Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Se trata de una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF), interpuesta por cuatro partidos políticos con solicitud de medida cautelar. El propósito de la acción fue reactivar el proceso sancionador ambiental federal, que según los demandantes había sido paralizado por actos del Gobierno Federal. Los partidos alegaron que el Ejecutivo venía desmontando el sistema nacional de protección ambiental, lo que se reflejaba en el aumento de la deforestación y de los incendios en la Amazonía y el Pantanal, alcanzando incluso tierras indígenas.

Esta Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) fue presentada por el partido Rede Sustentabilidade contra las Resoluciones CONAMA 500/2020 y 499/2020. La primera derogó normas que regulaban el licenciamiento de la irrigación y definían Áreas de Preservación Permanente (APP) en embalses, manglares y restingas; la segunda modificó el licenciamiento para quema de residuos en hornos rotativos.

El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, la Corporación para el Desarrollo del Oriente y otros, presentaron una Acción Popular en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS); la Agencia Nacional de Minería (ANM);  la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), por no ejercer sus deberes constitucionales que los obliga a proteger la integridad del ecosistema de Alta Montaña de Santurbán y por haber permitido, la presenc

El partido REDE presentó una acción contra el Decreto Presidencial 10.224/2020, que modificó la composición del consejo deliberativo del Fondo Nacional del Medio Ambiente (FNMA), excluyendo la participación de la sociedad civil. Antes del decreto, el consejo estaba integrado por 17 representantes —9 del gobierno y 8 de la sociedad civil—, garantizando el control social sobre la ejecución de recursos públicos destinados a proyectos socioambientales en todo el país.

Se trata de una acción interpuesta por el Partido Verde (PV) contra dos Decretos Presidenciales (n. 10.341/2020 y n. 10.539/2020) y una Ordenanza del Ministerio de la Defensa (n. 1.804/2020) que autorizaban la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a crímenes ambientales y focos de incendio “en la franja fronteriza, en tierras indígenas, en unidades federales de conservación ambiental y en otras áreas federales de los estados de la Amazonia Legal”.

Esta Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (ADO) fue promovida por el partido Rede Sustentabilidade (Rede) contra la omisión del Presidente Jair Messias Bolsonaro y del Ministro del Medio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, en la tarea de combatir la pérdida de biomasa en la Amazonía. El partido argumentó que los demandados no cumplieron con los artículos 23 y 225 de la Constitución Federal, lo que se evidenció con la creciente deforestación que sufre el Amazonas desde 2019.

La acción judicial impugna una medida provisional de 2021 que prevé la concesión automática de licencia ambiental para empresas de riesgo medio, impidiendo que los órganos de licenciamiento soliciten información adicional a la transmitida por el solicitante en el sistema de la Red Nacional para la Simplificación del Registro y de la Legalización de Empresas y Negocios (Redesim).

El 10 de marzo de 2021, Greenpeace México promovió una demanda de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la que cuestionó la constitucionalidad de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica y al Programa Nacional de Desarrollo del Sector Eléctrico 2020-2034. En su demanda, Greenpeace también pidió que se suspenda la implementación de ambas regulaciones.

El 22 de junio de 2022, Greenpeace México presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en contra del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036 (PRODESEN 2022-2036), instrumento de política pública nacional respecto del desarrollo del sistema eléctrico, en tanto que con ella se posibilita el desacato o incumplimiento de los compromisos climáticos de reducción de emisiones, debido a la falta de fomento del u

El 22 de noviembre de 2022, 16 municipios de Puerto Rico presentaron una demanda ante los Tribunales Federales de Distrito de Puerto Rico, buscando responsabilizar a las compañías de carbón, petróleo y gas por las pérdidas resultantes de las tormentas durante la temporada de huracanes de 2017 y las continuas pérdidas económicas desde entonces. Las acusaron de engañar al público sobre el cambio climático y conspirar para suprimir alternativas de energía limpia.