Un grupo de ocho ONG —entre ellas Greenpeace, WWF y la principal organización indígena del país— presentaron una demanda en un tribunal federal de Brasil para solicitar la anulación del permiso otorgado a Petrobras, empresa estatal, para buscar petróleo en un área marítima próxima a la desembocadura del río Amazonas.
Según la denuncia, la autorización ignora el impacto climático de la extracción de petróleo en la zona, traducido en el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero o los daños de un posible derrame de crudo en un ecosistema en extremo sensible.
Por otro lado, las organizaciones señalan que a la hora de permitir la actividad petrolera no se consultó de forma “libre, previa e informada” a los pueblos indígenas de la región, lo que va en contra de los tratados internacionales firmados por el Estado brasileño.
Argumentan además que el 20 % del crudo extraído del pozo, situado a unos 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas, se hundiría y podría afectar al sistema de corales amazónicos.
El Ministerio de Medio Ambiente aseguró que el proceso de licenciamiento del proyecto, que duró casi cinco años, se realizó con “rigor” y que Petrobras había introducido mejoras para responder a hipotéticas emergencias.
Un grupo de ocho ONG —entre ellas Greenpeace, WWF y la principal organización indígena del país— presentaron una demanda en un tribunal federal de Brasil para solicitar la anulación del permiso otorgado a Petrobras, empresa estatal, para buscar petróleo en un área marítima próxima a la desembocadura del río Amazonas.
Según la denuncia, la autorización ignora el impacto climático de la extracción de petróleo en la zona, traducido en el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero o los daños de un posible derrame de crudo en un ecosistema en extremo sensible.
Por otro lado, las organizaciones señalan que a la hora de permitir la actividad petrolera no se consultó de forma “libre, previa e informada” a los pueblos indígenas de la región, lo que va en contra de los tratados internacionales firmados por el Estado brasileño.
Argumentan además que el 20 % del crudo extraído del pozo, situado a unos 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas, se hundiría y podría afectar al sistema de corales amazónicos.
El Ministerio de Medio Ambiente aseguró que el proceso de licenciamiento del proyecto, que duró casi cinco años, se realizó con “rigor” y que Petrobras había introducido mejoras para responder a hipotéticas emergencias.