NAR Colombia
En diciembre de 2022, doce personas Pastos de los resguardos Cumbal, Mayasquer, Panam y Chiles de Nariño, Colombia, se enteraron de la existencia de un contrato entre la autoridad de la comunidad indígena de Gran Cumbal y SVP Business SAS para la compra de bonos de carbono relacionados con el proyecto REDD+ “Pachamama Cumbal”.
En junio de 2023, presentaron una acción de tutela alegando que las empresas privadas involucradas en el contrato de bonos de carbono y el proyecto REDD+ asociado no obtuvieron su consentimiento y violaron sus derechos fundamentales a la consulta libre, previa e informada, la participación activa y efectiva en la toma de decisiones, el territorio como propiedad colectiva, la autodeterminación y la justicia ambiental desde una perspectiva indígena. Señalaron que el contrato se negoció sin su conocimiento, a pesar de que afectaba territorio indígena Pasto y que la autoridad indígena se extralimitó en sus funciones aunado a que no compartió información con la comunidad. Finalmente, expusieron que la implementación del proyecto REDD+ y la compra de créditos de carbono violaba sus derechos fundamentales (comunidad indígena) ya que no existió participación activa y efectiva en la toma de decisiones, al territorio como propiedad colectiva, a la autodeterminación y a la justicia ambiental desde una perspectiva indígena.
El 21 de julio de 2023, el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumbal, Nariño (primera instancia) determinó que los demandados habían vulnerado los derechos de los demandantes al no llevar a cabo el proceso de consulta libre, previa e informada con toda la comunidad en relación con el contrato de bonos de carbono asociado al proyecto REDD+ Pachamama Cumbal. El juez otorgó una medida cautelar contra el proyecto REDD+ y el contrato de bonos de carbono y ordenó a los demandados llevar a cabo un proceso de consulta libre, previa e informada, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
En la decisión, el juez mencionó los beneficios que aportan los proyectos REDD+ a la acción climática debido a su enfoque preventivo. La decisión destacó que estos proyectos actúan como incentivo para la protección forestal y contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la falta de participación significativa de la comunidad indígena durante las fases previas del contrato violó los derechos fundamentales de los demandantes. Más importante aún, el juez subrayó la flagrante falta de información sobre la asignación de recursos financieros resultantes de la compra de créditos de carbono y afirmó el derecho de las comunidades indígenas a dicha información. Por lo tanto, el juez ordenó a los demandados celebrar una audiencia pública para que presentaran a la comunidad indígena un informe financiero detallado y claro sobre los recursos del proyecto REDD+ y la compra de créditos de carbono.
Los acusados apelaron esta decisión y el 23 de agosto de 2023, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ipiales, Nariño (de segunda instancia) confirmó la decisión del tribunal de primera instancia, solo haciendo ajustes a los plazos para realizar el proceso de consulta.
Implementación
Esta sentencia representa un hito por ser un avance jurisprudencial que analiza cómo los derechos fundamentales de los pueblos indígenas han sido afectados a partir de una relación contractual entre empresas privadas. Los plazos establecidos en las sentencias tanto de primera como de segunda instancia fueron vencidos durante 2024. En la sentencia de segunda instancia se estableció un periodo de dos meses para presentar la solicitud de consulta libre, previa e informada ante la autoridad correspondiente (Ministerio del Interior) y seis meses para que la cartera ministerial tome una decisión frente dicha solicitud.
Los proyectos de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques, mejor conocidos como REDD+, enlazan a comunidades locales interesadas en la protección y cuidado de sus bosques con la finalidad de mitigar la crisis climática global con empresas que compran sus bonos de carbono para compensar su propio uso de combustibles fósiles. Cada uno de esos bonos o créditos generados por un proyecto REDD+ equivale a una tonelada de dióxido de carbono —uno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio climático— que ya no sube a la atmósfera producto de ese esfuerzo de conservación.
