Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En agosto de 2021, el  Jefe de la Tribu de la Comunidad Nativa Atacameños del Altiplano de Argentina, presentó, en representación de su comunidad, una acción de amparo ambiental contra el Estado y la Provincia de Catamarca ante el Tribunal de Justicia de Catamarca, Argentina.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá, en un fallo del 27 de noviembre de 2023, declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023.

El caso versa de una demanda contra la aprobación por parte del gobierno guyanés de un megaproyecto de extracción de petróleo de ExxonMobil frente a la costa de Guyana, con impactos climáticos potenciales, lo cual fue considerado por los demandantes como una vulneración del derecho a un ambiente sano protegido por la Constitución de Guyana y los derechos de las generaciones futuras y al desarrollo sustentable. Es el primer caso de litigio climático en el Caribe.

La Agencia de Protección Ambiental de Guyana aprobó el permiso para Esso Exploration and Production Guyana Ltd, una empresa de exploración y producción de petróleo. ("Esso"), una filial de EXXON Mobil Corporation, para llevar a cabo la explotación de petróleo en alta mar. 

El caso surgió a partir de la aprobación ambiental del proyecto "Central Eléctrica Canelillo", una central de generación eléctrica de respaldo a base de diésel con una capacidad de 120 MW, ubicada en la Región de Coquimbo.

La Organización Amigos del Río Guaynabo, Inc. demandó ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por incumplir con la Ley 33-2019, la cual exige la creación de un Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.

En el año 2012, la fábrica de Porta Hermanos S.A. amplió sus instalaciones para comenzar a producir etanol derivado de la molienda y fermentación de maíz transgénico (bioetanol). Este cambio productivo implicó un avance por sobre diferentes espacios de uso común del Barrio San Antonio e Inaudi en donde se ubica, y una profunda modificación sobre las dinámicas sociales de la comunidad. 

El caso inició con la interposición de un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, alegando que el Poder Ejecutivo y la SETENA han omitido incluir la evaluación de los impactos climáticos en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

El 21 de setiembre del 2023, el Comité Estratégico de Participación e Incidencia de Jóvenes presentó una solicitud de datos al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE),  relacionada esta a la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) que sintetiza las metas climáticas que el país asumió ante el Acuerdo de París.

 El 1 de agosto de 2023, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó una demanda judicial solicitando una orden cautelar para impedir a las autoridades nacionales, entre ellas la Secretaría de Cambio Climático, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Secretaría de Energía, otorgar el consentimiento para la exploración sísmica marina y/o la explotación de combustibles fósiles marinos hasta que se haya llevado a cabo una adecuada evaluación de impacto ambiental y una evaluación ambie