AMA Colombia
25 jóvenes de 17 ciudades y municipios de Colombia, con el apoyo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad la organización (Dejusticia), presentaron una acción de tutela contra la Presidencia de la República de Colombia; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; las tres Corporaciones Autónomas Regionales que tienen jurisdicción en la Amazonía, y 14 municipios de la Amazonía que concentran el mayor porcentaje de deforestación de esta región, por sus omisiones en el cumplimiento de su deber de protección ambiental que ha llevado a un aumento en la tasa de deforestación, principal causante de emisiones de gases efecto invernadero, a su vez principal causa del cambio climático. Los demandantes argumentaron que el aumento de emisiones de gases efecto invernadero asociado a la deforestación vulnera su derecho a gozar de un ambiente sano y genera una amenaza a sus derechos a la vida, al agua, a la salud y a la alimentación como generación futura que tendrá que vivir el primer escenario de cambio climático 2040-2070.
Entre los compromisos incumplidos por el gobierno colombiano se destacan: la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero, contenida en el Acuerdo de París ratificado por Colombia, y la disminución de la tasa de deforestación a cero en la Amazonia colombiana para el año 2020, contenida en un Joint Statement firmado por Colombia, Reino Unido, Alemania y Noruega, y confirmada en la Constitución colombiana y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
El caso fue conocido por un tribunal de primera instancia, que desestimó la demanda. Esta resolución fue apelada por los demandantes ante la Corte Suprema de Justicia, que revirtió dicha decisión y reconoció a la Amazonía colombiana como entidad sujeta de derechos. Asimismo, ordenó la creación de un Plan de acción para reducir la deforestación y de un Pacto Intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano (PIVAC).
Implementación
Después de la sentencia se han presentado dos informes de seguimiento al caso, uno el 5 de abril de 2019 y otro el pasado 20 de octubre; y entre octubre y noviembre del 2019 se realizaron una serie de audiencias para verificar los avances en el cumplimiento de la sentencia. Las conclusiones de los informes son que a la fecha no ha existido un cumplimiento cabal de ninguna de las órdenes de la sentencia.
En el marco del proceso de seguimiento de la sentencia, el 18 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Bogotá entre otras disposiciones ordenó la creación de dos mesas técnicas; la primera para la ejecución de la sentencia, y la segunda para apoyo al seguimiento al cumplimiento. Así mismo, ordenó que las entidades encargadas de liderar las mesas recién conformadas con el acompañamiento de los accionantes, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adopten en un plazo de 5 meses una estrategia que garantice la sostenibilidad económica para la materialización de la sentencia. Igualmente, insta a la comunidad a radicar solicitudes a la mesa técnica de apoyo al seguimiento, y solicita se habiliten los canales de comunicación para este fin con miras a ampliar el proceso participativo. Finalmente se toman disposiciones que buscan hacer más expedito el proceso de seguimiento.
Los promotores de la demanda piden la protección de sus derechos a gozar de un ambiente sano, basados en el aumento de la deforestación y de la emisión de los gases de efecto invernadero en un contexto de cambio climático. Aseguran que el cambio climático tiene consecuencias negativas, no solo en la región, sino también en los ecosistemas del país, alterando negativamente el ciclo del agua, la capacidad de los suelos para captar y absorber agua cuando llueve, y los suministros de agua que llegan a los páramos y que a su vez llegan a las ciudades, así como la producción de alimentos, el aumento de las costas, la probabilidad de aumento de enfermedades asociadas a vectores y cambios en las ciudades y formas de vida de los demandantes. Como respuesta, la Corte Suprema ordenó la creación de planes de acción que contrarresten la tasa de deforestación y hagan frente al cambio climático, así como la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de la Amazonía para que tengan un enfoque de adaptación al cambio climático.
Los accionantes actúan de manera colectiva por ser la generación que se enfrentará a las mayores consecuencias del cambio climático.
La Corte Suprema de Justicia hizo hincapié en el compromiso de Colombia de lograr la reducción de la deforestación y de las emisiones de gases de efecto invernadero, adoptados en el marco del Acuerdo de París.
La decisión ordena hacer frente a la deforestación en el marco del cambio climático, a través de un plan para mitigar las alertas tempranas de deforestación. También se ordena a las Corporaciones Autónomas Regionales la creación de planes de acción para reducir la deforestación, con estrategias medibles de tipo preventivo, obligatorio, correctivo y pedagógico, dirigidas a la adaptación del cambio climático.
- Jóvenes de entre 7 y 25 años que viven en 17 ciudades y municipios altamente vulnerables al cambio climático, con el apoyo de Dejusticia.
- Presidencia de la República.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales.
- Gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.
- Corpoamazonía.
- CDA.
- Cormacarena.
- 14 municipios de la Amazonía colombiana donde están concentradas las Alertas Tempranas de Deforestación.
La Amazonia colombiana es la región con mayor desforestación del país. En virtud del Acuerdo de París, en la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) el gobierno colombiano se comprometió a reducir la deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero. Entre 2017 y 2018, y 2018 y 2019 se redujo la deforestación, pero en 2020 todo parece indicar que la deforestación ha aumentado.
Entre 2017 y 2018 se redujo el nivel de deforestación a nivel nacional, pasando de 219.973 hectáreas a 197.159 hectáreas (ha) deforestadas (reducción del 10%), y en la Amazonía, paso de 144.147 ha a 138.176 ha deforestadas (reducción del 5%); sin embargo, en dicho período la proporción de la deforestación en la Amazonía respecto al total nacional aumentó (pasó del 65,5% al 70,1% de la deforestación nacional).
Entre 2018 y 2019 se redujo el nivel de deforestación a nivel nacional, pasando de 197.159 ha a 158.894 ha deforestadas (reducción del 19%), y en la Amazonía, paso de 138.176 ha a 98.256 ha deforestadas (reducción del 28,89%). Adicionalmente, se redujo la proporción de la deforestación en la Amazonía respecto al total nacional (pasó del 70,1% al 62% de la deforestación nacional).
Entre el primer trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2020, la Amazonía colombiana pasó de concentrar el 57,75% de la deforestación nacional al 68,39%, y en el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, la Amazonía colombiana pasó de concentrar el 11,39% de la deforestación nacional al 40,75%.
Normas:
- Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Convención sobre la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares
- Convenio de Ginebra
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
- Acuerdo de París
- Constitución Política
Principios:
- Precaución
- Equidad Intergeneracional
- Solidaridad
- Participación
- Interés de los niños y niñas