Por Gisselle García y Florencia Ortúzar*
El caso Milieudefensie vs. Shell en Países Bajos merece un análisis especial por su impacto en el litigio climático contra las empresas responsables de la crisis climática.
En América Latina, estos litigios son menos frecuentes que en otras partes del mundo, quizás por el temor a represalias de poderosas corporaciones o por la dificultad de desarrollar casos contra actores con fuentes casi inagotables de recursos. Sin embargo, litigios con repercusiones internacionales como este podrían allanar el camino para ver más de ellos en la región.
Analicemos qué está ocurriendo entre Milieudefensie —la rama neerlandesa de la organización ambiental Friends of the Earth—, sus aliados y Shell, una de las petroleras más poderosas del mundo.
¿De qué trata la demanda?
En 2018, siete ONG y más de 17 mil demandantes se atrevieron a enfrentarse a la gigante Shell, presentando una acción colectiva (class action) que exigía que la multinacional alineara sus operaciones con el Acuerdo de París y redujera drásticamente sus emisiones de CO2.
En concreto, solicitaron:
- Reducción obligatoria de emisiones:
- Que Shell reduzca sus emisiones de CO₂ en al menos un 45% para 2030 en comparación con los niveles de 2019.
- Que esta reducción incluyera todas sus operaciones globales, no sólo aquellas en Países Bajos.
- Que Shell asumiera responsabilidad por las emisiones de sus clientes y proveedores (las llamadas emisiones de Alcance 3), derivadas del uso de sus productos.
- Reconocimiento de la responsabilidad legal de Shell:
- Que el tribunal reconociera que Shell tenía una obligación legal de prevenir daños climáticos.
- Que la empresa fuera considerada responsable por sus contribuciones a la crisis climática bajo el principio de "deber de diligencia" del derecho civil neerlandés.
- Una orden judicial para obligar a Shell a cambiar su estrategia corporativa:
- Que el tribunal ordenara a Shell ajustar su modelo de negocio para alinearse con los objetivos climáticos internacionales.
La sentencia histórica de 2021
En mayo de 2021, el Tribunal de Distrito de La Haya dictó un fallo histórico que fue celebrado en todo el mundo por el movimiento ambiental. Shell fue declarada responsable por su contribución al cambio climático y se le ordenó reducir sus emisiones de CO2 en un 45% para 2030, respecto a los niveles de 2019, mucho más rápido de lo que la empresa tenía planeado.
Fue la primera vez que la justicia responsabilizaba directamente a una empresa por su contribución al cambio climático, estableciendo una obligación de diligencia climática, lo que se traducía en medidas concretas para reducir sus emisiones, en línea con compromisos internacionales como el Acuerdo de París.
La apelación de Shell y el revés, en 2024
Pero la historia no terminó ahí. Shell apeló la decisión y, en noviembre de 2024, la Corte de Apelaciones de la Haya revocó parcialmente el fallo. Si bien el tribunal reafirmó que Shell tiene una responsabilidad climática, eliminó la exigencia de reducción específica del 45% de sus emisiones, argumentando que un tribunal no puede imponer objetivos concretos a una empresa privada.
Por un lado, el tribunal señaló que, aunque la ciencia climática respalda la necesidad de reducir emisiones, no existe una ley o estándar universal que permita determinar la cantidad que le corresponde reducir a Shell. Además, se excusó en el llamado “efecto de sustitución”, según el cual la reducción de la producción de combustibles por parte de Shell no significaría necesariamente una reducción de emisiones, pues el espacio puede ser fácilmente sustituido por otras empresas productoras de combustibles fósiles.
¿Qué significa este caso para el litigio climático?
A pesar de que la sentencia de apelación es una desilusión, pues debilita el impacto práctico de la sentencia de primera instancia, al eliminar la exigencia de reducción específica de emisiones por parte de Shell, sigue siendo un valioso precedente para el desarrollo del litigio climático.
