DF Brasil
La acción judicial impugna una medida provisional de 2021 que prevé la concesión automática de licencia ambiental para empresas de riesgo medio, impidiendo que los órganos de licenciamiento soliciten información adicional a la transmitida por el solicitante en el sistema de la Red Nacional para la Simplificación del Registro y de la Legalización de Empresas y Negocios (Redesim).
El Supremo Tribunal Federal (STF) entendió que la concesión automática de licencia ambiental para empresas de riesgo medio es inconstitucional.
Esto se debe a que el licenciamiento ambiental posee base constitucional y no puede ser suprimido, aunque sea de forma indirecta, por ley. Tampoco puede ser simplificado al punto de no presentar contenido, excepto si la norma que excepciona el licenciamiento presenta otro instrumento que asegure la protección al medio ambiente con igual o mayor calidad.
Simplificar el procedimiento basándose en el argumento de la desburocratización y el desarrollo económico, con control posterior, representa un retroceso inconstitucional, pues se aparta de los principios de prevención y precaución ambiental. Además, la concesión automática de la licencia contradice la norma específica sobre el licenciamiento ambiental, según la cual las actividades económicas con impactos ambientales (sean potenciales o efectivos) están sujetas al control estatal.
Con esta sentencia, la Corte fijó la tesis de que es inconstitucional la concesión automática de licencia ambiental para el funcionamiento de empresas que ejerzan actividades de riesgo medio en términos de la clasificación establecida en actos del Poder Público.
Con base en este caso, el Plenario, por mayoría, falló parcialmente procedente la acción para dar interpretación conforme al art. 6.º-A y al inciso III del art. 11-A, ambos de la Ley 14.195/2021, no aplicándolos a las licencias en materia ambiental. Este caso pertenece a un grupo de litigios estratégicos conocidos en Brasil como “paquete verde” (“Pauta Verde”).
Conforme a lo expresado por el Supremo Tribunal Federal en este caso, la protección al medio ambiente ecológicamente equilibrado (que incluye los compromisos climáticos en beneficio de las presentes y futuras generaciones), no puede ser comprometida por intereses empresariales ni ser dependiente de motivaciones exclusivamente económicas, en la medida en que el desarrollo económico debe ocurrir de forma sostenible.
En este contexto, para la Corte, la simplificación del procedimiento por el argumento de la desburocratización y el desarrollo económico, con control solo posterior, configura retroceso inconstitucional en materia ambiental y climática, pues se aparta de los principios de prevención y precaución ambiental, así como de la prohibición del retroceso (principio de progresividad). Obviar estos procesos es contrario a la norma constitucional específica sobre el licenciamiento ambiental, según la cual, las actividades económicas causantes de impacto ambiental están sujetas al control estatal (art. 225, §1º, IV, de la Constitución de 1988).
- Partido Socialista Brasileño (PSB)
- República Federativa del Brasil (Unión Federal)
La acción tiene alcance nacional, toda vez que se trata de un acto normativo federal (medida provisional) del Poder Ejecutivo de la Unión. Las normas generales sobre licenciamiento ambiental son, en Brasil, competencia de la Unión, y deben ser aplicadas no solo por la administración pública federal, sino también por las administraciones estaduales y municipales. La simplificación (y automatización) de la concesión de licencias ambientales a las actividades consideradas de bajo riesgo afectaría, pues, todos los ecosistemas comprendidos bajo el territorio brasileño, como la Amazonia, el Pantanal, el Cerrado, la Caatinga, la Mata Atlántica, los Pampas y los sistemas costeros.
- Constitución brasileña
- Ley Nacional de Política Ambiental
- Principios de prevención y precaución ambiental
- Principio de la prohibición del retroceso en materia ambiental y climática (progresividad)
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