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Greenpeace: “No retrocederemos, no nos silenciarán”
“La lucha contra las grandes petroleras no ha terminado hoy. Sabemos que la verdad y la ley están de nuestro lado. Greenpeace seguirá haciendo campaña por un futuro verde y en paz. No retrocederemos, no nos silenciarán”, declaró Kristin Casper, consejera general de Greenpeace Internacional tras conocerse la sentencia en contra de la organización ecologista en la demanda presentada por la empresa Energy Transfer en Estados Unidos.Un jurado popular del tribunal del condado de Morton, Dakota del Norte, declaró a Greenpeace responsable por difamación, allanamiento, molestias, conspiración civil y otras reclamaciones en torno a las protestas de 2016 y 2017 por la construcción del oleoducto Dakota Access cerca de la reserva de la tribu sioux de Standing Rock. El jurado condenó a Greenpeace Internacional, Greenpeace USA y Greenpeace Fund a pagar más de 660 millones de dólares de indemnización a la empresa de oleoductos y a su filial Dakota Access.La organización está realizando una valoración más exhaustiva del fallo y planea recurrirlo. Energy Transfer acusó a Greenpeace de pagar a manifestantes para que interrumpieran la construcción del oleoducto de forma ilegal y de difundir falsedades sobre el proyecto. La organización ecologista rechaza las acusaciones y asegura que su papel en las protestas fue muy limitado y pacífico.Deepa Padmanabha, asesora jurídica senior de Greenpeace en EE. UU., afirmó: “… aunque también intentaron tergiversar la verdad sobre el papel de Greenpeace en las protestas, nosotros reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la no violencia en todas las acciones que emprendemos… Para que quede claro, la historia de Greenpeace no es la historia de Standing Rock; no nos corresponde a nosotros contarla, a pesar de las alegaciones de la demanda. Nuestra historia es la de cómo una organización como Greenpeace puede apoyar luchas fundamentales para proteger a las comunidades más afectadas por la crisis climática, así como los continuos ataques a la soberanía indígena”.Más informaciónaquí yaquí.
Litigando contra gigantes: Lo que ganamos, lo que perdimos y lo que viene en el caso Milieudefensie vs. Shell
El caso Milieudefensie vs. Shell en Países Bajos merece un análisis especial por su impacto en el litigio climático contra las empresas responsables de la crisis climática.
Perú: Comunidades kichwas logran victoria judicial tras violación de sus derechos territoriales y exclusión de beneficios por bonos de carbono
En diciembre pasado, en un litigio histórico para la lucha de los pueblos indígenas contra la conservación excluyente en Perú, el Juzgado Mixto de Bellavista ordenó a entidades de gobierno la titulación del territorio ancestral de la Comunidad Nativa Kichwa Puerto Franco —ubicado en el departamento de San Martín—, la nulidad de concesiones forestales, así como la realización de una consulta previa sobre la creación del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y su Plan Maestro; garantizando el acceso de la comunidad a los recursos naturales y su participación en la gestión del parque, que incluye el reparto de beneficios por la venta de créditos de carbono que ha ocurrido a sus espaldas desde 2008. El fallo es una respuesta a la demanda de amparo presentada en 2020 por la comunidad y por el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía con el objetivo proteger el derecho a la propiedad comunal, que incluye el acceso a y el control de los recursos naturales en su territorio, así como la consulta previa de actos y medidas administrativas que han despojado a la comunidad de su territorio e impuesto un esquema de conservación excluyente con la creación del PNCAZ para certificar un proyecto REDD+ (conservación y aumento de reservas de carbono y manejo forestal sostenible como medida de mitigación del cambio climático). El caso evidenció violaciones a los derechos internacionalmente reconocidos de las comunidades indígenas durante la ejecución de un proyecto de créditos de carbono promovido bajo el Acuerdo de París. Esto se debe a que la creación del parque afectó el goce de los derechos territoriales de al menos 29 comunidades kichwas, quienes no se beneficiaron de la distribución de los fondos —decenas de millones de dólares por créditos de carbono— derivados de la venta de los servicios ecosistémicos que brindan sus territorios ancestrales. Más información aqui