DF Brasil
Se trata de una acción interpuesta por el Partido Verde (PV) contra dos Decretos Presidenciales (n. 10.341/2020 y n. 10.539/2020) y una Ordenanza del Ministerio de la Defensa (n. 1.804/2020) que autorizaban la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a crímenes ambientales y focos de incendio “en la franja fronteriza, en tierras indígenas, en unidades federales de conservación ambiental y en otras áreas federales de los estados de la Amazonia Legal”.
Para el partido político, las Fuerzas Armadas deberían asumir apenas un "papel secundario", como partícipe de las acciones articuladas con el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y los demás institutos de conservación de la naturaleza. El autor de la acción sostiene, al revés, que los decretos y la ordenanza crean una jerarquía desconocida en el ordenamiento jurídico brasileño, que confiere autoridad a las Fuerzas Armadas para practicar actos de control y fiscalía ambiental.
La Ministra Ponente Carmen Lucía entendió que la acción había perdido su objeto, ya que los actos normativos establecían como fecha límite para las operaciones policiales el 30 de abril de 2021. La Ministra consideró, sin embargo, la importancia del asunto: se trata de prevenir las acciones exorbitantes de las Fuerzas Armadas en competencias legalmente transferidas a los órganos ambientales brasileños - IBAMA e ICMbio. Este caso pertenece a un grupo de litigios estratégicos conocidos en Brasil como “paquete verde” (“Pauta Verde”).
Para los demandantes, el vaciado de las estructuras de protección ambiental y climática es, según su argumentación, una estrategia deliberada del Presidente de la República, para usar a las fuerzas armadas para concentrar su poder en sentido anti-ambiental y discrecional. La consecuencia sería la desprotección de los ecosistemas brasileños, en especial de la Amazonia, con consecuencias graves para el clima global.
La Corte ha consideró que las medidas que fortalecen la vigilancia y previenen la degradación ambiental, son congruentes con los requisitos del artículo 225 de la Constitución de la República. El deber de protección que la Constitución impone al Gobierno y a la sociedad abarca el principio de prevención de daños ambientales, previsto, en particular, en los incisos V y VII del párrafo 1 del artículo 225, así como en tratados internacionales ratificados por Brasil, como el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación de 1989 (introducido en la legislación brasileña mediante el Decreto n.º 875/1993) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Decreto n.º 2.519/1998).
Con la sustitución de los organismos ambientales – IBAMA e ICMBio – por fuerzas policiales, en el contexto de la militarización del gobierno Bolsonaro, se correría el riesgo de desmantelar la protección técnica y científica del medio ambiente y del clima, realizada por las autoridades constitucionalmente competentes, en detrimento de las fuerzas armadas, lideradas por el Presidente de la República.
- Partido Verde – PV
- Gobierno federal (Unión)
Esta es una acción cuyos efectos alcanzan la totalidad del territorio nacional de Brasil, en especial, la Amazonía y el Cerrado, donde se ubican la mayor parte de las unidades de conservación cubiertas por los decretos presidenciales. El país posee 60% del territorio amazónico y aproximadamente el 20% de todas las especies terrestres del planeta; al mismo tiempo, se ha convertido en el país con la mayor pérdida de bosques tropicales primarios y nativos en el mundo. La deforestación en Brasil aumentó el 51 % durante el primer trimestre de 2020, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, las alertas en marzo crecieron un 29,9 por ciento, en comparación con el mismo mes de 2019. Cuenta con 896.917 población indígena distribuidos en 305 grupos étnicos, de los cuales unos 502.783 individuos del total de la población indígena viven en zonas rurales y 315.180 en zonas urbanas. Del mismo modo, Brasil es considerado como el país con la mayor concentración conocida de pueblos indígenas en aislamiento. Estas características lo hacen altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. La selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo, ocupando cerca de 600 millones de hectáreas y constituyendo una cobertura vegetal ecuatorial que abarca aproximadamente el 49% del territorio brasileño. La selva contiene una quinta parte del agua dulce existente en estado líquido, gracias a la cuenca del río Amazonas.
En Brasil se ubica también el Cerrado, que es el segundo bioma más grande del país y ocupa el 25% del territorio brasileño, lo que equivale a aproximadamente 2 millones de km². Está presente en la parte central y centro-norte del país, y es considerado un hotspot para la conservación y la restauración, debido a la alta concentración de especies endémicas y al alto grado de amenaza a sus hábitats. El Cerrado también incluye las cabeceras de las tres mayores cuencas hidrográficas de América del Sur (Amazonas/Tocantins, São Francisco y del Plata), lo que subraya su importancia para la seguridad de los recursos hídricos y de la biodiversidad. Actualmente, solo el 35% de la vegetación del bioma puede considerarse natural o no antropizada, es decir, sin la interferencia directa del ser humano. Las zonas húmedas del Cerrado están amenazadas por el cambio climático, el pastoreo, la drenaje, la deforestación y los cambios en el uso del suelo, los cuales afectan el propio régimen hídrico de la región.
- Constitución de Brasil
- Convenio de Basilea
- Convención sobre Diversidad Biológica
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