Bayamón, Puerto Rico Puerto Rico
El 22 de noviembre de 2022, 16 municipios de Puerto Rico presentaron una demanda ante los Tribunales Federales de Distrito de Puerto Rico, buscando responsabilizar a las compañías de carbón, petróleo y gas por las pérdidas resultantes de las tormentas durante la temporada de huracanes de 2017 y las continuas pérdidas económicas desde entonces. Las acusaron de engañar al público sobre el cambio climático y conspirar para suprimir alternativas de energía limpia.
Los municipios interpusieron la acción en su propio nombre, así como en nombre de una propuesta de grupo de todos los municipios de Puerto Rico.
La demanda presentada sostuvo que las pérdidas resultantes durante la temporada de huracanes de 2017 y las pérdidas económicas continuas desde 2017, fueron ocasionadas por negligencia de las compañías de combustibles fósiles.
En febrero de 2025, un juez federal en San Juan determinó que las reclamaciones eran fundadas y procedían las reclamaciones antimonopolio y de crimen organizado (RICO), aunque recomendó desestimar otras acusaciones, como las de fraude al consumidor. Esta demanda también solicitó compensación por los daños causados por los huracanes Irma y María en 2017.
El Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico desestimó las demandas de los municipios de Puerto Rico, tanto federales como de la ley puertorriqueña, en las que se alegaba que los demandados de la industria de los combustibles fósiles tergiversaron los riesgos relacionados con el cambio climático de sus productos, lo que provocó huracanes destructivos en 2017 que causaron cuantiosos daños. Las reclamaciones contra Occidental, Rio Tinto y BHP fueron desestimadas sin perjuicio; la reclamación RICO contra el American Petroleum Institute fue desestimada con perjuicio; y las reclamaciones en virtud de la ley federal antimonopolio y de Puerto Rico contra API fueron desestimadas sin perjuicio; y las reclamaciones contra Exxon, Shell, Chevron, BP, ConocoPhillips y Motiva fueron desestimadas con perjuicio.
En primer lugar, el tribunal determinó que podía ejercer jurisdicción personal sobre Exxon Mobil Corporation, Shell PLC, BP PLC, Motiva Enterprises LLC, Chevron Corporation y ConocoPhillips en relación con todas las demandas de los municipios pero desestimó las demandas contra Occidental Petroleum debido a la notificación insuficiente del proceso y las de Rio Tinto PLC y BHP Group por falta de jurisdicción personal.
Los municipios alegaron que los demandados fueron responsables del 40.01% de todas las emisiones industriales globales de gases de efecto invernadero de 1965 a 2017, y que estas emisiones colectivas fueron un "factor sustancial en el aumento de la intensidad de la temporada de huracanes del Atlántico de 2017".
Los demandantes sostuvieron que las compañías demandadas eran responsables porque “a sabiendas causaron y contribuyeron a agravar el cambio climático al producir, promover, refinar, comercializar y vender productos de combustibles fósiles, causantes de los efectos devastadores del cambio climático, al tiempo que ocultan y tergiversan los peligros asociados con el uso de productos basados en combustibles fósiles, incluyendo el aumento en la frecuencia de tormentas más peligrosas”.
La demanda señaló una “estrategia corporativa mundial” para ocultar información que vinculaba los productos de los demandados con la aceleración del cambio climático y con una mayor probabilidad de que Puerto Rico y, por ende, los municipios demandantes fueran devastados por tormentas peligrosas y mortales. Además de tormentas más intensas, alegaron otros impactos físicos del cambio climático, incluyendo la degradación de los arrecifes de coral y “una proliferación masiva de sargazo”, así como pérdidas sociales, educativas y económicas, incluyendo un aumento de la inmigración desde los municipios y daños a la industria agrícola.
Se hizo referencia a 14 causas de acción bajo la ley federal entre las que destacan reclamos por fraude al consumidor y prácticas comerciales engañosas; quejas en términos de la Ley Federal de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), así como por falta de advertencia y defecto de diseño, un reclamo por defecto de diseño negligente y una causa de acción por enriquecimiento injusto/restitución.
En cuanto a la demanda presentada contra American Petroleum Institute (API), el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción. En cuanto al fondo, el Tribunal concluyó que las demandas basadas en RICO, la Ley Federal Antimonopolio y la Ley de Puerto Rico habían prescrito conforme a los plazos aplicables
El cambio climático ha tenido un gran impacto en los ecosistemas de Puerto Rico. Según un informe de 2019 de Germanwatch, la isla es la más afectada por el cambio climático. El consumo energético del territorio proviene principalmente de combustibles fósiles importados. El Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico (PRCCC) notó cambios severos en siete categorías: temperatura del aire, precipitación, eventos climáticos extremos, tormentas tropicales y huracanes, acidificación de los océanos, temperaturas de la superficie del mar y aumento del nivel del mar.
El cambio climático también afecta la población de Puerto Rico, la economía, la salud humana y el número de personas obligadas a migrar.Las encuestas han demostrado que el cambio climático es un motivo de preocupación para la mayoría de los puertorriqueños. El territorio ha promulgado leyes y políticas relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo el uso de energía renovable.
Las iniciativas locales están trabajando para alcanzar los objetivos de mitigación y adaptación, y los programas de ayuda internacional apoyan la reconstrucción después de fenómenos meteorológicos extremos y fomentan la planificación ante desastres.
- Municipio de Bayamón y otros.
- Empresas petroleras: Exxon Mobil Corporation, BP P.L.C., Chevron Corporation, Chevron Phillips Chemical Puerto Rico Core, LLC, ConocoPhillips, Shell PLC, Station Managers of Puerto Rico, Inc., Total Energies y Total Energies Marketing PR Corp.
Puerto Rico ocupa el lugar 19 en cuanto a emisor de dióxido de carbono entre los 33 países de América Latina y el Caribe; sus emisiones industriales, suministros de energía y transporte se encuentran entre las principales fuentes de emisiones netas de gases de efecto invernadero de la isla.
Las emisiones brutas de dióxido de carbono del territorio aumentaron al 80% entre 1990 y 2005. Desde 2005, las emisiones disminuyeron un 42% hasta 2018, debido a la migración de puertorriqueños a Estados Unidos. Entre 2010 y 2020, la población disminuyó un 12%, de 3,8 a 3,3 millones de habitantes, como resultado de la vulnerabilidad del país a los desastres naturales y sus inseguridades económicas.
El consumo energético de Puerto Rico es casi 70 veces mayor que su producción. Los productos derivados del petróleo abastecen el 63% de la capacidad de generación eléctrica de Puerto Rico: el 23% proviene del gas natural, el 8% del carbón y el 6% de fuentes de energía renovables, específicamente la solar, la eólica, la hidroeléctrica y la biomasa.
Puerto Rico no tiene reservas de combustibles fósiles; el consumo energético del territorio proviene mayoritariamente de combustibles fósiles importados.
Leyes nacionales
- Puerto Rico Estatuto de Molestias (32 LPRA §2761)
- Estados Unidos: Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO)
- Estados Unidos: Regla 7 del Reglamento de Puerto Rico contra Prácticas y Publicidades Engañosas
- Estados Unidos: Ley Antimonopolio Sherman
- Estados Unidos: Ley estatal – Responsabilidad estricta
- Estados Unidos: Ley estatal: Enriquecimiento injusto
- Estados Unidos: Responsabilidad estricta por defectos de diseño
Principios
- Principio de prevención
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