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Como respuesta a un amparo promovido en septiembre de 2025, un tribunal de México otorgó una suspensión definitiva a la autorización otorgada por el gobierno al proyecto Saguaro, que busca convertir una antigua central de regasificación en una planta de gas natural licuado para su exportación por el mar desde Puerto Libertad, en el estado mexicano de Sonora, hasta Asia.

 

La decisión implica la protección del Golfo de California, uno de los ecosistemas marinos de mayor biodiversidad del planeta, incluyendo a ballenas migratorias y residentes permanentes, como la ballena azul, la gris, la jorobada y el rorcual común. La puesta en marcha del proyecto de la empresa Mexico Pacific Limited supondría más de 600 escalas de enormes embarcaciones cada año, que se concentrarían en áreas donde habitan ballenas todo el año, incrementando la probabilidad de colisiones graves y letales para los grandes cetáceos.

 

La demanda de amparo para impugnar los permisos del proyecto en nombre de las ballenas fue presentada por una coalición de organizaciones. “El ciclo completo de Saguaro generaría más de 73 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. ¡Más que el 10% de las emisiones anuales de México!”, advierte Nora Cabrera, abogada y directora de Nuestro Futuro, una de las organizaciones demandantes, en entrevista con El País.

 

El fallo estará vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva en el juicio de amparo, lo cual no tiene una fecha específica.

 

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En las ciudades, nos exponemos diariamente a la contaminación atmosférica generada por vehículos, fábricas y un largo etc. Cuando pensamos en los bosques amazónicos, creemos que ahí la realidad es diferente —el aire es puro, todo es verde y la gente goza de excelente salud.

 

Greenpeace Internacional y Greenpeace USA anunciaron que solicitarán un nuevo juicio y, si es necesario, apelarán ante la Corte Suprema de Dakota del Norte, EE. UU., el fallo en el que un Tribunal de Distrito les ordenó pagar USD 345 millones por daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer.

 

La sentencia definitiva del caso, emitida el 27 de febrero pasado por un juez de Dakota del Norte, se alineó con una decisión previa que emitió en octubre, en la que redujo casi a la mitad la indemnización de USD 667 millones que un jurado había concedido a la empresa de oleoductos en marzo.

 

Energy Transfer presentó la demanda contra Greenpeace en 2017, acusando a la organización de difundir mentiras sobre el proyecto Dakota Access —ubicado cerca de la reserva de la tribu sioux de Standing Rock— y de pagar a manifestantes para que interrumpan las obras del oleoducto.

 

“Denunciar a las empresas que causan daños al ambiente nunca debería considerarse ilegal”, afirmó Marco Simons, asesor jurídico interino de Greenpeace USA y Greenpeace Fund.

 

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Las asociaciones civiles son actores claves no solo por dar visibilidad a los problemas ambientales, sino también por ser uno de los principales impulsores de las acciones que buscan enfrentarlos. Sin embargo, recientes decisiones judiciales y reformas legales en México plantean nuevos retos para su labor, traducida, entre otras actividades, en acudir a los tribunales en defensa del ambiente.

 

Desde  2019, diversas organizaciones de la sociedad civil, grupos ambientalistas, partidos políticos y academia iniciaron en Brasil una serie de litigios estratégicos, principalmente ante el Supremo Tribunal Federal, para exigir la protección de la Amazonía y la implementación de políticas climáticas sobre todo en temas de deforestación y calidad del aire. A este bloque de acciones judiciales se le conoce como “Paquete Verde" o “Agenda Verde” (Pauta Verde en portugués) .

 

Estos litigios buscan —a través del Poder Judicial— la implementación de políticas, planes, programas, metas, compromisos y la protección de derechos directamente relacionados con cuestiones climáticas. Por ello tienen el potencial de alinear a Brasil con las mejores prácticas ambientales internacionales y establecer precedentes judiciales de avanzada en toda la región. 

