Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, CNLCC, interpusieron una acción constitucional de amparo de cumplimiento en contra del Presidente de la República, del Ministro de Energía y Minas, del Ministro de Industria, Comercio y MiPymes; Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Superintendencia de Electricidad; Comisión Nacional de Energía y el Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional del Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio por inc

En octubre de 2025, un grupo de 8 organizaciones:  Observatório do Clima, Greenpeace Brasil, WWF-Brasil, Instituto Arayara, APIB, COIAB, CONFREM y CONAQ, promovió una Acción Civil Pública operante ante la Justicia Federal en el estado de Amazonas contra el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), Petrobras y la Unión Federal, con el propósito de obtener la suspensión y posterior nulidad de la licencia ambiental otorgada para la perforación exploratoria del Bloque FZA-M-59.

La organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) interpuso una demanda de amparo en contra de las Resoluciones 789/2017 y 813/2017, emitidas por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), mediante las que autorizó a la empresa petrolera El Trébol (PETSA), la exploración y explotación de petróleo mediante el método de fracking en cuatro pozos situados en cercanías de la Laguna Llancanelo (Sitio Ramsar de importancia internacional).

El 9 de abril de 2018, la ONG OIKOS Red Ambiental presentó una demanda de inconstitucionalidad e inconvencionalidad contra el Decreto N.º 248/2018 del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia, que tiene por objeto reglamentar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en formaciones no convencionales (fracking).

Las organizaciones Asociación Civil por la Justicia Ambiental, Foro Ecologista de Paraná y un grupo de niños y niñas residentes de la Ciudad de Rosario, representados por sus padres, presentaron una Acción de Amparo Colectivo Ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra de la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de la Ciudad de Victoria, por las omisiones e incumplimientos en relación al deber de preservar la integridad de los humedales del Delta del Paraná, y en contra la Provincia de Santa Fe y de la Provincia de Buenos Aires -en vi

Greenpeace Argentina, junto con la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Surfrider Argentina, Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, Asociación de Surf Argentina, Organización Mar,  Asociación de Surf Necochea Quequén,  la Asociación de General Alvarado de Surf (Miramar) y  Ecos de Mar, presentaron una acción de amparo y una solicitud de medida cautelar contra el Estado argentino, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente.

Ciudadanos/as, pescadores/as, comerciantes  y personas de comunidades indígenas de Pajapan, Veracruz, de la Playa de Pajapan, Veracruz afectadas por un derrame de petrolero en las costas y Laguna del Ostión, apoyadas por el Movimiento Regional Indigena en Defensa y Respeto por la Vida y el Centro de Derechos Humanos de los pueblos del Sur de Veracruz "Bety Cariño" presentaron un juicio de amparo indirecto en contra de actos discriminatorios hacia los pueblos nahuatl y sus actividades comerciales ancestrales.

En septiembre de 2025, Nuestro Futuro A.C., junto con organizaciones y personas aliadas, promovió un juicio de amparo en Sonora a nombre de las ballenas que habitan, migran y se reproducen en el Golfo de California. Se trata de una acción inédita en México que busca que los tribunales reconozcan a las ballenas como sujetos de derechos y, a partir de ello, se otorgue una protección jurídica reforzada a su hábitat. La demanda fue admitida por un juez federal, lo que permitió que las ballenas fueran formalmente quejosas dentro del proceso.

En 2013, el colectivo Yasunidos y otros impulsaron una iniciativa de consulta popular para que la ciudadanía decidiera si el petróleo del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) debía permanecer indefinidamente bajo el subsuelo del Parque Nacional Yasuní. El proceso fue objeto de diversas controversias administrativas relacionadas con la validación de firmas y la actuación de las autoridades electorales, lo que impidió que la consulta se realizara durante casi una década.

 El 1 de agosto de 2023, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó una demanda judicial solicitando una orden cautelar para impedir a las autoridades nacionales, entre ellas la Secretaría de Cambio Climático, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Secretaría de Energía, otorgar el consentimiento para la exploración sísmica marina y/o la explotación de combustibles fósiles marinos hasta que se llevara a cabo una adecuada evaluación de impacto ambiental y una evaluación ambiental estratégica, ya que la evaluación de impact