Resumen
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha presentado sus observaciones como amicus curiae en el marco de la solicitud de opinión consultiva elevada por los Estados de Chile y Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta solicitud tiene como objetivo aclarar el alcance de las obligaciones de los Estados frente a la emergencia climática, en el contexto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados interamericanos.
El informe de FARN se estructura en seis temas principales, abordando las obligaciones estatales derivadas de los deberes de prevención y garantía en derechos humanos, la preservación del derecho a la vida y la supervivencia, y las responsabilidades diferenciales de los Estados en relación con los derechos de los niños, niñas y futuras generaciones. Asimismo, el documento examina los procedimientos de consulta y judiciales, la protección de personas defensoras del ambiente y del territorio, y las obligaciones y responsabilidades compartidas y diferenciadas de los Estados en la lucha contra el cambio climático.
Entre los principales elementos considerados en el informe, FARN hace referencia a normativa interamericana y universal, incluyendo el Acuerdo de Escazú, informes del IPCC, la Opinión Consultiva 23/17 de la Corte IDH, y fallos relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. El análisis subraya la interrelación entre la protección de los derechos humanos y la salvaguardia del ambiente, destacando la necesidad urgente de que los Estados adopten medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Además, se enfatiza la importancia de la participación ciudadana, la rendición de cuentas, y la transición hacia fuentes de energía renovables como pilares fundamentales para enfrentar esta crisis global.
En su intervención como Amicus Curiae, FARN ofrece un análisis técnico que subraya la interrelación entre la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. El informe pone de relieve cómo los impactos desproporcionados del cambio climático afectan principalmente a las comunidades más vulnerables, y destaca la importancia de que los Estados adopten medidas adecuadas de mitigación y adaptación.
El análisis también aborda la necesidad de una transición energética justa que respete los derechos humanos y promueva prácticas sostenibles. En este contexto, FARN insta a garantizar la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la formulación de políticas públicas relacionadas con el cambio climático, subrayando la responsabilidad de los Estados de garantizar la protección de los derechos de las generaciones presentes y futuras.
Con estas observaciones, FARN busca contribuir al desarrollo de un marco normativo que vincule de manera efectiva la protección ambiental con los derechos humanos, alineado con las obligaciones internacionales de los Estados en esta materia.
Organización que suscribe:
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha presentado sus observaciones como amicus curiae en el marco de la solicitud de opinión consultiva elevada por los Estados de Chile y Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta solicitud tiene como objetivo aclarar el alcance de las obligaciones de los Estados frente a la emergencia climática, en el contexto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados interamericanos.
El informe de FARN se estructura en seis temas principales, abordando las obligaciones estatales derivadas de los deberes de prevención y garantía en derechos humanos, la preservación del derecho a la vida y la supervivencia, y las responsabilidades diferenciales de los Estados en relación con los derechos de los niños, niñas y futuras generaciones. Asimismo, el documento examina los procedimientos de consulta y judiciales, la protección de personas defensoras del ambiente y del territorio, y las obligaciones y responsabilidades compartidas y diferenciadas de los Estados en la lucha contra el cambio climático.
Entre los principales elementos considerados en el informe, FARN hace referencia a normativa interamericana y universal, incluyendo el Acuerdo de Escazú, informes del IPCC, la Opinión Consultiva 23/17 de la Corte IDH, y fallos relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. El análisis subraya la interrelación entre la protección de los derechos humanos y la salvaguardia del ambiente, destacando la necesidad urgente de que los Estados adopten medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Además, se enfatiza la importancia de la participación ciudadana, la rendición de cuentas, y la transición hacia fuentes de energía renovables como pilares fundamentales para enfrentar esta crisis global.
En su intervención como Amicus Curiae, FARN ofrece un análisis técnico que subraya la interrelación entre la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. El informe pone de relieve cómo los impactos desproporcionados del cambio climático afectan principalmente a las comunidades más vulnerables, y destaca la importancia de que los Estados adopten medidas adecuadas de mitigación y adaptación.
El análisis también aborda la necesidad de una transición energética justa que respete los derechos humanos y promueva prácticas sostenibles. En este contexto, FARN insta a garantizar la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la formulación de políticas públicas relacionadas con el cambio climático, subrayando la responsabilidad de los Estados de garantizar la protección de los derechos de las generaciones presentes y futuras.
Con estas observaciones, FARN busca contribuir al desarrollo de un marco normativo que vincule de manera efectiva la protección ambiental con los derechos humanos, alineado con las obligaciones internacionales de los Estados en esta materia.
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