DF Brasil
Se trata de una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF), interpuesta por cuatro partidos políticos con solicitud de medida cautelar. El propósito de la acción fue reactivar el proceso sancionador ambiental federal, que según los demandantes había sido paralizado por actos del Gobierno Federal. Los partidos alegaron que el Ejecutivo venía desmontando el sistema nacional de protección ambiental, lo que se reflejaba en el aumento de la deforestación y de los incendios en la Amazonía y el Pantanal, alcanzando incluso tierras indígenas. También señalaron la paralización del Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm) y la deslegitimación pública de los datos oficiales por parte del Presidente de la República. En específico, se cuestionó el Decreto Federal 9.760/2019, que introdujo la etapa de conciliación en el proceso sancionador ambiental y dificultó la conversión de multas en servicios ambientales.
Según los demandantes, ello paralizó los procedimientos, ya que miles de casos quedaron pendientes de audiencias de conciliación, mientras los plazos de prescripción seguían corriendo. Sostuvieron que la conversión de multas, prevista en la Ley Federal 9.605/1998, era un instrumento fundamental para los compromisos climáticos de Brasil en el marco del Acuerdo de París, y que el decreto no podría haber modificado el régimen legal mediante un acto infralegal. En sede cautelar, solicitaron: la declaración de inconstitucionalidad del decreto y la reanudación del proceso sancionador; alternativamente, su interpretación conforme a la Constitución; o, en última instancia, la suspensión de los plazos de prescripción hasta la celebración de las audiencias. También pidieron medidas de fiscalización, la obligación de la Unión de presentar un plan de reanudación del sistema sancionador y la prohibición de adoptar nuevas medidas que obstaculizaran su funcionamiento.
La Ministra Rosa Weber admitió la intervención como amici curiae de ABRAMPA y del Observatório do Clima. En su manifestación, ABRAMPA reforzó los argumentos iniciales, subrayando la relevancia climática del caso, los daños socioambientales del aumento de la deforestación y su impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contradice los compromisos internacionales asumidos por Brasil. El proceso fue redistribuido al Ministro Luiz Fux, quien concluyó que la ADPF había perdido objeto, pues el marco normativo había cambiado con la derogación de las disposiciones impugnadas. En consecuencia, declaró el proceso extinto sin análisis del fondo. En febrero de 2024, la decisión transitó en firme y el caso fue archivado.
Este caso pertenece a un grupo de litigios estratégicos conocidos en Brasil como “paquete verde” (“Pauta Verde”).
Durante la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro, Brasil enfrentó una paralización sistemática y el desmantelamiento del sistema nacional de protección ambiental. Entre los múltiples efectos negativos de este proceso, se destaca la explosión de la deforestación y de los incendios en la Amazonía Legal. Brasil, responsable de la mayor extensión de la selva tropical más importante del planeta, desarticuló su política de protección ambiental y renunció al control del desmonte amazónico. Como consecuencia, en 2019 el país registró el mayor incremento porcentual de devastación de este siglo, con un aumento del 34%, alcanzando la mayor tasa desde 2008, equivalente a 10.128 km² deforestados. El Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm) había establecido como meta la reducción de la deforestación en un 80% hasta 2020. Según los datos del Proyecto PRODES del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) —fuente oficial utilizada por el propio gobierno para contabilizar la deforestación—, la disminución más significativa se produjo entre 2004 y 2012, alcanzando un 83% de reducción, lo que demuestra la eficacia del PPCDAm. A pesar de estos resultados positivos, el plan fue extinguido durante la administración Bolsonaro y sustituido por el Plan para el Control de la Deforestación Ilegal y la Recuperación de la Vegetación Nativa 2020-2023. Este nuevo instrumento, en contraste con el anterior, se limitó a un documento discursivo de aproximadamente 20 páginas, carente de objetivos concretos, metas verificables y mecanismos claros de implementación. El cambio de enfoque evidenció un retroceso en la política ambiental brasileña, que pasó de un plan robusto, respaldado por resultados y reconocido internacionalmente como un ejemplo de gestión ambiental, a un documento genérico sin capacidad operativa. Ello contribuyó directamente al repunte de la devastación en la región amazónica, con graves consecuencias para la biodiversidad, las comunidades indígenas y tradicionales, así como para el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por Brasil en el marco del Acuerdo de París. En síntesis, el desmonte de las políticas de protección ambiental llevado a cabo por el gobierno Bolsonaro supuso un debilitamiento drástico de la capacidad institucional del país para enfrentar la deforestación y los incendios, al tiempo que comprometió la preservación de la Amazonía y el papel estratégico de Brasil en la lucha contra el cambio climático.
- Partido Socialista Brasileiro (PSB)
- Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
- Partido dos Trabalhadores (PT)
- Rede Sustentabilidade (Rede)
- Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente (ABRAMPA)
- Presidente de Brasil
La acción tiene alcance nacional, una vez que se vuelve contra un omisiones federales en materia del proceso sancionador ambiental. Las normas generales sobre fiscalización y sanción ambiental son, en Brasil, de competencia común, pero deben ser aplicadas no por la administración pública federal en las unidades de conservación definidas como “nacionales” (caso de la mayor parte de las florestas públicas y parques naturales). Las omisiones puntuadas por los autores de la acción afectarían, pues, todos los ecosistemas comprendidos bajo el territorio brasileño, como la Amazonía, el Pantanal, el Cerrado, la Caatinga, la Mata Atlántica, los Pampas y los sistemas costeros.
Art. 5, 170, 225, de la Constitución de Brasil (CRFB/88)
Acuerdo de Paris (Decreto Federal 9.073/2017)
Ley de Crímenes Ambientales (Lei Federal 9.605/1998)
Política Nacional de Medio Ambiente - PNMA (Lei Federal 6.938/1981) (Lei Federal 11.428/2006)
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