El fallo mantiene el reconocimiento de que las empresas tienen una obligación de diligencia climática, lo que se traduce en la obligación legal de reducir sus emisiones. Se trata de un caso inspirador para otras acciones del tipo, que podrían contribuir a una mayor rendición de cuentas en el sector empresarial.
El caso fortalece al movimiento ambiental que exige más responsabilidad de las empresas de combustibles fósiles, reafirmado que se trata de una cuestión de justicia. Finalmente, el caso demuestra que los tribunales pueden ser una vía efectiva para exigir acción climática, además de alimentar la construcción de estrategias legales en favor del ambiente y del clima.
La condena de costas
Algo que ha llamado la atención de la sentencia de 2024 es que ordenó que quienes presentaron la demanda paguen los costos del juicio, pese a la notoria disparidad en los recursos económicos de las ONG demandantes y los de una de las petroleras más grandes del mundo. Sin embargo, esto es más común en los litigios del norte de lo que podríamos pensar bajo la lógica latinoamericana. En Holanda siempre se condena al pago de costas a la parte perdedora en cualquier instancia, incluso si no pierde totalmente. Tras la sentencia de 2021, Shell pagó los costes a las ONG demandantes y estas, al apelar, estaban preparadas para hacerlo, previendo incluso cuánto tendrían que pagar si perdían.
¿Qué sigue ahora?
El caso aún no se ha cerrado, queda la última instancia ante la Suprema Corte de Países Bajos, donde podría revertirse la decisión de apelación.
Se espera que durante este año y parte del siguiente se lleven a cabo las audiencias ante el máximo tribunal y que para 2026 se tenga un veredicto definitivo.
Habrá que estar muy pendientes de la evolución de este juicio, que hasta ahora se ha presentado como un caso paradigmático que puede llegar a influir de manera importante en futuros litigios climáticos.
* Gisselle García es abogada de AIDA y Florencia Ortúzar es directora del Programa de Clima de AIDA
Por Gisselle García y Florencia Ortúzar*
El caso Milieudefensie vs. Shell en Países Bajos merece un análisis especial por su impacto en el litigio climático contra las empresas responsables de la crisis climática.
En América Latina, estos litigios son menos frecuentes que en otras partes del mundo, quizás por el temor a represalias de poderosas corporaciones o por la dificultad de desarrollar casos contra actores con fuentes casi inagotables de recursos. Sin embargo, litigios con repercusiones internacionales como este podrían allanar el camino para ver más de ellos en la región.
Analicemos qué está ocurriendo entre Milieudefensie —la rama neerlandesa de la organización ambiental Friends of the Earth—, sus aliados y Shell, una de las petroleras más poderosas del mundo.
¿De qué trata la demanda?
En 2018, siete ONG y más de 17 mil demandantes se atrevieron a enfrentarse a la gigante Shell, presentando una acción colectiva (class action) que exigía que la multinacional alineara sus operaciones con el Acuerdo de París y redujera drásticamente sus emisiones de CO2.
En concreto, solicitaron:
- Reducción obligatoria de emisiones:
- Que Shell reduzca sus emisiones de CO₂ en al menos un 45% para 2030 en comparación con los niveles de 2019.
- Que esta reducción incluyera todas sus operaciones globales, no sólo aquellas en Países Bajos.
- Que Shell asumiera responsabilidad por las emisiones de sus clientes y proveedores (las llamadas emisiones de Alcance 3), derivadas del uso de sus productos.
- Reconocimiento de la responsabilidad legal de Shell:
- Que el tribunal reconociera que Shell tenía una obligación legal de prevenir daños climáticos.
- Que la empresa fuera considerada responsable por sus contribuciones a la crisis climática bajo el principio de "deber de diligencia" del derecho civil neerlandés.
- Una orden judicial para obligar a Shell a cambiar su estrategia corporativa:
- Que el tribunal ordenara a Shell ajustar su modelo de negocio para alinearse con los objetivos climáticos internacionales.
