Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Se trata de una Acción Civil Pública, con solicitud de tutela de urgencia, promovida por el Ministerio Público Federal (MPF) contra el Estado de Amazonas y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), con el objetivo de suspender el proyecto de créditos de carbono/REDD+ implementado por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Amazonas (SEMA/AM) en unidades de conservación estatales habitadas por pueblos indígenas, ribereños y comunidades tradicionales.

El Instituto Internacional Arayara interpuso una Acción Civil Pública (ACP) con solicitud de tutela de urgencia contra la Agencia Reguladora de Aguas, Energía y Saneamiento del Distrito Federal (ADASA) y la empresa Termo Norte Energía Ltda. El objetivo central es anular las autorizaciones de uso de recursos hídricos otorgadas por ADASA a la empresa para la captación de agua y el lanzamiento de efluentes en el río Melchior, destinadas al proyecto de instalación de una central termoeléctrica a gas natural en Samambaia (DF).

Esta demanda se trata de una Acción Civil Pública (ACP) con pedido de tutela de urgencia, promovida por el Ministerio Público Federal (MPF) contra Sebastião da Costa Mariano, por la deforestación ilegal de 903,22 hectáreas de selva nativa en el municipio de Boca do Acre/AM, dentro de la Gleba Bom Lugar, área pública de la Unión.

El Instituto Internacional Arayara interpuso una Açción Civil Pública (ACP) contra la empresa Copel Geração e Transmissão S.A., el Instituto Agua y Tierra del Paraná (IAT), el Estado de Paraná, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) y la Unión Federal, alegando graves irregularidades en el licenciamiento y operación de la Central Termelétrica Figueira (UTE-FRA), localizada en Figueira (PR).

La Asociación Brasileña de Distribuidoras de Combustibles (BRASILCOM) interpuso una acción de Mandado de Segurança Coletivo contra el Ministro de Minas y Energía, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE). La Asociación impugna la meta anual de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2020, establecida por la Resolución CNPE 8/2020 y posteriormente individualizada para cada empresa por el Despacho ANP n.º 797/2020.

El Observatório do Clima interpuso una Acción Civil Pública (ACP) contra el IBAMA y el DNIT, solicitando la anulación de la Licencia Previa (LP) n.º 672/2022, emitida para la reconstrucción y asfaltado del “sección central” de la BR-319 (km 250,7 al km 656,4), en plena Amazonía. La organización sostiene que la pavimentación reactivaría dinámicas históricas de deforestación, apropiación de tierras (grilagem), expansión agropecuaria y presión sobre tierras públicas, tal como ocurrió en las décadas de 1970 y 1980 con las BR-163 y BR-230.

Las organizaciones brasileñas de Arayara, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la Tierra Indígena Rio dos Pardos – Aldea Kupli interpusieron una acción civil pública (ACP) contra la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y la Unión Federal.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) con solicitud de medida cautelar, ante el Supremo Tribunal Federal (STF). La acción buscaba corregir supuestas omisiones e inacciones inconstitucionales del Poder Público Federal que habrían paralizado la política de pavimentación de la carretera BR-319, ubicada en la región norte del país, entre Amazonas y Rondônia. 

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) con solicitud de medida cautelar, contra la Unión Federal y el Estado de São Paulo, debido a conductas omisas y comisivas que vulneran el deber constitucional de protección de los biomas Cerrado y Mata Atlántica, gravemente afectados por los incendios forestales ocurridos en 2024.

El Partido Democrático Trabalhista (PDT) presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil contra diversos artículos de la Ley Federal nº 13.576/2017, que instituyó la Política Nacional de Biocombustibles (RenovaBio). El partido sostiene que la ley es formal y materialmente inconstitucional.