Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) presentó el 29 de junio de 2026 un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, contra la resolución de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) que autorizó la renovación por tercera vez de la licencia ambiental para la fase 1 de exploración hidrocarburífera, que incluye la prospección sísmica 2D, gravimetría y muestreo del fondo marino en el Caribe hondureño.

El 21 de setiembre del 2023, el Comité Estratégico de Participación e Incidencia de Jóvenes presentó una solicitud de datos al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE),  relacionada esta a la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) que sintetiza las metas climáticas que el país asumió ante el Acuerdo de París.

El caso inició con la interposición de un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, alegando que el Poder Ejecutivo y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) omitieron incluir los impactos climáticos en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

El 22 de enero de 2025, la comunidad originaria de Tintaya Marquiri, ubicada en la provincia de Espinar, en el departamento de Cuzco, presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos Medioambientales contra la empresa minera Antapaccay, subsidiaria de la transnacional suiza Glencore, a la que acusan de ser responsable de graves daños ambientales en su territorio.

El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, declaró fundadas dos acciones de cumplimiento interpuestas por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS), para que el Ministerio del Ambiente (MINAM) implementara la Décima y la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, aprobado mediante Decreto Supremo N°013-2019-MINAM (RLMCC). 

El 31 de marzo de 2025, el Quinto Juzgado, Especializado en lo Constitucional de Lima emitió una sentencia a favor del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Perú (IDLADS Perú), ordenando al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) cumplir con las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo N.º 003-2022-MINAM que declara la emergencia climática en Perú, aprobado en 2022.  

La demanda de amparo presentada por la comunidad nativa Puerto Franco y el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), en 2020 tuvo como objetivo obtener protección del derecho a la propiedad comunal que incluye el acceso y control de sus recursos naturales en su territorio, y a la consulta previa de los actos administrativos y medidas administrativas, que han generado dos problemas fundamentales, por un lado, la configuración de hechos lesivos como son el despojo territorial y la imposición de un esquema de conservación excluyente, con la c

El 11 de enero de 2024, el Congreso de la República peruano publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31973, ley a la que dio lugar el PL 649-2021-CR (y otros de similar naturaleza) con la cual:

1. Se modifica los artículos 29 y 33 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley N° 29763, referidos al procedimiento y competencia para establecer bosques de producción permanente y para aprobar la zonificación forestal

En agosto del 2023, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante, “IDLADS PERÚ”) inició una acción de cumplimiento de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático contra el Ministerio del Ambiente, Ley N°30754, la cual señala que el Ministerio del Ambiente debía presentar al Poder Ejecutivo una propuesta de fondo de garantía para la inversión en energía renovables y limpias, seguridad alimentaria, servicios ecosistémicos, investigación, desarrollo tecnol

Dos ciudadanas del Estado de Veracruz promovieron en 2016 un amparo en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por la autorización de las obras de ampliación del Proyecto del Puerto de Veracruz, aduciendo la vulneración del derecho a un ambiente sano ante la afectación al área natural protegida: Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) y otros arrecifes de la zona no identificados oficialmente.