La sentencia histórica de 2021
En mayo de 2021, el Tribunal de Distrito de La Haya dictó un fallo histórico que fue celebrado en todo el mundo por el movimiento ambiental. Shell fue declarada responsable por su contribución al cambio climático y se le ordenó reducir sus emisiones de CO2 en un 45% para 2030, respecto a los niveles de 2019, mucho más rápido de lo que la empresa tenía planeado.
Fue la primera vez que la justicia responsabilizaba directamente a una empresa por su contribución al cambio climático, estableciendo una obligación de diligencia climática, lo que se traducía en medidas concretas para reducir sus emisiones, en línea con compromisos internacionales como el Acuerdo de París.
La apelación de Shell y el revés, en 2024
Pero la historia no terminó ahí. Shell apeló la decisión y, en noviembre de 2024, la Corte de Apelaciones de la Haya revocó parcialmente el fallo. Si bien el tribunal reafirmó que Shell tiene una responsabilidad climática, eliminó la exigencia de reducción específica del 45% de sus emisiones, argumentando que un tribunal no puede imponer objetivos concretos a una empresa privada.
Por un lado, el tribunal señaló que, aunque la ciencia climática respalda la necesidad de reducir emisiones, no existe una ley o estándar universal que permita determinar la cantidad que le corresponde reducir a Shell. Además, se excusó en el llamado “efecto de sustitución”, según el cual la reducción de la producción de combustibles por parte de Shell no significaría necesariamente una reducción de emisiones, pues el espacio puede ser fácilmente sustituido por otras empresas productoras de combustibles fósiles.
¿Qué significa este caso para el litigio climático?
A pesar de que la sentencia de apelación es una desilusión, pues debilita el impacto práctico de la sentencia de primera instancia, al eliminar la exigencia de reducción específica de emisiones por parte de Shell, sigue siendo un valioso precedente para el desarrollo del litigio climático.
El fallo mantiene el reconocimiento de que las empresas tienen una obligación de diligencia climática, lo que se traduce en la obligación legal de reducir sus emisiones. Se trata de un caso inspirador para otras acciones del tipo, que podrían contribuir a una mayor rendición de cuentas en el sector empresarial.
El caso fortalece al movimiento ambiental que exige más responsabilidad de las empresas de combustibles fósiles, reafirmado que se trata de una cuestión de justicia. Finalmente, el caso demuestra que los tribunales pueden ser una vía efectiva para exigir acción climática, además de alimentar la construcción de estrategias legales en favor del ambiente y del clima.
La condena de costas
Algo que ha llamado la atención de la sentencia de 2024 es que ordenó que quienes presentaron la demanda paguen los costos del juicio, pese a la notoria disparidad en los recursos económicos de las ONG demandantes y los de una de las petroleras más grandes del mundo. Sin embargo, esto es más común en los litigios del norte de lo que podríamos pensar bajo la lógica latinoamericana. En Holanda siempre se condena al pago de costas a la parte perdedora en cualquier instancia, incluso si no pierde totalmente. Tras la sentencia de 2021, Shell pagó los costes a las ONG demandantes y estas, al apelar, estaban preparadas para hacerlo, previendo incluso cuánto tendrían que pagar si perdían.
¿Qué sigue ahora?
El caso aún no se ha cerrado, queda la última instancia ante la Suprema Corte de Países Bajos, donde podría revertirse la decisión de apelación.
Se espera que durante este año y parte del siguiente se lleven a cabo las audiencias ante el máximo tribunal y que para 2026 se tenga un veredicto definitivo.
Habrá que estar muy pendientes de la evolución de este juicio, que hasta ahora se ha presentado como un caso paradigmático que puede llegar a influir de manera importante en futuros litigios climáticos.
* Gisselle García es abogada de AIDA y Florencia Ortúzar es directora del Programa de Clima de AIDA