Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El Ejido Río Playa presentó una demanda para impugnar la formulación, ejecución y publicación del Programa de Manejo del Área Natural Protegida de la Reserva Ecológica de Rio Playa, argumentando que no se priorizó la participación de las personas guardianas del territorio, quienes son fundamentales para la preservación de la naturaleza, en este caso, los ejidatarios.

En febrero de 2021, la empresa Global Oil Environmental Services Guyana Inc (GOES) solicitó permiso para construir y operar una instalación de gestión de residuos provenientes de exploración y producción de petróleo y gas en Coverden. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) decidió que no se requería una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para ese proyecto y emitió el permiso en agosto de 2021. 

Veinticinco jóvenes de diecisiete ciudades y municipios de Colombia, con el apoyo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad la organización (Dejusticia), presentaron una acción de tutela contra la Presidencia de la República de Colombia; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en la Amazonía, y catorce municipios de la Amazonía que concentran el mayor porcentaje de deforestación de esta región, para detener la deforestación en la selva

Esta es una Acción Civil Pública (ACP) con solicitud de medidas cautelares urgentes presentada por la Fiscalía Federal (FFP)  contra el Gobierno y la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) en relación con la subasta del 5.º Ciclo de Oferta de Concesión Permanente (OPC) celebrada el 17 de junio de 2025.

Se trata de una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar presentada por el  Partido Comunista de Brasil, Rede Sustentabilidade (REDE), el Partido Verde y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), con el objetivo de declarar inconstitucionales los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 12.709/2024 del estado de Mato Grosso.

Esta es una Acción Civil Pública (ACP) con solicitud de medidas cautelares urgentes presentada por el Instituto Internacional de Educación y Cultura Arayara contra la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y el Gobierno Federal. Esta acción forma parte de un conjunto de seis ACP presentadas contra el 4.º Ciclo de Ofertas Permanentes para bloques de exploración petrolera. 

Esta es una Acción Civil Pública (ACP) presentada por el Ministerio Público de  São Paulo contra el Estado de São Paulo y la Fundación Forestal (Fundación para la Conservación y Producción de Bosques del Estado de São Paulo), ante el avance de graves procesos de erosión y desequilibrio ecológico del Parque Estatal Isla del Cardoso, ubicado en el municipio de Cananéia, en el Estado de São Paulo, que impactan el modo de vida y la seguridad de las comunidades tradicionales de la región. 

La Organización El Puente Puerto Rico, promovió una Petición de Mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Comité de Expertos (CEACC), con el fin de exigir el cumplimiento de la Ley 33-2019. Solicitaron que el DRNA actualizara y publicara el Inventario de Gases. Tras numerosos incidentes procesales, el 18 de noviembre de 2022, el Foro Primario dictó Sentencia, mediante la cual expidió el Mandamus solicitado por El Puente. 

El 10 de diciembre de 2020, miembros de la Nación Waorani y organizaciones no gubernamentales, promovieron una acción de protección ante la Unidad Judicial en la región amazónica, debido a que la petrolera china PetroOriental S.A. contaminaba territorios ancestrales y violentaba sus derechos constitucionales, por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del cambio climático. 

El 11 de enero de 2024, Greenpeace Países Bajos y ocho ciudadanos de la isla de Bonaire demandaron al Estado neerlandés por violar los derechos de los habitantes de la isla caribeña de Bonaire al no asumir adecuada y oportunamente su responsabilidad de frenar el cambio climático.