 

Los litigios climáticos en Brasil han experimentado un auge significativo, consolidando al país como un referente en este tipo de litigio. La Plataforma alberga cada caso del "Paquete Verde", enlistados a continuación: 

 

• Litigio por omisiones en la prevención y control de la deforestación (Caso ADO 54).
• Litigio por la no operación del Fondo Climático (Caso ADPF 708).
• Litigio por la participación de la sociedad civil en el Fondo Nacional Ambiental (Caso ADPF 651).
• Litigio por la falta de implementación de un plan para combatir la deforestación (Caso ADPF 760 ).
• Litigio por la autorización a las Fuerzas Armadas para combatir los delitos ambientales y focos de incendio (Caso ADPF 735).
• Litigio por la derogación de medidas de protección ambiental (Casos ADPF 747, 748 y 749). 
• Litigio por la concesión automática de licencias ambientales para empresas de riesgo medio (Caso ADI 6808).
• Litigio por la reanudación del proceso federal de sanciones ambientales (Caso ADPF 755).
• Litigio por la por falta de monitoreo de la deforestación (Caso ADPF 934).

 

 

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por mayoría de votos que no existe contradicción de criterios que limite el interés legítimo de las organizaciones civiles para promover amparos en materia de derechos humanos. El fallo evita un retroceso grave en el acceso a la justicia ambiental y climática en el país, confirmando que las organizaciones pueden seguir defendiendo el derecho a un ambiente sano.

 

Es un logro para el litigio estratégico en México, incluido el climático, pues la decisión garantiza la progresividad en los criterios judiciales en materia de interés legítimo y favorece la participación activa de las organizaciones que defienden el ambiente.

 

El interés legítimo en la defensa de derechos difusos y colectivos, especialmente en materia ambiental, debe ser interpretado ampliamente porque los daños ambientales pueden extenderse más allá del lugar en donde se producen debido a la interconexión entre ecosistemas. Así, la garantía del acceso a la justicia supone la legitimación activa de personas y entidades que incluso no residen en el territorio donde ocurre el daño.

 

Aunque organizaciones celebraron el logro, reiteraron su exigencia de transparencia, diálogo público y vigilancia ante cualquier intento de restringir la participación ciudadana en el país.

 

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La sentencia C-280 de la Corte Constitucional de Colombia marca un hito en el inicio del camino de los Estado hacia la inclusión de mecanismos concretos, jurídicos y técnicos, para afrontar el cambio climático. Esta sentencia de 2024 da un mensaje tanto a los países que cuentan con sistemas de licenciamiento ambiental como a los que aún no los tienen, pero que deben crearlos.

 

En una de las primeras sentencias en incluir argumentos de la Opinión Consultiva 32 (OC-32/25) de la Corte Interamericana sobre derechos humanos y emergencia climática, el Tribunal Administrativo de Santander, en Colombia, declaró al páramo de Santurbán como sujeto de derechos y estableció que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales debe abstenerse de otorgar, prorrogar o modificar permisos para actividades extractivas (mineras, de hidrocarburos, grandes represas) en el ecosistema, un importante sumidero de carbono. Este fallo marca un precedente clave que conecta la jurisprudencia internacional sobre el clima con la protección ambiental nacional y robustece el constitucionalismo ecológico latinoamericano al promover una visión integradora que articula el principio de interdependencia, la justicia intergeneracional y la ética de la responsabilidad frente a la crisis climática.

 

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La ciencia del clima, en constante transformación, no solo ha profundizado nuestra comprensión de los cambios en los sistemas climáticos, sino que también ha redefinido los debates sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas por los daños relacionados con el clima.

 

Un grupo de ocho ONG —entre ellas Greenpeace, WWF y la principal organización indígena del país— presentaron una demanda en un tribunal federal de Brasil para solicitar la anulación del permiso otorgado a Petrobras, empresa estatal, para buscar petróleo en un área marítima próxima a la desembocadura del río Amazonas.

 

Según la denuncia, la autorización ignora el impacto climático de la extracción de petróleo en la zona, traducido en el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero o los daños de un posible derrame de crudo en un ecosistema en extremo sensible.

 

Por otro lado, las organizaciones señalan que a la hora de permitir la actividad petrolera no se consultó de forma “libre, previa e informada” a los pueblos indígenas de la región, lo que va en contra de los tratados internacionales firmados por el Estado brasileño.

 

Argumentan además que el 20 % del crudo extraído del pozo, situado a unos 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas, se hundiría y podría afectar al sistema de corales amazónicos.

 

El Ministerio de Medio Ambiente aseguró que el proceso de licenciamiento del proyecto, que duró casi cinco años, se realizó con “rigor” y que Petrobras había introducido mejoras para responder a hipotéticas emergencias.

 

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