Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En enero de 2023, el demandante solicitó al Instituto Nacional de Protección de Datos (INAI), acceso al Diagnóstico de Emisiones de Metano de Pemex Logistics (parte de la petrolera estatal mexicana), documento que la entidad debía presentar ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental en el Sector Hidrocarburo (ASEA) y que detallaba, entre otra información, la cantidad de emisiones de metano que generaba.

En diciembre de 2024, dos ciudadanas guyanesas, interpusieron un recurso de revisión judicial contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ante la omisión de incluir las emisiones de Alcance 3 en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto petrolero Hammerhead de ExxonMobil. Las emisiones de Alcance 3 se refieren a las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero resultantes del uso final de combustibles fósiles; en este caso, el petróleo producido y el quemado en otros lugares. 

La Agencia de Protección Ambiental de Guyana aprobó el permiso para Esso Exploration and Production Guyana Ltd, una empresa de exploración y producción de petróleo. ("Esso"), una filial de EXXON Mobil Corporation, para llevar a cabo la explotación de petróleo en alta mar. 

Un grupo de diputadas y diputados del Congreso chileno presentó un requerimiento de inconstitucionalidad impugnando diversas disposiciones de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (una ley destinada a simplificar y modernizar los permisos administrativos), argumentando que dichas disposiciones contravienen derechos constitucionales, incluyendo la protección ambiental y la salud. 

El 12 de junio de 2023, la Fundación Quantum solicitó formalmente al MINAE y a la Junta Directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) una copia certificada en formato digital de ocho bloques de documentos históricos relativos al potencial y la exploración de hidrocarburos en Costa Rica.

El 9 de octubre de 2023, mediante oficio CRLP-01-2023, la iniciativa ciudadana Costa Rica Libre de Perforación presentó ante el Presidente de la República y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), una reacción a la propuesta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) sobre hidrocarburos.

En el documento formularon una solicitud formal con dos vertientes:

El 11 de enero de 2024, Greenpeace Países Bajos y ocho ciudadanos de la isla de Bonaire demandaron al Estado neerlandés por violar los derechos de los habitantes de la isla caribeña de Bonaire al no asumir adecuada y oportunamente su responsabilidad de frenar el cambio climático.

El caso inició con la interposición de un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, alegando que el Poder Ejecutivo y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) omitieron incluir los impactos climáticos en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

El Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) presentó el 29 de junio de 2026 un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, contra la resolución de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) que autorizó la renovación por tercera vez de la licencia ambiental para la fase 1 de exploración hidrocarburífera, que incluye la prospección sísmica 2D, gravimetría y muestreo del fondo marino en el Caribe hondureño.

El 21 de setiembre del 2023, el Comité Estratégico de Participación e Incidencia de Jóvenes presentó una solicitud de datos al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE),  relacionada esta a la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) que sintetiza las metas climáticas que el país asumió ante el Acuerdo de París.