La política nacional colombiana define las salvaguardas como “las reglas de juego para que REDD+ funcione adecuadamente en el territorio”, pero se limita a decir que uno de sus objetivos es “dar seguimiento a la aplicación de salvaguardas sociales y ambientales”, sin detallar eso cómo ocurriría ni qué responsabilidades concretas le corresponden a quiénes.
En la sentencia se mencionó explícitamente los beneficios que los proyectos REDD+ aportan a la acción climática, en particular debido a su enfoque preventivo; sin embargo estos proyectos deben realizarse cumpliendo “las reglas de juego vinculantes y ante todo el sentimiento de equidad y distribución justa de los beneficios”.
No cumplir con la consulta indígena en los proyectos de REDD+ desemboca en una afectación, la cual, si bien, no proviene de la injerencia física en los recursos naturales, resulta de una operación financieramente considerable que trastoca la cohesión social de una comunidad, lo cual altera la convivencia y determina el nacimiento de una controversia malsana en cualquier colectivo social.
- Indígenas de los Pastos de los resguardos Cumbal, Mayasquer, Panam y Chiles.
- SVP Business SAS.
- Global Consulting and Assessment Services SA.
- Deutsche Certification Body SAS.
- Autoridad indígena de “Gran Cumbal”
Según datos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y el Center for Clean Air Policy (CCAP) se calcula que en Colombia existen 123 proyectos forestales en 14 millones de hectáreas del país, de los cuales 71 son REDD+ y 52 de reforestación o restauración. El 56 % está en fases de factibilidad o idea y el restante entre procesos de verificación y recepción de pagos.
Hace una década, cuando empezaron a gestionarse los proyectos REDD+, surgió la preocupación de cómo lograr que ese dinero llegara a las comunidades indígenas y campesinas sin vulnerar sus derechos sino, por el contrario, se afianzara la gobernanza de bosques -estratégicos para mitigar la crisis climática global. La solución a ese temor quedó plasmada en las llamadas “Salvaguardas de Cancún” que son siete reglas de juego acordadas en la cumbre climática de Naciones Unidas de Cancún en 2010. Estas buscan garantizar que las iniciativas para reducir las emisiones de dióxido de carbono por cuenta de la deforestación funcionen bien y en efecto protejan a esas comunidades y la biodiversidad. Esto porque, con frecuencia, quienes habitan en aquellos bosques tropicales son minorías étnicas vulnerables.
Colombia hizo un trabajo juicioso y ambicioso en adaptar esas Salvaguardas a la realidad nacional. Pero dejó la tarea a medio hacer y omitió hacer esas reglas obligatorias para los proyectos privados del mercado de carbono que han proliferado en los últimos años y no ha cumplido con crear un sistema de información de salvaguardas y un mecanismo de atención ciudadana.
El vacío normativo ha generado graves problemas en los proyectos REDD+, y los últimos gobiernos colombianos han omitido reglamentar la manera en que los proyectos privados REDD+ -que están vendiendo bonos a empresas como una alternativa para que no deban pagar un impuesto al carbono- deben incorporar estas salvaguardas. Tampoco han vigilado si en efecto las están cumpliendo. El mercado de carbono ha sido uno de los mecanismos de financiamiento climático que ha estado en el centro de discusiones de la implementación del Acuerdo de París.
En este caso en concreto, las afectaciones al pueblo de los Pastos, se encuentran enmarcadas en un territorio donde el ecosistema es de alta montaña (en el suroccidente de Colombia). En esta zona, los páramos se caracterizan por la diversidad biológica, la alta altitud y las condiciones climáticas extremas. Los páramos son ecosistemas tropicales de alta montaña con una alta diversidad de plantas y animales, incluyendo especies endémicas. Esta región enfrenta amenazas por el cambio climático, la expansión agrícola y la minería, pero a su vez, su conservación representa un gran aporte a la mitigación del cambio climático.
- Acuerdo de París
Leyes nacionales
- Ley 1931 de 2018
Principios
- Principio de prevención
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