DF Brasil
El 11 de noviembre de 2020 fue presentada una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF 760), por los mismos partidos políticos (PSB, Rede, PDT, Partido Verde, PT, PSOL y PCdoB) junto con organizaciones de la sociedad civil (APIB, Greenpeace, Conectas, Alana, Terrazul, Observatorio do CLima, etc), en contra de la Unión Federal y órganos de la Administración Pública Federal – IBAMA, ICMBio y FUNAI – por el incumplimiento del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia Legal (PPCDAm).
Este plan está previsto en la Política Nacional sobre Cambio Climático (Ley 12.187/2009) y su paralización se relaciona con la violación del derecho fundamental a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, los derechos de pueblos indígenas, comunidades tradicionales, niños y adolescentes, y las metas climáticas nacionales e internacionales.
Los demandantes expresaron su preocupación por la intensificación de la deforestación en la Amazonia y sus efectos adversos sobre Tierras Indígenas y Unidades de Conservación, advirtiendo sobre un “punto de no retorno” del ecosistema.
En el proceso cautelar se solicitó la ejecución efectiva de la política pública del Estado para combatir la deforestación en la Amazonia Legal, en concreto el Plan de Acción para Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm) para hacer posible el cumplimiento de los objetivos climáticos asumidos Brasil ante la comunidad mundial en acuerdos internacionales e internalizados por la legislación nacional.
En la decisión de estas preliminares, el Tribunal no avanzó en dirección a la realización de los pedidos, pero (1) publicó una decisión en la que reconoció la representatividad de los postulantes como abogados capacitados específicamente para el propósito, (2) recibió a diferentes organizaciones de la sociedad civil (OSC) que formaron una coalición grande, y que presentaron diversos amicus curiae; y (3) solicitó a la Unión y los órganos y entidades federales competentes que presentar un plan para la ejecución efectiva y satisfactoria del PPCDAm "con las medidas a adoptar para la reanudación de las actividades de control de la fiscalización ambiental y el combate a los delitos en el ecosistema, salvaguardando los derechos de los pueblos indígenas”.
La Ministra Ponente, Cármen Lúcia indicó que el plan debería contener un calendario con metas, objetivos, plazos, seguimiento, asignación presupuestaria y demás información necesaria para la planificación hasta diciembre de 2023. Como el plan no fue presentado, los demandantes reclamaron que el gobierno federal no había cumplido con la resolución judicial del proceso cautelar, y presentaron una nueva petición, reiterando sus pedidos iniciales, pero ahora ya en sede de juzgamiento definitivo.
El 1º de diciembre de 2023, ante la ausencia del plan federal, los solicitantes demandaron la declaración del “estado de cosa inconstitucional” de Brasil con respecto al clima y al medioambiente, para con eso obtener directamente de la tutela jurisdiccional (Poder Judiciario), la ejecución efectiva del PPCDAm, el fortalecimiento institucional de IBAMA, ICMBio y FUNAI, y la creación de una Comisión de Emergencia para Monitoreo, Transparencia, Participación y Deliberación.
Dada la similitud de objetos con la ADO 54, la Ministra Ponente Cármen Lúcia decidió juzgar ambos casos conjuntamente. En su voto, afirmó que el derecho a un medio ambiente equilibrado es fundamental y resaltó el principio de prohibición de retroceso ambiental. Señaló que existe un proceso de desmantelamiento silencioso del aparato normativo estatal, la naturaleza transnacional del cambio climático y tres pilares para políticas ambientales: Soporte científico, cooperación internacional y acción conjunta del Estado y la sociedad. Además, declaró como inconstitucional la deforestación ilegal y ordenó la reanudación del PPCDAm.
Finalmente, en abril de 2024, el Tribunal resolvió parcialmente a favor de los demandantes: no declaró un estado inconstitucional, pero reconoció fallas estructurales en la política de protección de la Amazonia Legal. Se determinó que el Gobierno Federal debe adoptar medidas efectivas para combatir la deforestación ilegal, fortalecer a los órganos de control gubernamentales (IBAMA, ICMBio y FUNAI) y garantizar transparencia en la presentación de información sobre acciones y resultados ante el Observatorio del Medio Ambiente y del Cambio Climático del CNJ.
La sentencia fue publicada el 26 de junio de 2024 y el proceso se encuentra en fase de ejecución. Este caso pertenece a un grupo de litigios estratégicos conocidos en Brasil como “paquete verde” (“Pauta Verde”).
Los votos mencionaron expresamente la relación entre deforestación y cambio climático, la justicia climática, la justicia intergeneracional y la protección de grupos vulnerables. Destacaron la necesidad de efectivizar los derechos fundamentales ambientales y climáticos, señalando que la deforestación compromete la existencia y biodiversidad amazónica.
- Partido Socialista Brasileiro (PSB)
- Rede Sustentabilidade (Rede)
- Partido Democrático Trabalhista (PDT)
- Partido Verde
- Partido dos Trabalhadores (PT)
- Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
- Partido Comunista do Brasil (PCdoB)
- Gobierno federal (Unión)
Brasil posee 60% del territorio amazónico y aproximadamente el 20% de todas las especies terrestres del planeta; al mismo tiempo, se ha convertido en el país con la mayor pérdida de bosques tropicales primarios y nativos en el mundo. La deforestación en Brasil aumentó el 51% durante el primer trimestre de 2020, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, las alertas en marzo crecieron un 29,9 por ciento, en comparación con el mismo mes de 2019. Cuenta con 896.917 población indígena distribuidos en 305 grupos étnicos, de los cuales unos 502.783 individuos del total de la población indígena viven en zonas rurales y 315.180 en zonas urbanas. Del mismo modo, Brasil es considerado como el país con la mayor concentración conocida de pueblos indígenas en aislamiento. Estas características lo hacen altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. La selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo, ocupando cerca de 600 millones de hectáreas y constituyendo una cobertura vegetal ecuatorial que abarca aproximadamente el 49% del territorio brasileño. La selva contiene una quinta parte del agua dulce existente en estado líquido, gracias a la cuenca del río Amazonas.
Art. 5, 170, 225, de la Constitución de Brasil (CRFB/88)
Acuerdo de Paris (Decreto Federal 9.073/2017)
Convenio 169 de la OIT
CMNUCC
Protocolo de Kioto
Ley de Delitos Ambientales (Ley Federal 9.605/1998)
Política Nacional de Medio Ambiente - PNMA (Ley Federal 6.938/1981) fd
Ley del Sistema Nacional de Unidades de Conservación - SNUC. (Lei Federal 9.985/2000)
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