Ecuador
En 2021, diversas organizaciones indígenas promovieron una acción de inconstitucionalidad, buscando que se expulse del ordenamiento jurídico ecuatoriano el Decreto No. 95, conocido como “el decreto petrolero”, que propone una política pública de transición en la que el control y el manejo de los sectores estratégicos pasen de las manos del Estado a capitales privados, a través de contratos de participación.
Este traspaso implica que el Ejecutivo revise, acelere y flexibilice varios procesos habilitantes que autorizan la licitación y/o concesión de bloques petroleros. Las organizaciones promoventes indican que con la emisión del decreto se viola el artículo 57 Constitucional que reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a participar en las decisiones que les conciernen, ya que el gobierno no convocó a ningún proceso de participación pública para discutir y decidir la política hidrocarburífera.
En ese sentido, los promoventes solicitaron declarar la inconstitucionalidad del Decreto tanto de forma y como de fondo.
El Decreto impugnado tramita una política pública que permitiría maximizar las actividades extractivas, y en especial, las actividades derivadas de la extracción y transporte de crudo en la Amazonía ecuatoriana.
En la acción se hace referencia a la deforestación que causan los proyectos impulsados por el Decreto, indican que las plataformas petroleras causan deforestación, la cual es una de las fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero.
Con la aplicación del Decreto el Estado ecuatoriano estaría incumpliendo sus compromisos climáticos al colaborar a la producción de combustibles fósiles desde petro-derivados, actuando en contra de la mitigación del cambio climático.
También incumpliría con sus obligaciones internacionales derivadas de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París que llama a reforzar la respuesta mundial para enfrentar el cambio climático, mediante esfuerzos ambiciosos y progresivos para transitar a una economía libre de combustibles fósiles.
- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)
- Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)
- Comunidad A’i Cofán de Sinangoe
- Presidencia de la República de Ecuador
Tradicionalmente, la explotación petrolera en Ecuador ha estado centrada en su selva amazónica. Tanto los planes actuales y futuros de licitación y adjudicación han sido formulados alrededor de pozos petroleros ubicados en la Amazonía. Dentro de este espacio natural, también, habitan comunidades indígenas, en contacto, contacto inicial e inclusive en aislamiento voluntario, quienes no han participado dentro de procesos de consulta previa y prelegislativa, conforme sus derechos colectivos y no existen garantías para la protección de las referidas prerrogativas.
Internacionales:
- Convenio 169 de la OIT
- Convención Americana de Derechos Humanos.
Nacionales:
- Constitución de la República del Ecuador.