La organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) interpuso una demanda de amparo en contra de las Resoluciones con número 789/17 y 813/17, emitidos por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), mediante las que autorizó a la empresa petrolera El Trébol (PETSA) a la exploración y explotación de petróleo mediante el método de fracking en 4 cuatro pozos situados en cercanías de la Laguna Llancanelo (Sitio Ramsar de importancia internacional).

La organización Equística Defensa del Medio Ambiente interpuso una acción de amparo colectivo ambiental contra la Municipalidad de Rosario, la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Victoria, la Provincia de Entre Ríos, y el Estado Nacional, a causa de los incendios irregulares que se venían produciendo en el cordón de islas ubicado frente a la costa de la ciudad de Rosario, lo cual producía una grave afección a la salud de los habitantes.

Los partidos Socialista Brasileiro (PSB), Rede Sustentabilidade (REDE), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Dos Trabalhadores (PT), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) y Partido Comunista Do Brasil (PcdoBEl) presentaron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) con solicitud de orden judicial/medida cautelar en contra de la Unión, dado que no han adoptado medidas urgentes destinadas a combatir eficazmente la deforestación en Amazonía legal y la emergencia climática.

Seis activistas de las organizaciones Fridays for Future y Engajamundo demandaron a través de una acción popular en contra del gobierno de Brasil por el cambio en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) presentadas en 2020, alegando que usaron una “maniobra de carbono” para disminuir las metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), adoptadas en su anterior NDC de 2015.

El señor Esteban Antonio Lagos, miembro del Grupo de Litigio de Interés Público (GLIP) de la Universidad del Norte, interpuso una acción de nulidad simple en contra del Ministerio de Minas y Energía, por la expedición del Decreto n.° 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución n.° 90341 del 27 de marzo de 2014.

Un grupo de ciudadanos colombianos presentaron ante la Corte Constitucional una Acción Publica de inconstitucionalidad (API) motivada por el persistente incumplimiento del Gobierno nacional a sus deberes de delimitación, zonificación y ordenación ambiental del territorio, en particular de los ecosistemas más vulnerables y relevantes del país, como son los páramos. En concreto promovieron una API en contra de la Ley 1450 de 2011 y de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, que aprueba y expide, respectivamente, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018.

El Programa Fondo Cambio Climático fue creado el 9 de diciembre de 2009 y es uno de los instrumentos de la Política Nacional sobre Cambio Climático (PNMC). Se constituye como en un fondo vinculado al Ministerio del Medio Ambiente de Brasil y tiene la finalidad de garantizar recursos para el apoyo a proyectos o estudios y financiación de emprendimientos que tienen como objetivo la mitigación de los efectos del cambio climático.

Las organizaciones Instituto Socioambiental, Greenpeace Brasil y Asociación Brasileña de Miembros del Ministerio Público del Medio Ambiente (ABRAMPA, por sus siglas en portugués), presentaron una Acción Pública Civil, en la que demandan la nulidad de la Orden No.7036900/2020 GABIN emitida por el presidente, Eduardo Bim, del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA, por sus siglas en portugués), debido a que la misma, a solicitud de las empresas madereras, retiró el requisito de autorización de exportación y concluyó que con la Declarac

El Fondo Amazonia es el principal mecanismo de financiamiento de proyectos de protección para la Amazonía. Fue creado en el 2008, como un instrumento esencial para reducir la deforestación y es gestionado por el Banco de Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). La recaudación de fondos funciona con donaciones voluntarias, condicionadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que es necesario demostrar la reducción de deforestación año tras año, para que los donantes continúen con la inversión.

25 jóvenes de 17 ciudades y municipios de Colombia, con el apoyo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad la organización (Dejusticia), presentaron una acción de tutela contra la Presidencia de la República de Colombia; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; las tres Corporaciones Autónomas Regionales que tienen jurisdicción en la Amazonía, y 14 municipios de la Amazonía que concentran el mayor porcentaje de deforestación de esta región, por sus omisiones en el cumplimiento de su deber de protección ambie