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Comunidades indígenas del Santuario de Tres Pozos y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron acción de amparo contra las provincias de Jujuy y Salta y el Estado Nacional, principalmente con el objeto de suspender todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes. Los demandantes alegaron la vulneración del derecho de las Comunidades Indígenas al consentimiento libre, previo e informado, el derecho de acceso a la información, el derecho de los defensores de derechos humanos en materia ambiental, el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú, así como la infracción de disposiciones ambientales internacionales y nacionales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró el principio in dubio pro natura e in dubio pro agua, así como el de no regresión para resolver en favor de las cuestiones planteadas por la parte actora, solicitando una protección sólida a los ecosistemas amenazados, que incluya un enfoque intergeneracional y los derechos de futuras generaciones. Más información aqui

En abril de 2022, la Corte Suprema de Justicia de Chile ordenó integrar la variable climática en el proceso de revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la Central Termoeléctrica Angamos —que ha funcionado con base a la combustión de carbón por más 15 años en Mejillones, Región de Antofagasta— por no haber sido contemplada por la autoridad ni por el titular del proyecto en el inicio de este. El caso se remonta a 2020, cuando personas pertenecientes a la comunidad de Mejillones, solicitaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Antofagasta revisar la RCA otorgada a la termoeléctrica Angamos en 2007. La entidad inició el proceso de revisión, pero consideró únicamente variables del medio marino, sin considerar las afectaciones a la atmósfera. Las personas demandantes presentaron entonces un recurso de protección que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, instancia que ratificó el criterio del SEA, alegando que la RCA no alcanza materias que no sean consideradas en el proceso de evaluación de impacto ambiental. El caso llegó así la Corte Suprema, cuya decisión es un gran paso hacia la justicia climática y la transición energética justa en Chile pues permite prever los riesgos asociados al cambio climático e integrar los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París y otros tratados internacionales sobre derechos humanos y de derecho ambiental en las evaluaciones de impacto ambiental de centrales de generación de electricidad. Más información aqui

Como respuesta a una demanda presentada por diversas organizaciones de la sociedad civil y un grupo de personas expertas en enero de 2024, la Corte Constitucional de Colombia emitió, seis meses después, un fallo en el que determinó que los estudios de impacto ambiental (EIA) “deben incluir una evaluación de los impactos en materia de cambio climático”. Esta evaluación será exigible a las solicitudes de licencia ambiental o de renovación que se presenten a partir del 1 de agosto de 2025 en Colombia. La parte demandante advirtió que el artículo 57 de la Ley 99 de 1993 (Ley General Ambiental) era obsoleto e inconstitucional porque no contemplaba a la crisis climática como un factor determinante a la hora de evaluar la gravedad de los daños ambientales de un proyecto, obra o actividad. Al no incluir la obligación de examinar la variable climática en las evaluaciones de impacto ambiental, la norma incumplía estándares constitucionales y del derecho internacional. Esta es la primera demanda de este tipo en América Latina y el Caribe. Y el fallo ofrece la oportunidad de mejorar los procesos de evaluación de impacto ambiental para que el desarrollo económico de los países se ajuste mejor a los estándares de mitigación y adaptación del cambio climático, brindando mayores herramientas para que los países orienten su producción hacia un verdadero desarrollo sostenible. Más información aqui