Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Este caso histórico se presentó por primera vez en 1993. La acción judicial denunció que desde 1964 hasta 1992, Texaco (adquirida por Chevron en 2001) operó en la Amazonía ecuatoriana donde vertió más de 16.000 millones de galones de desechos tóxicos, afectando a aproximadamente 30.000 personas, incluidas comunidades indígenas-; fue una de las primeras sentencias en la historia de Ecuador en que las comunidades afectadas se enfrentaron a una compañía petrolera y obtuvieron una sentencia judicial.

En 2018, la nacionalidad Waorani de Pastaza demandó al Estado ecuatoriano por intentar subastar sus tierras para la explotación petrolera sin realizar una consulta previa, libre e informada adecuada, como lo exige la Constitución y los tratados internacionales. Aunado a lo anterior argumentaron la violación del derecho a un medio ambiente sano, el incumplimiento de responsabilidades estatales y la  protección de territorios ancestrales y biodiversidad.

En 2022, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría Ambiental interpusieron una demanda conjunta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitando la declaración de incumplimiento por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Presidente de sus obligaciones bajo la Ley 1931 de 2018.

Un grupo de organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales (ONG), usuarios de tierras privadas,  activistas y profesionales independientes aglomerados en un grupo llamado Grenada Land  Actors (GLA), demandaron a la Autoridad de Planificación y Desarrollo, debido a que entre octubre de 2019 y junio de 2023, aprobó tres proyectos de desarrollo  a gran escala que amenazan el medio ambiente y comunidades locales situadas en el Monte Hartman en St. George, en La Sagesse en St.

En 2018, con el apoyo y la solidaridad de otras naciones indígenas y organizaciones alineadas con la lucha, representantes del pueblo A’i Cofán Sinangoe interpusieron una acción de amparo contra cinco ministerios y organismos gubernamentales, para que se suspendieran varias concesiones mineras otorgadas en las zonas ribereñas de los ríos Aguarico, Chingual y Cofanes.

El 11 de marzo de 2024, el representante de la comunidad de San Bartolo Coyotepec en el Estado de Oaxaca, promovió demanda de amparo al considerar que se violó su derecho humano a un medio ambiente sano debido a que las autoridades municipales, estatales y federales fueron omisas en proteger el Parque Nacional Benito Juárez y la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida.

El 17 de mayo de 2018, los comuneros de la parroquia Molleturo, en la provincia de Azuay, interpusieron una acción de protección por la vulneración de sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho al debido proceso y a la consulta previa, libre e informada con el apoyo de la Federación de Organizaciones indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), la Unión de Defensores del Agua y la Naturaleza (UNAGUA) y la iglesia de Cuenca.

En julio de 2024, comunidades indígenas integrantes de la Reserva de Vida Silvestre Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Tucabaca, promovieron una Acción Popular contra la minera Walfremar SRL, debido a que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, autorizó la actividad minera en el municipio de Roboré, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz.  La empresa pretendía realizar actividades de prospección y exploración en 84 cuadrículas de la Reserva

Defensores ambientales ecuatorianos liderados por el abogado Yaku Pérez  y comunidades de la zona del páramo de Quimsacocha promovieron en mayo de 2022 una acción de protección contra la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals solicitando  realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades de la zona, ante el proyecto minero Loma Larga, por las actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica en fuentes de agua, páramos, humedales, bosques y en todas las zonas de recarga y regulación hídrica del sist

En 2018, la Ciudad de Bucaramanga presentó una demanda contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y dos autoridades ambientales regionales (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB y Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander -CORPONOR), buscando la protección del Páramo de Santurbán contra las actividades mineras.