Partidos políticos presentaron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) en contra de la Unión, dado que no ha adoptado medidas urgentes destinadas a combatir eficazmente la deforestación en Amazonía legal y la emergencia climática.

Específicamente, la acción presentada tiene por objeto la ejecución efectiva de la política pública del Estado para combatir la deforestación en la Amazonia Legal, en concreto el Plan de Acción para Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm) para hacer posible el cumplimiento de los objetivos climáticos asumidos Brasil ante la comunidad mundial en acuerdos internacionales e internalizados por la legislación nacional.

Entre los argumentos presentados por los demandantes se incluyen: a) Acción estatal absolutamente deficiente (reducción de la inspección y el control del medio ambiente); b) Actos omisivos y comisivos para hacer imposible la aplicación del PPCDAm, incluyendo la desestructuración de las agencias y entidades federales; c)La no aplicación del presupuesto disponible y congelación de la financiación de las políticas públicas; d) Los actos normativos destinados a hacer inviable una acción estatal suficiente; e) Los actos omisivos y comisivos que atentan contra los derechos fundamentales de información y participación en asuntos ambientales y; f) La “extinção branca” (extinción blanca) del PPCDAm. Entre las diversas solicitudes de acción se encuentra el fin de la deforestación ilegal en la Amazonía Legal para el 2030, el cumplimiento del compromiso brasileño del Acuerdo de París al 2023: cumplir con la meta de 3.925 km² de tasa de deforestación anual en la Amazonía Legal, correspondiente a una reducción del 80% de los índices anuales en relación al promedio verificado entre los años 1996 y 2005.

Por la relevancia de la demanda y la especificidad del asunto, diferentes organizaciones formaron una coalición, que participarán en el proceso a través de un Amicus Curiae (Amigo de la Corte).

El Tribunal Tribunal Supremo Federal recibió la acción legal y  publicó una decisión en la que reconoció la representatividad de los postulantes como abogados capacitados específicamente para el propósito, tuvo por presentadas a las diferentes organizaciones a través de Amicus Curiae.

El 6 de abril de 2022, la Ministra que conoce del caso, tras reconocer la inconstitucionalidad de la deforestación ilegal de la Selva Amazónica,  solicitó a la Unión y los órganos y entidades federales competentes formulen y presenten un plan para la ejecución efectiva y satisfactoria del PPCDAm "con las medidas a adoptar para la reanudación de las actividades de control de la fiscalización ambiental y el combate a los delitos en el ecosistema, salvaguardando los derechos de los pueblos indígenas. La Ministra indicó que el plan debe contener un calendario con metas, objetivos, plazos, seguimiento, asignación presupuestaria y demás información necesaria para la planificación hasta diciembre de 2023.

La acción legal presentada contiene argumentos específicos sobre cambio climático; por ejemplo, destaca la importancia de los servicios ecosistémicos prestados por el Amazonas y que son esenciales para asegurar el equilibrio ecológico y el equilibrio climático a nivel local, regional y mundial. Refiere que la deforestación en el Amazonas produce consecuencias negativas irreversibles a nivel local y regional, reduciendo y eliminando los servicios de los ecosistemas que proporcionan los bosques; especialmente el ciclo hidrológico, que es esencial para la regulación del clima local, regional y mundial.

Argumenta también que la deforestación representa la principal fuente brasileña de emisiones de gases que causan el cambio climático y que las omisiones y acciones contrarias a los preceptos fundamentales violan los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, así como los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras en el Brasil.

• Partido Socialista Brasileiro (PSB)
• Rede Sustentabilidade
• Partido Democrático Trabalhista (PDT)
• Partido Verde (PV)
• Partido dos Trabalhadores (PT)
• Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
• Partido Comunista do Brasil.  

• La Unión (Administración Pública Federal).

De acuerdo con la acción presentada, el Amazonas es el bosque tropical más grande del mundo, que representa el 67% de toda la extensión de bosque tropical restante y está situado en nueve países de América del Sur. Brasil posee 60% del territorio amazónico, el cual ocupa el primer lugar en el ranking mundial de países con bosques tropicales. Además de la riqueza natural, la preservación de la Amazonia es esencial para garantizar la vida y la diversidad cultural de la "Gente de la Selva. Existen 188 pueblos indígenas, que suman alrededor de 505.000 personas de 38 familias lingüísticas diferentes y una amplia variedad de pueblos y comunidades tradicionales, como quilombolas, extractivistas, habitantes de los ríos, babaçueiros, castaños, entre otros.

Normas

• Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
• Acuerdo de París.
• Opinión Consultiva 23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Medio Ambiente y Derechos Humanos.
• Agenda 2030 de la ONU - Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Constitución de la República Federativa de Brasil.
• Ley Nº 9.882/1999.

Principios

• Equidad intergeneracional.
• Solidaridad.
• Precaución.
• Prevención.