SC Brasil
Este caso es una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, presentada por el partido Rede Sustentabilidade (Rede), junto con la petición de admisión del Instituto Internacional Arayara de Educación y Cultura (Instituto Internacional Arayara) como amicus curiae. La demanda cuestiona la constitucionalidad de la Ley Estatal 18.330/2022, que instituye la Política Estatal de Transición Energética Justa y el Polo de Transición Energética Justa del Sur del Estado de Santa Catarina. La ley trata sobre la generación de energía eléctrica y la necesidad de una transición justa en el estado, pero mantiene el uso de fuentes no renovables, como las termelétricas de carbón, argumentando que son esenciales para garantizar la seguridad energética. Según la parte demandante, la norma constituye una “fachada legislativa” destinada a perpetuar el uso del carbón en la matriz energética estadual, ya que no establece medidas para reducir los gases de efecto invernadero (GEI) ni plazos para abandonar el carbón. Por el contrario, prevé la instalación de nuevos complejos industriales basados en este combustible fósil y otorga incentivos fiscales y crediticios a su cadena productiva, sin límites temporales. La demanda sostiene que tales incentivos implican un financiamiento indirecto de la energía derivada de la quema de carbón, lo cual contradice la Constitución Federal, el Acuerdo de París (Decreto Federal 9.073/2017) y la Política Nacional sobre el Cambio Climático (Ley 12.187/2009). Argumenta que la ley representa un retroceso ambiental, al fomentar el uso de combustibles fósiles en contraposición con los compromisos internacionales de reducción de emisiones. Además, denuncia que la utilización del carbón genera impactos socioambientales graves, daños a la salud pública y empeora las condiciones de vida de comunidades vulnerables. La parte demandante también impugna el artículo 42, que excluye la responsabilidad por daños ambientales en actividades licenciadas, por contradecir la normativa federal que no admite tales exenciones. Asimismo, critica la composición del Consejo Gestor de la política, por violar los principios de democracia participativa e igualdad, al otorgar mayoría al gobierno y excluir a representantes de organizaciones ambientales y laborales. La demanda alega vicios formales y materiales que violan varios artículos de la Constitución, incluyendo los relativos a la participación democrática, igualdad, derechos sociales, desarrollo sostenible, salud y medio ambiente equilibrado. Solicita la suspensión cautelar de los artículos inconstitucionales y, en el fondo, la anulación total de la ley. El Supremo Tribunal Federal, en decisión del 5 de noviembre de 2025, juzgó parcialmente procedentes los pedidos y declaró la inconstitucionalidad del §5º del artículo 34 de la Ley 18.330/2022 del Estado de Santa Catarina.
En la demanda de inconstitucionalidad presentada por el partido Rede Sustentabilidade, los argumentos climáticos fueron centrales para sustentar la impugnación de la Ley Estadual 18.330/2022, que instituye la Política Estatal de Transición Energética Justa en Santa Catarina. Los demandantes sostuvieron que la ley, aunque se presenta bajo el discurso de una transición energética justa, contradice los compromisos climáticos nacionales e internacionales asumidos por Brasil. Argumentaron que la norma fomenta la continuidad y expansión del uso del carbón mineral, fuente altamente emisora de gases de efecto invernadero (GEI), lo cual constituye un retroceso ambiental incompatible con el principio de progresividad en materia de protección climática. La demanda destacó que la ley no establece metas, plazos ni estrategias para la reducción de emisiones de CO₂ ni para la sustitución de fuentes fósiles por renovables. Por el contrario, prevé la creación de nuevos complejos industriales carboníferos y otorga incentivos fiscales y crediticios a la cadena del carbón sin límites temporales, favoreciendo la permanencia de un modelo energético contaminante y contrario a los objetivos de descarbonización. Se argumentó que esta política infringe los compromisos de Brasil en el Acuerdo de París (Decreto Federal 9.073/2017), así como los objetivos de la Política Nacional sobre Cambio del Clima (Ley 12.187/2009), que determinan la reducción de emisiones y la adopción de políticas públicas coherentes con el desarrollo sostenible. También se invocó el artículo 225 de la Constitución Federal, que reconoce el derecho de todos a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, imponiendo al Estado y a la sociedad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras. Además, los demandantes enfatizaron los impactos socioambientales y climáticos del uso del carbón, tales como la contaminación del aire y del agua, el agravamiento de las mudanzas climáticas y los perjuicios a la salud pública, especialmente en comunidades económicamente vulnerables. Sostuvieron que promover la industria carbonífera bajo el rótulo de “transición justa” distorsiona el propio concepto de justicia climática, ya que profundiza desigualdades sociales y ambientales. En su decisión, el Supremo Tribunal Federal reconoció parcialmente los argumentos y declaró la inconstitucionalidad del §5º del artículo 34 de la ley, reafirmando la necesidad de que las políticas energéticas estatales sean compatibles con los compromisos climáticos de Brasil y respeten los principios constitucionales de protección ambiental y desarrollo sostenible.
- Partido Rede Sustentabilidade
- Sindicato da Indústria da Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina – Siecesc
- Instituto Arayara de Educacao para a Sustentabilidade
- Asamblea Legislativa del estado de Santa Catarina
El territorio objeto de la acción corresponde al sur del Estado de Santa Catarina (Brasil), donde se localiza el denominado Polo de Transición Energética Justa del Sur de Santa Catarina, integrado principalmente por los municipios de la región carbonífera —como Criciúma, Capivari de Baixo, Siderópolis, Lauro Müller y Urussanga—. Esta zona concentra la cadena productiva del carbón mineral, incluyendo su extracción, procesamiento, transporte y quema para la generación de energía eléctrica en complejos termoeléctricos. El Complejo Termoeléctrico Jorge Lacerda (CTJL), situado en el municipio de Capivari de Baixo, constituye el mayor punto de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) de toda la región Sur de Brasil, generando más de 4,5 millones de toneladas de CO₂ anuales. Esta actividad ha dejado un extenso pasivo ambiental por contaminación del suelo, agua y aire, además de afectar la salud pública de las poblaciones locales, con alta incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Las comunidades del entorno, integradas en su mayoría por trabajadores mineros, familias de bajos ingresos y pueblos rurales, enfrentan una situación de vulnerabilidad socioeconómica y ambiental. La minería subterránea de carbón ha degradado los ecosistemas locales, afectado fuentes hídricas y reducido la calidad del aire, provocando impactos acumulativos sobre la biodiversidad y las condiciones de vida. La acción busca proteger estos territorios y comunidades, promoviendo una transición energética justa y sostenible, orientada al abandono progresivo del carbón y a la reparación de los daños socioambientales históricos sufridos por la región carbonífera de Santa Catarina.
Acuerdos/tratados internacionales
- Acuerdo de París y CMNUCC
Leyes nacionales
- Política Nacional sobre Cambio del Clima (Ley 12.187/2009)
- Artículo 225 de la Constitución Federal
Principios
- Principio de progresividad
- Principios constitucionales de protección ambiental y desarrollo sostenible
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