Resumen
Los Consejos Indígenas de los ríos Pirá Paraná, Mirití Paraná, Tiquié y Yaigogé Apaporis, junto con la Fundación Gaia Amazonas, presentaron una intervención ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de exponer los riesgos climáticos que presenta el Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí y abordar las afectaciones a los derechos humanos que se han ocasionado por la implementación de proyectos sobre bonos de carbono o REDD+ y minería en su territorio ancestral.
El Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí es un espacio vital para varios pueblos indígenas en la Amazonía colombiana, el cual abarca 9.4 millones de hectáreas. Las comunidad que habitan la zona comparten afinidad cultural y sistemas de conocimiento propio que ha sido reconocidos por la UNESCO.
Afectaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas por parte de los proyectos REDD+: A pesar de sus objetivos de mitigación climática, los proyectos REDD+ ha generado conflictos y violaciones a derechos indígenas, al desconocer los sistemas de conocimiento locales y ejecutarse sin la concertación de las autoridades ancestrales. La falta de regulación efectiva a nivel nacional, así mismo, ha llevado a una presencia masiva de proyectos REDD+ en territorios indígenas con impactos negativos.
El caso paradigmático de Pirá Paraná ilustra tales conflictos. La empresa Masbosques implementó un proyecto de aquella naturaleza dentro de un resguardo, propiedad colectiva, sin aprobación del Consejo Indígena, violando con ello los derechos a la libre determinación y al gobierno propio. Esta problemática refleja deficiencias regulatorias en Colombia, ausencia de salvaguardas y la necesidad de respuestas jurídicas efectivas ante iniciativas de mitigación que vulneran los derechos de los pueblos indígenas. La situación descrita en el amicus curiae demuestra la urgencia de reformular estos mecanismos de mitigación del cambio climático en América Latina para garantizar la participación y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas en decisiones con repercusiones globales.
El Consejo Indígena del Pirá Paraná emprendió acciones legales, acompañado por la Fundación Gaia Amazonas, contra el proyecto REDD+, incluyendo una denuncia penal que busca la sanción de los responsables ajenos a la comunidad. De igual forma, el caso destaca la necesidad de contar con reglas sobre responsabilidad extraterritorial de los Estados en situaciones donde empresas multinacionales bajo su control normativo lesionan derechos humanos en el marco de la emergencia climática.
De otro lado, las poblaciones del Macroterritorio enfrentan problemáticas asociadas con la minería que se adelante al interior de ecosistemas frágiles y estratégicos, que coinciden además con territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes. La minería ilegal, arraigada en patrones históricos locales, afecta ríos y áreas protegidas, con graves consecuencias ambientales y sociales.
Responsabilidad internacional del Estado colombiano en el marco del sistema interamericano de derechos humanos: la intervención enfatiza en la responsabilidad del Estado colombiano y de los países de origen de las empresas que financian los proyectos mineros en la región, argumentando que la visión tradicional de jurisdicción, centrada en el “control efectivo” del territorio o las personas, no es adecuada para abordar las complejidades de la crisis climática. En consecuencia, propone una ampliación del concepto de jurisdicción, de manera que abarque también el control jurídico sobre los efectos previsibles de las acciones de sus agentes y de los particulares o las empresas.
Recomendaciones: Los pueblos indígenas del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí solicitaron el respeto de sus derechos humanos y la protección frente al avance indiscriminado de proyectos de mitigación como los REDD+ sin salvaguardas ni regulación garantista.
Además, proponen medidas para enfrentar la minería ilegal, destacando enfoques transfronterizos y de cooperación internacional, así como el monitoreo de la contaminación en la región, planes de desintoxicación y una moratoria preventiva.
Finalmente, instan a la implementación del Acuerdo de Escazú para proteger a los defensores y abogan por el reconocimiento progresivo de la autonomía indígena en la tenencia de la tierra, enfatizando que los sistemas de gobierno propio son esenciales para la protección de la Amazonía ante la emergencia climática.
