Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El caso versa de una demanda contra la aprobación por parte del gobierno guyanés de un megaproyecto de extracción de petróleo de ExxonMobil frente a la costa de Guyana, con impactos climáticos potenciales, lo cual fue considerado por los demandantes como una vulneración del derecho a un ambiente sano protegido por la Constitución de Guyana y los derechos de las generaciones futuras y al desarrollo sustentable. Es el primer caso de litigio climático en el Caribe.

El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, declaró fundadas dos acciones de cumplimiento interpuestas por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS), para que el Ministerio del Ambiente (MINAM) implementara la Décima y la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático (RLMCC), aprobado mediante Decreto Supremo N°013-2019-MINAM (RLMCC). 

El 26 de mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Núm.

La Ley General de Cambio Climático de México se publicó en el año 2012, y contemplaba el Fondo de Cambio Climático, un fideicomiso público creado para incrementar los recursos existentes para abordar el cambio climático cuyo objetivo fue el de atraer y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar la implementación de acciones para abordar el cambio climático. 

En el año 2021, una pareja de campesinos promovió una acción de tutela contra diferentes entidades públicas, entre ellas la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), porque se vieron desplazados y obligados a abandonar las tierras donde vivían y trabajaban, debido a las múltiples inundaciones del río Bojabá en el Departamento de Arauca.

En diciembre de 2022, doce personas Pastos de los resguardos Cumbal, Mayasquer, Panam y Chiles de Nariño, Colombia, se enteraron de la existencia de un contrato entre la autoridad de la comunidad indígena de Gran Cumbal y SVP Business SAS para la compra de bonos de carbono relacionados con el proyecto REDD+ “Pachamama Cumbal”. 

En 2004, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala otorgó una licencia de exploración minera a la empresa EXMIBAL, que fue transferida posteriormente a la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A.

La licencia de explotación fue concedida en 2006, sin una consulta adecuada a la comunidad. Eso, junto con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental solo en español y no en idioma maya Q’eqchi’, llevó a una serie de conflictos legales y sociales.

El Poder Ejecutivo Federal de México presentó una Acción de Inconstitucionalidad en contra del Decreto publicado en el Diario Oficial del estado de Baja California que reforma artículos que regulan el impuesto ambiental en la Ley de Hacienda local.

En agosto del 2023, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante, “IDLADS PERÚ”) inició una acción de cumplimiento de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático contra el Ministerio del Ambiente, Ley N°30754, la cual señala que el Ministerio del Ambiente debía presentar al Poder Ejecutivo una propuesta de fondo de garantía para la inversión en energía renovables y limpias, seguridad alimentaria, servicios ecosistémicos, investigación, desarrollo tecnol

La demanda de amparo presentada por la comunidad nativa Puerto Franco y el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), en 2020 tuvo como objetivo obtener protección del derecho a la propiedad comunal que incluye el acceso y control de sus recursos naturales en su territorio, y a la consulta previa de los actos administrativos y medidas administrativas, que han generado dos problemas fundamentales, por un lado, la configuración de hechos lesivos como son el despojo territorial y la imposición de un esquema de conservación excluyente, con la c