Costa Rica
El caso inició con la interposición de un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, alegando que el Poder Ejecutivo y la SETENA han omitido incluir la evaluación de los impactos climáticos en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Sostiene que el Decreto Ejecutivo 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 21 de diciembre de 2022, que regula la evaluación ambiental en el país, no contempla la obligación de evaluar los riesgos e impactos climáticos de los proyectos, ni establece medidas de mitigación o adaptación al cambio climático.
El demandante argumenta:
- Violación de derechos constitucionales y convencionales: Se argumenta que la omisión en la evaluación climática vulnera el derecho de las generaciones presentes y futuras a un clima seguro, en el marco del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
- Ausencia de regulación sobre cambio climático en la EIA: El Decreto Ejecutivo vigente no obliga a evaluar el impacto climático de los proyectos ni establece medidas de mitigación y adaptación.
- Inacción de la SETENA: La institución no ha emitido guías, acuerdos o resoluciones que exijan considerar el cambio climático en los procesos de evaluación ambiental.
- Incompatibilidad con estándares internacionales: Se invocan múltiples instrumentos internacionales y jurisprudencia que respaldan la necesidad de integrar el cambio climático en los estudios de impacto ambiental.
La Sala Constitucional admitió el recurso y ordenó que la Ministra de la Presidencia, el Ministro de Ambiente y Energía y el Secretario General de SETENA presenten un informe sobre los hechos denunciados dentro de tres días hábiles.
Se advierte que, de no responder dentro del plazo, se podrían dar por ciertos los hechos alegados por el recurrente y fallar a favor del recurso.
El recurso de amparo presentado denuncia la omisión del cambio climático en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en Costa Rica, argumentando que esta falla vulnera derechos fundamentales y compromisos internacionales.
Principales Argumentos Climáticos:
- Falta de regulación: El Decreto 43898-MINAE no exige evaluar los impactos climáticos en proyectos, lo que impide considerar emisiones de GEI o vulnerabilidad ante eventos extremos.
- Violación de derechos humanos: Se invoca el derecho a un clima seguro y la obligación estatal de prevenir daños ambientales irreversibles, aplicando los principios de prevención y precaución.
- Incumplimiento de tratados internacionales: Se citan la CMNUCC, el Acuerdo de París, la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte IDH y resoluciones de la ONU sobre el derecho a un ambiente sano.
- Riesgo climático no evaluado: La falta de regulación expone a Costa Rica a impactos graves de eventos extremos, como huracanes y sequías.
- Principio de no regresión: La omisión del cambio climático en la EIA representa un retroceso en la normativa ambiental.
Petición del recurso:
Se solicita que la Sala Constitucional ordene al Estado incluir el cambio climático en la EIA y revise proyectos en trámite bajo este nuevo criterio.
- Mario Peña Chacón
- Poder Ejecutivo de Costa Rica.
- Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Costa Rica es un país con una biodiversidad excepcional y ecosistemas frágiles, lo que lo convierte en una nación altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Su ubicación en el trópico centroamericano lo expone a fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, tormentas tropicales, sequías e inundaciones, los cuales han aumentado en frecuencia e intensidad debido al calentamiento global. A pesar de sus ambiciosas políticas ambientales y compromisos internacionales, el país enfrenta desafíos en la integración de la variable climática en sus instrumentos de gestión ambiental, como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La ausencia de una exigencia clara para evaluar los impactos climáticos de los proyectos de desarrollo pone en riesgo tanto la resiliencia de sus ecosistemas como la seguridad de sus comunidades, especialmente en zonas costeras y regiones con infraestructura vulnerable. Este caso resalta la necesidad urgente de actualizar el marco normativo ambiental de Costa Rica para alinearlo con sus compromisos internacionales y garantizar la protección efectiva del medio ambiente y los derechos de las generaciones presentes y futuras.
Normativa Internacional y Regional
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
- Acuerdo de París.
- Convenio Centroamericano sobre Cambios Climáticos
- Resolución A/RES/76/300 (2022) de la Asamblea General de la ONU.
- Resolución A/RES/79/1 (2024) de la Asamblea General de la ONU.
- Declaración de Manaos sobre los Derechos Humanos en la Emergencia Climática.
- Opinión consultiva 23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017).
Jurisprudencia Internacional
- Corte Interamericana de Derechos Humanos:
- Caso Pueblo Indígena U’wa y sus Miembros vs. Colombia.
- Caso Habitantes de La Oroya vs. Perú.
- Corte Internacional de Justicia:
- Se destaca su doctrina sobre la obligación de realizar estudios de impacto ambiental cuando una actividad pueda generar efectos transfronterizos significativos.
- Tribunal Internacional del Derecho del Mar:
- Opinión consultiva del 21 de mayo de 2024, que establece la obligación estatal de realizar evaluaciones de impacto ambiental y socioeconómico en actividades que puedan generar contaminación marina vinculada al cambio climático.
Informes y Planes Nacionales
- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2022-2026.
- Estado de la Nación 2024.
- Proyecciones del Cambio Climático en Costa Rica 2023 (CATIE).
- Evaluación del Impacto de Ciclones Tropicales en Costa Rica 2024 (UCR).