Resumen
La intervención plantea el reconocimiento formal del derecho humano al clima estable y seguro, como una salvaguarda de contenido autónomo que se infiere del derecho a un ambiente sano. El contenido obligacional de este derecho, a su vez, se perfila mediante la utilización de diferentes pautas hermenéuticas empleadas por la jurisprudencia interamericana, como la interpretación interactiva o a la luz de los instrumentos internacionales existentes en la materia, la interpretación según el objeto y fin de la Convención Americana y el deber de facilitar el efecto útil de dicho tratado, relacionado con la protección efectiva del ser humano frente a cualquier amenaza grave e inminente sobre su vida, salud e integridad.
A continuación, desarrolla las diferentes obligacionales generales derivadas del derecho a un clima estable y seguro, comenzando por el deber de protección o garantía, en virtud del cual le corresponde a los Estados expedir una regulación compresiva y adecuada con enfoque de derechos humanos y sensible a la diversidad poblacional, que determine los alcances locales de este derecho y establezca las condiciones para el desarrollo de actividades económicas especialmente problemáticas para la contención de la crisis climática.
Como parte de este deber de protección, el amicus sostiene que los Estados están llamados a emprender, de forma inmediata, una transición energética justa, en permita la eliminación progresiva del recurso a los combustibles fósiles, teniendo en cuenta la contribución de los mismos en la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Así mismo, este mandato implica el deber requerir y aprobar evaluaciones de impacto ambiental que tomen en consideración los factores detonantes del cambio climático y los potenciales impactos climatológicos acumulados de los proyectos industriales o económicos, de manera que se determine, con rigurosidad y apoyo en la mejor ciencia disponible, las implicaciones ambientales de las actividades extractivas, especialmente.
El deber de respeto o abstención del derecho a un clima estable y seguro, por su parte, abarca obligaciones específicas de prevenir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y supone la expedición de una regulación amplia y suficiente que fije las medidas y políticas de mitigación y adaptación y asegure el disfrute de los derechos fundamentales en contextos de emergencia climática. Entre otros asuntos, la regulación nacional deberá comprender mecanismos para la reducción de emisiones, la promoción de energías limpias, el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria, el acceso a reparaciones y la gestión de la movilidad humana vinculada con el calentamiento global.
De otro lado, la intervención analiza algunos deberes procedimentales asociados con el derecho al clima. En particular, establece criterios relevantes para materializar el acceso a la justicia en el ámbito climático por parte de los Estados y señala los mandatos procesales que los mismos deben asegurar para hacer efectivo los derecho consulta y a la participación ciudadana en el contexto de la emergencia, siempre bajo una perspectiva coherente con las realidades de las poblaciones más vulnerables o con menos capacidad de adaptación.
Por último, brinda elementos de juicio necesarios para fundamentar la existencia de una responsabilidad internacional en materia de derechos humanos por los impactos previsibles y prevenibles de la crisis climática. En tal sentido, analiza el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas desde la perspectiva del financiamiento climático y presenta diversos avances judiciales en derecho comparado sobre la posibilidad de vincular las afectaciones derivadas del calentamiento global con el comportamiento de cada Estado y sobre la legitimidad de imponer obligaciones de reparación integral frente a los daños y las pérdidas que le son atribuibles por la conducta omisiva o activa de sus agentes o de particulares que obraron con su tolerancia.
Organización que suscribe:
• Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
La intervención plantea el reconocimiento formal del derecho humano al clima estable y seguro, como una salvaguarda de contenido autónomo que se infiere del derecho a un ambiente sano. El contenido obligacional de este derecho, a su vez, se perfila mediante la utilización de diferentes pautas hermenéuticas empleadas por la jurisprudencia interamericana, como la interpretación interactiva o a la luz de los instrumentos internacionales existentes en la materia, la interpretación según el objeto y fin de la Convención Americana y el deber de facilitar el efecto útil de dicho tratado, relacionado con la protección efectiva del ser humano frente a cualquier amenaza grave e inminente sobre su vida, salud e integridad.
A continuación, desarrolla las diferentes obligacionales generales derivadas del derecho a un clima estable y seguro, comenzando por el deber de protección o garantía, en virtud del cual le corresponde a los Estados expedir una regulación compresiva y adecuada con enfoque de derechos humanos y sensible a la diversidad poblacional, que determine los alcances locales de este derecho y establezca las condiciones para el desarrollo de actividades económicas especialmente problemáticas para la contención de la crisis climática.
Como parte de este deber de protección, el amicus sostiene que los Estados están llamados a emprender, de forma inmediata, una transición energética justa, en permita la eliminación progresiva del recurso a los combustibles fósiles, teniendo en cuenta la contribución de los mismos en la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Así mismo, este mandato implica el deber requerir y aprobar evaluaciones de impacto ambiental que tomen en consideración los factores detonantes del cambio climático y los potenciales impactos climatológicos acumulados de los proyectos industriales o económicos, de manera que se determine, con rigurosidad y apoyo en la mejor ciencia disponible, las implicaciones ambientales de las actividades extractivas, especialmente.
El deber de respeto o abstención del derecho a un clima estable y seguro, por su parte, abarca obligaciones específicas de prevenir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y supone la expedición de una regulación amplia y suficiente que fije las medidas y políticas de mitigación y adaptación y asegure el disfrute de los derechos fundamentales en contextos de emergencia climática. Entre otros asuntos, la regulación nacional deberá comprender mecanismos para la reducción de emisiones, la promoción de energías limpias, el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria, el acceso a reparaciones y la gestión de la movilidad humana vinculada con el calentamiento global.
De otro lado, la intervención analiza algunos deberes procedimentales asociados con el derecho al clima. En particular, establece criterios relevantes para materializar el acceso a la justicia en el ámbito climático por parte de los Estados y señala los mandatos procesales que los mismos deben asegurar para hacer efectivo los derecho consulta y a la participación ciudadana en el contexto de la emergencia, siempre bajo una perspectiva coherente con las realidades de las poblaciones más vulnerables o con menos capacidad de adaptación.
Por último, brinda elementos de juicio necesarios para fundamentar la existencia de una responsabilidad internacional en materia de derechos humanos por los impactos previsibles y prevenibles de la crisis climática. En tal sentido, analiza el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas desde la perspectiva del financiamiento climático y presenta diversos avances judiciales en derecho comparado sobre la posibilidad de vincular las afectaciones derivadas del calentamiento global con el comportamiento de cada Estado y sobre la legitimidad de imponer obligaciones de reparación integral frente a los daños y las pérdidas que le son atribuibles por la conducta omisiva o activa de sus agentes o de particulares que obraron con su tolerancia.
Organización que suscribe:
• Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)