AL Brasil
El caso Pinheiro/Braskem se hizo conocido tras un temblor de tierra en marzo de 2018 en Maceió (estado de Alagoas), que provocó grietas, hundimientos y cráteres en los barrios de Pinheiro, Mutange, Bebedouro y Bom Parto. Inicialmente, se barajaron hipótesis sobre fallas en el sistema de alcantarillado o movimientos naturales del suelo. Pero las investigaciones del Servicio Geológico de Brasil (SGB/CPRM) concluyeron que la causa era la extracción de sal-gema (cloruro de sodio) realizada durante décadas por la empresa petroquímica Braskem S.A., lo que generó subsidencia —el hundimiento progresivo del terreno por colapso de minas subterráneas—.
El estudio, elaborado por 52 científicos, descartó causas naturales y atribuyó el fenómeno al colapso de minas presurizadas bajo la zona urbana, usadas desde los años 1970 para extraer sal-gema cerca de la Lagoa Mundaú. El temblor de 2018 habría sido resultado del derrumbe de una de esas cavidades.
La Defensa Civil municipal y nacional, junto al Ministerio Público Federal (MPF), realizaron inspecciones y determinaron la evacuación urgente de miles de viviendas. En diciembre de 2018, el MPF asumió formalmente la investigación y en agosto 2019 presentó una Acción Civil Pública contra Braskem S.A., Odebrecht, Petrobras, la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Instituto de Medio Ambiente de Alagoas (IMA), la Unión, el Estado de Alagoas y el BNDES.
La demanda imputaba responsabilidad ambiental solidaria a las empresas y al poder público por los daños socioambientales y solicitaba medidas urgentes, la desconsideración de la personalidad jurídica de las empresas, y una reparación integral de los daños estimada en al menos 20.500 millones de reales, además de 3.075 millones en compensaciones adicionales y una indemnización por daño moral colectivo equivalente al 20% del daño ambiental.
En diciembre de 2020, el MPF y Braskem firmaron un acuerdo judicial, homologado en enero de 2021, para extinguir la acción civil. El pacto obliga a la empresa a implementar tres frentes de actuación:
- Sociourbana: reasentamiento de familias, preservación del patrimonio, movilidad y compensaciones sociales.
- Ambiental: restauración del manglar (47 ha con el proyecto Aflora Mangue), monitoreo de fauna y acuíferos.
- Estabilización geotécnica: cierre y relleno de los pozos bajo supervisión de la ANM.
Hasta septiembre de 2023, Braskem había desembolsado aproximadamente 9,2 mil millones de reales en medidas de reparación y compensación.
Los demandantes alegaron una relación entre el fenómeno geológico y los eventos climáticos extremos: ya que durante los primeros daños estructurales se agravaron tras fuertes lluvias ocurridas en febrero de 2018, poco antes del temblor de tierra. Este evento pluviométrico intenso funcionó como un factor desencadenante o agravante del proceso de subsidencia, al aumentar la infiltración de agua en un suelo ya debilitado por la explotación minera. Así, las lluvias extremas —un elemento climático— desempeñaron un papel relevante en la manifestación de los daños.
También expusieron la dimensión ambiental y los riesgos climáticos: La subsidencia afectó el sistema hídrico y los ecosistemas de la Lagoa Mundaú, una región de manglares que cumple funciones climáticas locales importantes (como la regulación térmica y la captura de carbono). Las medidas de reparación ambiental incluyeron, incluso, la reforestación de áreas de manglar, reconociendo la importancia de estos ecosistemas para el equilibrio climático y la resiliencia ambiental.
- Ministério Público Federal
- Braskem S.A.
- Odebrecht S.A.
- Petroleo Brasileiro S.A. – Petrobras
- Agência Nacional de Mineração – ANM
- Instituto de Meio Ambiente de Alagoas – IMA/AL
- Unión Federal
- Estado de Alagoas
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
El caso se centra en la ciudad de Maceió, capital del estado de Alagoas, en los barrios del Pinheiro, Mutange, Bebedouro y Bom Parto, ubicados en las márgenes de la Lagoa Mundaú. Esta área combina densidad urbana histórica con un subsuelo altamente explotado mediante la extracción de sal gema por la empresa Braskem, actividad iniciada en la década de 1970.
Los daños surgieron por la subsistencia del terreno debido al colapso de minas subterráneas, agravados por fuertes lluvias, lo que obligó a la evacuación de más de 55.000 personas y generó un vacío urbano sin precedentes. Las infraestructuras, calles y viviendas resultaron gravemente afectadas, impactando la movilidad, el comercio y la vida cotidiana de los habitantes.
El territorio también incluye ecosistemas frágiles, como manglares y acuíferos de la Lagoa Mundaú, cuya degradación ha alterado funciones ambientales y climáticas locales.
La gestión del desastre implicó la intervención de múltiples actores: Unión Federal, Estado de Alagoas, Prefeitura de Maceió, ANM, IMA y MPF, coordinando medidas de emergencia, planes de reasentamiento, reparación ambiental y recuperación urbana.
En síntesis, el contexto territorial del caso es urbano y costero, donde la actividad minera subterránea en un área densamente poblada produjo graves daños socioambientales, afectando tanto a la comunidad humana como a los ecosistemas locales, y transformando radicalmente la geografía urbana de Maceió.
Acuerdos/tratados internacionales
- Acuerdo de París y CMNUCC
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Legislación nacional
- Ley General de Bases del Medio Ambiente
- Política Nacional do Medio Ambiente
- Resolucióno nº 01/86 do CONAMA
Principios
- Principio de prevención
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