DF Brasília Brasil
Se trata de una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, presentada por el Partido Renovação Democrática (PRD) ante el Supremo Tribunal Federal (STF). La acción impugna diversos artículos de la Ley Federal nº 13.576/2017, que establece la Política Nacional de Biocombustibles (RenovaBio), así como disposiciones del Decreto nº 9.888/2019, de la Resolución ANP nº 791/2019 y de la Portaría Normativa nº 56/2022 del Ministerio de Minas y Energía. El partido sostiene que tales normas violan la Constitución Federal, los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, tratado internacional de derechos humanos con fuerza supralegal en Brasil.
Según el PRD, el diseño actual del RenovaBio discrimina a los distribuidores de combustibles fósiles, al imponerles, de manera exclusiva, la obligación de adquirir Créditos de Descarbonización (CBIOs) —bajo sanción económica— para cumplir las metas anuales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El partido argumenta que este modelo rompe el principio de igualdad y del “poluidor-pagador”, (que establece que la responsabilidad por la contaminación recae en quien la genera, no en el estado o la sociedad), ya que responsabiliza únicamente a los distribuidores por la descarbonización de toda la cadena de combustibles fósiles, aunque otros agentes (productores, refinadores e importadores) también contribuyen a las emisiones.
Alega, además, que el RenovaBio ha generado efectos contrarios a sus propios objetivos ambientales, provocando ineficiencia, asimetrías regulatorias y repercusiones negativas en los planos ambiental, social y económico. Entre los impactos señalados están el aumento del precio de los combustibles, el incremento de la inflación y el mayor consumo de combustibles fósiles, lo cual, según el partido, agrava las emisiones de GEI y contradice los compromisos climáticos internacionales de Brasil. El PRD sostiene que el programa, en su estructura actual, no incentiva efectivamente la reducción de emisiones ni promueve la transición energética sostenible, convirtiéndose en una política pública ineficaz y regresiva desde el punto de vista climático. En sede cautelar, solicita la suspensión inmediata de los artículos impugnados hasta el juicio definitivo. En el fondo, pide que se declare la inconstitucionalidad total o parcial de los dispositivos, o que se les otorgue una interpretación conforme a la Constitución, de modo que las metas de descarbonización sean proporcionales, equitativas y aplicadas a todos los agentes del sector energético, garantizando transparencia y equilibrio climático.
Los elementos climáticos presentes en la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) nº 7596, presentada por el Partido Renovação Democrática (PRD), se centran en la discusión sobre la efectividad y equidad climática del programa RenovaBio, la Política Nacional de Biocombustibles de Brasil. El caso se sitúa en el marco del Acuerdo de París y los compromisos internacionales asumidos por Brasil para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 37 % hasta 2025 y en un 43 % hasta 2030, con la ampliación de la participación de energías renovables y biocombustibles en la matriz energética nacional. El RenovaBio se creó para cumplir estos compromisos mediante el establecimiento de metas obligatorias de descarbonización y la creación de Créditos de Descarbonización (CBIOs) como instrumento económico para incentivar la reducción de emisiones. Sin embargo, el PRD sostiene que el diseño del programa viola principios ambientales y climáticos fundamentales, en especial los de equidad, proporcionalidad e igualdad ante la ley, al imponer la obligación de compra de CBIOs únicamente a los distribuidores de combustibles fósiles, eximiendo a otros agentes de la cadena productiva (productores, refinadores, importadores).
Esta estructura, argumenta el partido, contradice el principio del “poluidor-pagador” y desvirtúa los objetivos del Acuerdo de París, al generar una política pública ineficiente, regresiva y con efectos climáticos adversos. El documento sostiene que la asimetría normativa produce consecuencias climáticas y económicas negativas: el aumento del precio de los combustibles, la inflación, el mayor consumo de combustibles fósiles y, por tanto, el incremento de las emisiones de GEI, lo que se opone a la meta de mitigación climática. Además, el CBIO se habría convertido en un activo financiero especulativo, sin garantizar reducción real de emisiones ni expansión efectiva de los biocombustibles.
El partido afirma que la política actual no cumple con la “adicionalidad climática” exigida por el Acuerdo de París, ya que no genera resultados mensurables de mitigación. En consecuencia, solicita al Supremo Tribunal Federal la revisión constitucional de los artículos de la Ley nº 13.576/2017 y normas conexas, buscando un rediseño del programa que asegure una transición energética justa, eficiente y verdaderamente alineada con los objetivos de descarbonización y de protección climática global.
- Partido Renovação Democrática (PRD)
- Congreso Nacional
- Presidente de la República
- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
- Ministério de Minas e Energia (MME)
La acción no se centra en un territorio específico, sino en una política pública de alcance nacional —el RenovaBio, la Política Nacional de Biocombustibles—, cuyos efectos climáticos, ambientales y económicos se extienden por todo el territorio brasileño. Sin embargo, el caso incide de manera más directa en las regiones productoras y consumidoras de combustibles fósiles y biocombustibles, especialmente en los estados del Centro-Sur, como São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais y Paraná, donde se concentra la producción de etanol, biodiésel y combustibles derivados del petróleo. Estas zonas albergan extensas áreas agrícolas dedicadas a monocultivos de caña de azúcar, soya y maíz, que abastecen la cadena de biocombustibles. El modelo productivo asociado al RenovaBio genera presiones ambientales sobre biomas estratégicos, como el Cerrado y la Mata Atlántica, contribuyendo a la deforestación, pérdida de biodiversidad y degradación del suelo y del agua. Asimismo, las comunidades rurales, pueblos indígenas, quilombolas y pequeños agricultores se ven afectados por los impactos socioambientales derivados de la expansión agroenergética, como el acaparamiento de tierras, la contaminación por agroquímicos y la reducción del acceso al agua. En las áreas urbanas, el incremento del costo de los combustibles también afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población. Por ello, aunque el objeto principal de la acción es jurídico y regulatorio, su trasfondo involucra la protección climática y socioambiental de los territorios brasileños, así como la búsqueda de una transición energética equitativa que no agrave las desigualdades ni los daños ecológicos existentes.
Acuerdos/tratados internacionales
- Acuerdo de París
Leyes nacionales
- Constitución Federal
- Ley nº 13.576/2017 (RenovaBio)
- Decreto nº 9.888/2019
- Resolución ANP nº 791/2019
- Portaría Normativa nº 56/2022
Principios
- Principio de prevención
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