Organización(es) y/o comunidad(es) que suscribe(n):
- Consejos Indígenas de los ríos Pirá Paraná, Mirití Paraná, Tiquié y Yaigogé Apaporis,
- Fundación Gaia Amazonas
Los Consejos Indígenas de los ríos Pirá Paraná, Mirití Paraná, Tiquié y Yaigogé Apaporis, junto con la Fundación Gaia Amazonas, presentaron una intervención ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de exponer los riesgos climáticos que presenta el Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí y abordar las afectaciones a los derechos humanos que se han ocasionado por la implementación de proyectos sobre bonos de carbono o REDD+ y minería en su territorio ancestral.
El Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí es un espacio vital para varios pueblos indígenas en la Amazonía colombiana, el cual abarca 9.4 millones de hectáreas. Las comunidad que habitan la zona comparten afinidad cultural y sistemas de conocimiento propio que ha sido reconocidos por la UNESCO.
Afectaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas por parte de los proyectos REDD+: A pesar de sus objetivos de mitigación climática, los proyectos REDD+ ha generado conflictos y violaciones a derechos indígenas, al desconocer los sistemas de conocimiento locales y ejecutarse sin la concertación de las autoridades ancestrales. La falta de regulación efectiva a nivel nacional, así mismo, ha llevado a una presencia masiva de proyectos REDD+ en territorios indígenas con impactos negativos.
El caso paradigmático de Pirá Paraná ilustra tales conflictos. La empresa Masbosques implementó un proyecto de aquella naturaleza dentro de un resguardo, propiedad colectiva, sin aprobación del Consejo Indígena, violando con ello los derechos a la libre determinación y al gobierno propio. Esta problemática refleja deficiencias regulatorias en Colombia, ausencia de salvaguardas y la necesidad de respuestas jurídicas efectivas ante iniciativas de mitigación que vulneran los derechos de los pueblos indígenas. La situación descrita en el amicus curiae demuestra la urgencia de reformular estos mecanismos de mitigación del cambio climático en América Latina para garantizar la participación y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas en decisiones con repercusiones globales.
El Consejo Indígena del Pirá Paraná emprendió acciones legales, acompañado por la Fundación Gaia Amazonas, contra el proyecto REDD+, incluyendo una denuncia penal que busca la sanción de los responsables ajenos a la comunidad. De igual forma, el caso destaca la necesidad de contar con reglas sobre responsabilidad extraterritorial de los Estados en situaciones donde empresas multinacionales bajo su control normativo lesionan derechos humanos en el marco de la emergencia climática.
De otro lado, las poblaciones del Macroterritorio enfrentan problemáticas asociadas con la minería que se adelante al interior de ecosistemas frágiles y estratégicos, que coinciden además con territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes. La minería ilegal, arraigada en patrones históricos locales, afecta ríos y áreas protegidas, con graves consecuencias ambientales y sociales.
Responsabilidad internacional del Estado colombiano en el marco del sistema interamericano de derechos humanos: la intervención enfatiza en la responsabilidad del Estado colombiano y de los países de origen de las empresas que financian los proyectos mineros en la región, argumentando que la visión tradicional de jurisdicción, centrada en el “control efectivo” del territorio o las personas, no es adecuada para abordar las complejidades de la crisis climática. En consecuencia, propone una ampliación del concepto de jurisdicción, de manera que abarque también el control jurídico sobre los efectos previsibles de las acciones de sus agentes y de los particulares o las empresas.
Recomendaciones: Los pueblos indígenas del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí solicitaron el respeto de sus derechos humanos y la protección frente al avance indiscriminado de proyectos de mitigación como los REDD+ sin salvaguardas ni regulación garantista.
Además, proponen medidas para enfrentar la minería ilegal, destacando enfoques transfronterizos y de cooperación internacional, así como el monitoreo de la contaminación en la región, planes de desintoxicación y una moratoria preventiva.
Finalmente, instan a la implementación del Acuerdo de Escazú para proteger a los defensores y abogan por el reconocimiento progresivo de la autonomía indígena en la tenencia de la tierra, enfatizando que los sistemas de gobierno propio son esenciales para la protección de la Amazonía ante la emergencia climática.
Organización(es) y/o comunidad(es) que suscribe(n):
- Consejos Indígenas de los ríos Pirá Paraná, Mirití Paraná, Tiquié y Yaigogé Apaporis,
- Fundación Gaia Amazonas