Últimas Noticias

Comunidades indígenas de la Reserva de Vida Silvestre Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Tucabaca —ubicada en el municipio de Roboré, departamento de Santa Cruz, Bolivia— lograron frenar actividades de prospección y exploración minera en su territorio por parte de la empresa Walfremar SRL.En julio de 2024, las comunidades presentaron una acción popular contra la empresa y contra la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), entidad dependiente del Ministerio de Minería que autorizó las actividades mineras.Esta acción señaló de manera expresa la importancia de considerar la dimensión climática en los casos clásicos de minería: “Ante la crisis climática que sufre el planeta y cuyos efectos azotan a las comunidades más vulnerables al cambio climático, es necesario que el Estado garantice y respete el ejercicio de los derechos colectivos sobre el medio ambiente y los bienes comunes de los pueblos indígenas”, se lee en la demanda.Las comunidades argumentaron que la autorización violaba los derechos de los pueblos indígenas conferidos en la Constitución Política de Bolivia, en el Convenio 169 de la OIT y en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Exigieron el cumplimiento de las normas ambientales vigentes en su municipio, además de respeto a sus decisiones pues ya habían rechazado la presencia minera en su territorio.El 5 de agosto de 2024, se revocó el permiso de prospección y exploración a la empresa.Más información aquí.

El Stockholm Environment Institute (SEI) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) lanzaronLitigio climático en el sector de hidrocarburos: Perspectivas desde América Latina y el Caribe, un informe que analiza el impacto del litigio climático en los sectores de petróleo y gas en América Latina y el Caribe, evaluando su contribución a la gobernanza climática y su papel en la prevención y reparación de violaciones de derechos humanos.En la publicación se comparan tendencias entre el norte y el sur global para identificar patrones, desafíos y oportunidades en el desarrollo futuro del litigio climático. A partir de una revisión de literatura y de datos de bases especializadas, el estudio ofrece una visión integral del estado actual del litigio climático en la región, identificando estrategias legales, actores clave y tendencias emergentes.A partir de 27 casos en 7 países, el informe examina la influencia del litigio climático en las políticas de transición energética y en la prevención y reparación de violaciones a los derechos humanos y colectivos asociadas a la producción, exploración y explotación de combustibles fósiles.La publicación está dirigida a diversas audiencias, incluyendo profesionales del derecho, integrantes del poder judicial, responsables de políticas públicas, activistas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades académicas de diversas disciplinas. Está disponible en español y pronto lo estará también en inglés.👉 Lee el informe completoaquí

Un grupo de 22 jóvenes de los estados de Montana, Hawái, Oregón, California y Florida presentó una demanda contra la administración del presidente estadounidense Donald Trump por vulnerar sus derechos a la vida y a la libertad con órdenes ejecutivas que impulsan la producción de petróleo y gas, obstaculizando las energías libres de carbono y amenazando con desestabilizar aún más el clima.La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Montana para impugnar tres órdenes ejecutivas: “Liberando la energía estadounidense”, “Declarando una emergencia energética nacional” y “Revitalizando la hermosa industria del carbón limpio de Estados Unidos”. Con ellas, se argumenta en la demanda, el gobierno de Trump promueve intencionalmente una agenda que aumentará la contaminación por gases de efecto invernadero, infringiendo los derechos constitucionales de la juventud a la vida y la libertad, así como leyes que protegen la salud pública y el ambiente.Con el litigio, las y los demandantes buscan que el tribunal declare inconstitucionales las órdenes ejecutivas, bloquee su aplicación y reafirme los límites legales del poder presidencial.El caso es el más reciente de una serie de litigios climáticos impulsados por jóvenes y presentados por el bufete sin ánimo de lucro Our Children’s Trust.Más información aquí y aquí.