San Juan, Puerto Rico Puerto Rico
En julio de 2024, el Departamento de Justicia de Puerto Rico presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en contra de empresas multinacionales de energía y petroquímica y sus subsidiarias, a fin de resarcir los daños ambientales ocasionados a la Isla mediante prácticas comerciales ilegales.
El Departamento de Justicia exigió una indemnización de mil millones de dólares a los demandados Exxon Mobil Corporation, BP P.L.C., Chevron Corporation, Chevron Phillips Chemical Puerto Rico Core, LLC, ConocoPhillips, Shell PLC, Station Managers of Puerto Rico, Inc., Total Energies y Total Energies Marketing PR Corp.
El demandante argumentó que, a pesar del conocimiento de estas compañías de que sus productos han causado y seguirán causando daños severos y contaminación en Puerto Rico y sus recursos naturales, los demandados han distribuido, comercializado y promocionado sus productos a través de prácticas injustas y engañosas realizadas en el comercio. Asimismo alegan, que implementaron campañas sofisticadas de comunicación y relaciones públicas para engañar a la gente sobre los efectos del uso de combustibles fósiles.
Consecuencia de ello, el Pueblo de Puerto Rico, gastará miles de millones de dólares para limpiar los desastres causados por el cambio climático, como la erosión costera causada por el aumento al nivel del mar, la formación de tormentas cada vez más frecuentes y graves, inundaciones extremas, destrucción de arrecifes de coral y bosques de manglares, degradación de la calidad del aire y del agua, pérdida de hábitats y especies, entre otros impactos devastadores del cambio climático en la Isla.
Entre los argumentos principales, el demandante aseguró que estas compañías han conocido desde hace décadas, que la contaminación de gases de efecto invernadero proveniente de productos de combustibles fósiles tendría impactos adversos en el clima mundial y el nivel del mar. Con ese conocimiento, tomaron medidas para proteger sus propios activos de los daños y riesgos climáticos, a través de una inmensa inversión interna en investigación, mejoras de infraestructura y planes para explotar nuevas oportunidades comerciales en un mundo en calentamiento. Sin embargo, no advirtieron verazmente a los consumidores puertorriqueños sobre las consecuencias del uso y la quema de combustibles fósiles en la Isla, así como su impacto sobre el medioambiente, por lo que es tiempo de que mitiguen los daños que le han causado a Puerto Rico y que no sean los puertorriqueños quienes paguen la cuenta.
La demanda alega además, que los denunciados continúan engañando al público mediante la promoción engañosa de sus productos como beneficiosos para el clima, y que ellos también se engañan por defender el cambio hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, sin advertir que sus productos son los principales impulsores de la crisis climática.
Además de los daños causados al medioambiente, la demanda presentada incluye causas de acción por actos o prácticas injustas y engañosas en el comercio, responsabilidad por los daños que causan los productos, estorbo público y daños punitivos, porque los actos u omisiones culposos de los demandados se realizaron de forma dolosa o con grave menosprecio a la vida, la seguridad y la propiedad.
Esta acción busca, además, obligar a los demandados a contribuir a un fondo equitativo para mitigar los daños actuales que la conducta ilegal de los demandados ha causado a Puerto Rico. Igualmente, persigue fortalecer la infraestructura pública contra el aumento del nivel del mar y los daños de las tormentas, la restauración de recursos naturales, la financiación de medidas locales de resiliencia climática y la reconstrucción de barreras naturales para proteger a las comunidades del aumento del nivel del mar y los fenómenos atmosféricos influenciados por el clima.
La demanda, que se originó tras un estudio realizado por el Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico en el año 2022, está fundamentada en la Ley Sobre Política Pública Ambiental, la Ley Antimonopolística de Puerto Rico, el Código Civil de 2020 y el Código de Enjuiciamiento Civil.
La demanda de Puerto Rico, alegó que las gigantes del petróleo y el gas habían engañado al público sobre los peligros climáticos asociados a sus productos. Esta demanda se suma a una ola de litigios interpuestos por docenas de estados, ciudades y municipios de EE. UU. en los últimos años.
El 2 de mayo de 2025, el Departamento de Justicia, desistió voluntariamente su demanda climática de 2024 contra las grandes petroleras, solo dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandara a dos estados por un litigio planificado contra las compañías petroleras por su papel en la crisis climática.
El cambio climático ha tenido un gran impacto en los ecosistemas y paisajes de Puerto Rico. Según un informe de 2019 de Germanwatch, la isla es la más afectada por el cambio climático. El consumo energético del territorio proviene principalmente de combustibles fósiles importados. El Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico (PRCCC) notó cambios severos en siete categorías: temperatura del aire, precipitación, eventos climáticos extremos, tormentas tropicales y huracanes, acidificación de los océanos, temperaturas de la superficie del mar y aumento del nivel del mar.
El cambio climático también afecta la población de Puerto Rico, la economía, la salud humana y el número de personas obligadas a migrar.Las encuestas han demostrado que el cambio climático es un motivo de preocupación para la mayoría de los puertorriqueños. El territorio ha promulgado leyes y políticas relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo el uso de energía renovable.
Las iniciativas locales están trabajando para alcanzar los objetivos de mitigación y adaptación, y los programas de ayuda internacional apoyan la reconstrucción después de fenómenos meteorológicos extremos y fomentan la planificación ante desastres.
- Departamento de Justicia de Puerto Rico
- Empresas petroleras: Exxon Mobil Corporation, BP P.L.C., Chevron Corporation, Chevron Phillips Chemical Puerto Rico Core, LLC, ConocoPhillips, Shell PLC, Station Managers of Puerto Rico, Inc., Total Energies y Total Energies Marketing PR Corp
Puerto Rico ocupa el lugar 19 en cuanto a emisor de dióxido de carbono entre los 33 países de América Latina y el Caribe; sus emisiones industriales, suministros de energía y transporte se encuentran entre las principales fuentes de emisiones netas de gases de efecto invernadero de la isla.
Las emisiones brutas de dióxido de carbono del territorio aumentaron al 80% entre 1990 y 2005. Desde 2005, las emisiones disminuyeron un 42% hasta 2018, debido a la migración de puertorriqueños a Estados Unidos. Entre 2010 y 2020, la población disminuyó un 12%, de 3,8 a 3,3 millones de habitantes, como resultado de la vulnerabilidad del país a los desastres naturales y sus inseguridades económicas.
El consumo energético de Puerto Rico es casi 70 veces mayor que su producción. Los productos derivados del petróleo abastecen el 63% de la capacidad de generación eléctrica de Puerto Rico: el 23% proviene del gas natural, el 8% del carbón y el 6% de fuentes de energía renovables, específicamente la solar, la eólica, la hidroeléctrica y la biomasa.
Puerto Rico no tiene reservas de combustibles fósiles; el consumo energético del territorio proviene mayoritariamente de combustibles fósiles importados.
Leyes nacionales
- Ley Sobre Política Pública Ambiental.
- Ley Antimonopolística de Puerto Rico.
- Código Civil de 2020.
- Código de Enjuiciamiento Civil.
Principios
- Principio de prevención