constitucional de Costa Rica ordenó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) que, en un plazo de 18 meses, incorpore el análisis de impactos climáticos —así como de acciones de adaptación y mitigación— en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) de actividades, obras y proyectos.

 

El fallo responde a un recurso presentado por un abogado y profesor de derecho ambiental en el que se argumentó una violación al derecho de las generaciones presentes y futuras a gozar de un clima seguro como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

 

Según el demandante, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (2022) no incluye la obligación de evaluar riesgos e impactos climáticos dentro de los procedimientos de EIA. Además, la Setena no emitió guías, acuerdos o resoluciones administrativas para valorar actividades, obras o proyectos que generen riesgos e impactos climáticos. Esa omisión hace que la variable climática no se evalúe de forma directa y que no se exijan medidas de mitigación o adaptación a los desarrolladores de proyectos.

 

En el recurso se citan obligaciones asumidas por Costa Rica en instrumentos internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y el Convenio Centroamericano sobre Cambios Climáticos; además de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la propia Sala Constitucional.

 

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Como respuesta a un amparo promovido en septiembre de 2025, un tribunal de México otorgó una suspensión definitiva a la autorización otorgada por el gobierno al proyecto Saguaro, que busca convertir una antigua central de regasificación en una planta de gas natural licuado para su exportación por el mar desde Puerto Libertad, en el estado mexicano de Sonora, hasta Asia.

 

La decisión implica la protección del Golfo de California, uno de los ecosistemas marinos de mayor biodiversidad del planeta, incluyendo a ballenas migratorias y residentes permanentes, como la ballena azul, la gris, la jorobada y el rorcual común. La puesta en marcha del proyecto de la empresa Mexico Pacific Limited supondría más de 600 escalas de enormes embarcaciones cada año, que se concentrarían en áreas donde habitan ballenas todo el año, incrementando la probabilidad de colisiones graves y letales para los grandes cetáceos.

 

La demanda de amparo para impugnar los permisos del proyecto en nombre de las ballenas fue presentada por una coalición de organizaciones. “El ciclo completo de Saguaro generaría más de 73 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. ¡Más que el 10% de las emisiones anuales de México!”, advierte Nora Cabrera, abogada y directora de Nuestro Futuro, una de las organizaciones demandantes, en entrevista con El País.

 

El fallo estará vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva en el juicio de amparo, lo cual no tiene una fecha específica.

 

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En las ciudades, nos exponemos diariamente a la contaminación atmosférica generada por vehículos, fábricas y un largo etc. Cuando pensamos en los bosques amazónicos, creemos que ahí la realidad es diferente —el aire es puro, todo es verde y la gente goza de excelente salud.

 

Greenpeace Internacional y Greenpeace USA anunciaron que solicitarán un nuevo juicio y, si es necesario, apelarán ante la Corte Suprema de Dakota del Norte, EE. UU., el fallo en el que un Tribunal de Distrito les ordenó pagar USD 345 millones por daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer.

 

La sentencia definitiva del caso, emitida el 27 de febrero pasado por un juez de Dakota del Norte, se alineó con una decisión previa que emitió en octubre, en la que redujo casi a la mitad la indemnización de USD 667 millones que un jurado había concedido a la empresa de oleoductos en marzo.

 

Energy Transfer presentó la demanda contra Greenpeace en 2017, acusando a la organización de difundir mentiras sobre el proyecto Dakota Access —ubicado cerca de la reserva de la tribu sioux de Standing Rock— y de pagar a manifestantes para que interrumpan las obras del oleoducto.

 

“Denunciar a las empresas que causan daños al ambiente nunca debería considerarse ilegal”, afirmó Marco Simons, asesor jurídico interino de Greenpeace USA y Greenpeace Fund.

 

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Las asociaciones civiles son actores claves no solo por dar visibilidad a los problemas ambientales, sino también por ser uno de los principales impulsores de las acciones que buscan enfrentarlos. Sin embargo, recientes decisiones judiciales y reformas legales en México plantean nuevos retos para su labor, traducida, entre otras actividades, en acudir a los tribunales en defensa del ambiente.

 

Desde  2019, diversas organizaciones de la sociedad civil, grupos ambientalistas, partidos políticos y academia iniciaron en Brasil una serie de litigios estratégicos, principalmente ante el Supremo Tribunal Federal, para exigir la protección de la Amazonía y la implementación de políticas climáticas sobre todo en temas de deforestación y calidad del aire. A este bloque de acciones judiciales se le conoce como “Paquete Verde" o “Agenda Verde” (Pauta Verde en portugués) .

 

Estos litigios buscan —a través del Poder Judicial— la implementación de políticas, planes, programas, metas, compromisos y la protección de derechos directamente relacionados con cuestiones climáticas. Por ello tienen el potencial de alinear a Brasil con las mejores prácticas ambientales internacionales y establecer precedentes judiciales de avanzada en toda la región. 

 

Los litigios climáticos en Brasil han experimentado un auge significativo, consolidando al país como un referente en este tipo de litigio. La Plataforma alberga cada caso del "Paquete Verde", enlistados a continuación: 

 

• Litigio por omisiones en la prevención y control de la deforestación (Caso ADO 54).
• Litigio por la no operación del Fondo Climático (Caso ADPF 708).
• Litigio por la participación de la sociedad civil en el Fondo Nacional Ambiental (Caso ADPF 651).
• Litigio por la falta de implementación de un plan para combatir la deforestación (Caso ADPF 760 ).
• Litigio por la autorización a las Fuerzas Armadas para combatir los delitos ambientales y focos de incendio (Caso ADPF 735).
• Litigio por la derogación de medidas de protección ambiental (Casos ADPF 747, 748 y 749). 
• Litigio por la concesión automática de licencias ambientales para empresas de riesgo medio (Caso ADI 6808).
• Litigio por la reanudación del proceso federal de sanciones ambientales (Caso ADPF 755).
• Litigio por la por falta de monitoreo de la deforestación (Caso ADPF 934).

 

 

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por mayoría de votos que no existe contradicción de criterios que limite el interés legítimo de las organizaciones civiles para promover amparos en materia de derechos humanos. El fallo evita un retroceso grave en el acceso a la justicia ambiental y climática en el país, confirmando que las organizaciones pueden seguir defendiendo el derecho a un ambiente sano.

 

Es un logro para el litigio estratégico en México, incluido el climático, pues la decisión garantiza la progresividad en los criterios judiciales en materia de interés legítimo y favorece la participación activa de las organizaciones que defienden el ambiente.

 

El interés legítimo en la defensa de derechos difusos y colectivos, especialmente en materia ambiental, debe ser interpretado ampliamente porque los daños ambientales pueden extenderse más allá del lugar en donde se producen debido a la interconexión entre ecosistemas. Así, la garantía del acceso a la justicia supone la legitimación activa de personas y entidades que incluso no residen en el territorio donde ocurre el daño.

 

Aunque organizaciones celebraron el logro, reiteraron su exigencia de transparencia, diálogo público y vigilancia ante cualquier intento de restringir la participación ciudadana en el país.

 

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