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Fallo que invoca la OC-32/25 de la Corte IDH declara sujeto de derechos a páramo colombiano
En una de las primeras sentencias en incluir argumentos de la Opinión Consultiva 32 (OC-32/25) de la Corte Interamericana sobre derechos humanos y emergencia climática, el Tribunal Administrativo de Santander, en Colombia, declaró al páramo de Santurbán como sujeto de derechos y estableció que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales debe abstenerse de otorgar, prorrogar o modificar permisos para actividades extractivas (mineras, de hidrocarburos, grandes represas) en el ecosistema, un importante sumidero de carbono. Este fallo marca un precedente clave que conecta la jurisprudencia internacional sobre el clima con la protección ambiental nacional y robustece el constitucionalismo ecológico latinoamericano al promover una visión integradora que articula el principio de interdependencia, la justicia intergeneracional y la ética de la responsabilidad frente a la crisis climática.Más información aquí
Conectando la ciencia y la justicia climática: perspectivas desde América Latina
La ciencia del clima, en constante transformación, no solo ha profundizado nuestra comprensión de los cambios en los sistemas climáticos, sino que también ha redefinido los debates sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas por los daños relacionados con el clima.
ONG presentan demanda para frenar explotación petrolera frente al río Amazonas
Un grupo de ocho ONG —entre ellas Greenpeace, WWF y la principal organización indígena del país— presentaron una demanda en un tribunal federal de Brasil para solicitar la anulación del permiso otorgado a Petrobras, empresa estatal, para buscar petróleo en un área marítima próxima a la desembocadura del río Amazonas.Según la denuncia, la autorización ignora el impacto climático de la extracción de petróleo en la zona, traducido en el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero o los daños de un posible derrame de crudo en un ecosistema en extremo sensible.Por otro lado, las organizaciones señalan que a la hora de permitir la actividad petrolera no se consultó de forma “libre, previa e informada” a los pueblos indígenas de la región, lo que va en contra de los tratados internacionales firmados por el Estado brasileño.Argumentan además que el 20 % del crudo extraído del pozo, situado a unos 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas, se hundiría y podría afectar al sistema de corales amazónicos.El Ministerio de Medio Ambiente aseguró que el proceso de licenciamiento del proyecto, que duró casi cinco años, se realizó con “rigor” y que Petrobras había introducido mejoras para responder a hipotéticas emergencias.Más información aquí y aquí.