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El caso Milieudefensie vs. Shell en Países Bajos merece un análisis especial por su impacto en el litigio climático contra las empresas responsables de la crisis climática.

En diciembre pasado, en un litigio histórico para la lucha de los pueblos indígenas contra la conservación excluyente en Perú, el Juzgado Mixto de Bellavista ordenó a entidades de gobierno la titulación del territorio ancestral de la Comunidad Nativa Kichwa Puerto Franco —ubicado en el departamento de San Martín—, la nulidad de concesiones forestales, así como la realización de una consulta previa sobre la creación del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y su Plan Maestro; garantizando el acceso de la comunidad a los recursos naturales y su participación en la gestión del parque, que incluye el reparto de beneficios por la venta de créditos de carbono que ha ocurrido a sus espaldas desde 2008. El fallo es una respuesta a la demanda de amparo presentada en 2020 por la comunidad y por el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía con el objetivo proteger el derecho a la propiedad comunal, que incluye el acceso a y el control de los recursos naturales en su territorio, así como la consulta previa de actos y medidas administrativas que han despojado a la comunidad de su territorio e impuesto un esquema de conservación excluyente con la creación del PNCAZ para certificar un proyecto REDD+ (conservación y aumento de reservas de carbono y manejo forestal sostenible como medida de mitigación del cambio climático). El caso evidenció violaciones a los derechos internacionalmente reconocidos de las comunidades indígenas durante la ejecución de un proyecto de créditos de carbono promovido bajo el Acuerdo de París. Esto se debe a que la creación del parque afectó el goce de los derechos territoriales de al menos 29 comunidades kichwas, quienes no se beneficiaron de la distribución de los fondos —decenas de millones de dólares por créditos de carbono— derivados de la venta de los servicios ecosistémicos que brindan sus territorios ancestrales. Más información aqui

En diciembre pasado, la Corte Suprema de Montana confirmó el fallo de un tribunal de distritoen el sentido de que las acciones estatales que permiten la continuidad de un sistema de energíabasado en combustibles fósiles violan el derecho constitucional a un medio ambiente limpio ysaludable, particularmente de las y los jóvenes. En una decisión de 6 a 1, el máximo tribunaldeterminó que la garantía constitucional de Montana al derecho a un ambiente sano incluye un“clima estable”. La sentencia histórica es parte del primer juicio constitucional del país sobre cambio climático. En él, un grupo de 16 jóvenes —representado por Our Children's Trust y el Western Environmental Law Center— argumentó que el Estado violaba su derecho constitucional a un medio ambiente sano al promover la industria de los combustibles fósiles y exacerbar los efectos de la crisis climática. “Esta sentencia es una victoria no sólo para nosotros, sino para todos los jóvenes cuyo futuro se ve amenazado por el cambio climático”, dijo en un comunicado Rikki Held, demandante en el caso. La Corte Suprema dictaminó además que son inconstitucionales las leyes estatales que prohíben tener en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero o los impactos climáticos en las decisiones sobre permisos para la industria de los fósiles, así como aquellas que impiden los recursos constitucionales en los tribunales. “Esta sentencia aclara que la Constitución establece una directiva clara para que Montana reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero, que se encuentran entre las más altas del país per cápita, y para que haga la transición hacia un futuro de energías limpias y renovables”, declaró en un comunicado Melissa Hornbein, abogada del Western Environmental Law Center. Más información aquí y aquí.