En una sentencia reciente, el Tribunal Supremo del Reino Unido estableció que los impactos indirectos de la explotación de combustibles fósiles —entre ellos las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en su eventual quema— deben ser incluidos en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos antes de que estos sean autorizados. La decisión tiene el potencial de cambiar el panorama de la industria en el país, poniendo en duda proyectos actuales y futuros.

 

Con el fallo, el alto tribunal resolvió el litigio interpuesto por la activista Sarah Finch, en nombre del Weald Action Group, para impugnar la autorización otorgada por el Consejo del Condado de Surrey a la ampliación de una perforación de petróleo en Horse Hill, Weald, al sureste de Inglaterra. El tribunal dictaminó que el Consejo actuó fuera de la ley al no haber considerado las repercusiones negativas del proyecto en el clima, ahora y en el futuro.   

 

Finch argumentó que la evaluación de impacto ambiental realizada por el Consejo no tomó en cuenta los impactos climáticos que inevitablemente se producirían al quemar el petróleo extraído, que se traducirían en más de 10 millones de toneladas de emisiones de carbono.

 

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