Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En febrero de 2021, la empresa una empresa llamada Global Oil Environmental Services Inc (GOES)  solicitó un permiso para construir y operar una instalación de gestión de residuos provenientes de exploración y producción de petróleo y gas.  La Agencia de Protección Ambiental (EPA) decidió que no se requería una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para ese proyecto y emitió el permiso en agosto de 2021 . En julio de 2023, GOES solicitó y la EPA aprobó la transferencia del permiso a Professional Waste Solutions Inc. (PWSI)

EN agosto 2023 se presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, por el partido Rede Sustentabilidade, acompañada por seis organizaciones de la sociedad civil como signatarias, ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Este caso es una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, presentada por el partido Rede Sustentabilidade (Rede), junto con la petición de admisión del Instituto Internacional Arayara de Educación y Cultura (Instituto Internacional Arayara) como amicus curiae. La demanda cuestiona la constitucionalidad de la Ley Estatal 18.330/2022, que instituye la Política Estatal de Transición Energética Justa y el Polo de Transición Energética Justa del Sur del Estado de Santa Catarina.

La Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7146 fue presentada por los partidos PT, PSB, PSOL y Rede Sustentabilidade ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, impugnando la Ley Federal nº 14.285/2021, que modifica el régimen de protección de las Áreas de Preservación Permanente (APPs) en zonas urbanas.

La Rede Sustentabilidade, el PSOL y el PSB interpusieron una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI), con solicitud de medida cautelar, contra los artículos 1º a 7º de la Ley Federal 14.299/2022. También solicitaron la admisión del Instituto Internacional Arayara como amicus curiae.

La Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) fue presentada por los partidos PSB, PSOL, Rede, PT, PDT y PCdoB contra la Ley Federal 14.182/2021, que autoriza la desestatización de Eletrobras y modifica elementos centrales del régimen jurídico del sector eléctrico brasileño. La norma resulta de la conversión de la Medida Provisoria (MP) 1.031/2021, enviada por la Presidencia de la República con el objetivo de viabilizar la privatización de la empresa.

La presente Acción de de incumplimiento de un precepto fundamental (ADPF), promovida por el Partido dos Trabalhadores (PT), denuncia la omisión del Poder Ejecutivo Federal brasileño en el cumplimiento de sus deberes constitucionales de protección, prevención, fiscalización y conservación del medio ambiente, especialmente frente al avance de incendios en el Pantanal y la Amazonía.

En 2023 se presentó una Acción Civil Pública interpuesta por el Instituto Preservar, la Asociación Gaucha para la Protección del Medio Ambiente Natural AGAPAN y por el Centro Amigos de la Tierra – Brasil  contra la Unión Federal, IBAMA, ANEEL, Eletrobras CGT Eletrosul, el Estado de Rio Grande do Sul, FEPAM y la Companhia Riograndense de Mineração (CRM).  Fue adjuntada además al proceso n.º 5007143-39.2025.4.04.7110, interpuesto por el Instituto Internacional Arayara.

El caso Pinheiro/Braskem se hizo conocido tras un temblor de tierra en marzo de 2018 en Maceió (estado de Alagoas), que provocó grietas, hundimientos y cráteres en los barrios de Pinheiro, Mutange, Bebedouro y Bom Parto. Inicialmente, se barajaron hipótesis sobre fallas en el sistema de alcantarillado o movimientos naturales del suelo.

En el 2015, un agricultor peruano presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia del Distrito de Essen, Alemania, contra la empresa de energía Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE). El demandante alegó que la empresa contribuyó al cambio climático al emitir volúmenes sustanciales de gases de efecto invernadero, teniendo cierta responsabilidad en el derretimiento de los glaciares de montaña, cerca de la ciudad de Huaraz.