Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En 2018, la Ciudad de Bucaramanga presentó una demanda contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y dos autoridades ambientales regionales (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB y Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander -CORPONOR), buscando la protección del Páramo de Santurbán contra las actividades mineras.

En el año 2021, una pareja de campesinos promovió una acción de tutela contra diferentes entidades públicas, entre ellas la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), porque se vieron desplazados y obligados a abandonar las tierras donde vivían y trabajaban, debido a las múltiples inundaciones del río Bojabá en el Departamento de Arauca.

El Ministerio Público Federal (MPF) promovió demanda de Acción Civil Pública (ACP) con pedido de tutela de urgencia, contra Sebastião da Costa Mariano, por la deforestación ilegal de 903,22 hectáreas de selva nativa en el municipio de Boca do Acre/AM, dentro de la "Tierra de Cultivo Buen Lugar", área pública de la Unión. 

Este caso se trata de una Petición (PET) presentada ante el Supremo Tribunal Federal (STF) por los senadores Fabiano Contarato, Randolph Frederich Rodrigues Alves y la diputada Joenia Batista de Carvalho, con el fin de que se investigara la presunta práctica delictiva en materia de  responsabilidad por parte de Ricardo Salles, entonces Ministro de Medio Ambiente de Brasil.

El caso se origina con una Acción Cautelar presentada por cinco organizaciones de la sociedad civil, posteriormente convertida en Acción Civil Pública (ACP), para cuestionar el proceso de licenciamiento ambiental de la Usina Termoeléctrica (UTE) Nova Seival, el mayor proyecto termoeléctrico a carbón del estado de Rio Grande do Sul.

La demanda es una Acción Civil Pública interpuesta por el Instituto Arayara contra la ANP, IBAMA, ICMBio y la Unión Federal, cuestionando la legalidad de la inclusión de once bloques exploratorios de petróleo en el Sector SPOT-AP2 de la Cuenca Potiguar dentro del 4º Ciclo de Oferta Permanente de Concesión.

Se trata de una Acción Civil Pública (ACP) interpuesta por las organizaciones Costa Legal, UFECO y la Asociación Pachamama, con apoyo jurídico del GPDA y del OJE/UFSC. Posteriormente, se sumaron el Ministerio Público Federal (MPF), el Ministerio Público del Estado de Santa Catarina (MPSC) y la Asociación Nacional de Afectados por Represas (ANAB).

La demanda consiste en una Acción Civil Pública presentada por el Ministerio Público Federal (MPF), la Fundación SOS Mata Atlântica y la ABRAMPA contra la Unión Federal, con el objetivo de declarar la nulidad del Despacho 4.410/2020 emitido por el Ministerio de Medio Ambiente.

Esta Acción Civil Pública fue presentada por las organizaciones: Arayara, la Asociación Indígena Poty Guarani y, posteriormente, el CAPG y la Comunidad Guarani Guajayvi, contra la Fundación Nacional Indígena (FUNAI), la empresa Copelmi Mineração Ltda. y la Fundación Estatal de Protección Ambiental (FEPAM). El objetivo central de la acción es la suspensión y anulación del proceso de licenciamiento ambiental del Proyecto Mina Guaíba, considerado el mayor emprendimiento de minería de carbón a cielo abierto en Brasil.

En 2020 el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil, promovió una “Ação Civil de Improbidade Administrativa” (ACIA) contra Ricardo Salles, entonces Ministro de Medio Ambiente, con pedido de destitución preventiva del cargo.