* Por Juanita Gómez, Florencia Ortúzar, Gisselle García, Claudia Strambo y Elisa Arond
La ciencia del clima, en constante transformación, no solo ha profundizado nuestra comprensión de los cambios en los sistemas climáticos, sino que también ha redefinido los debates sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas por los daños relacionados con el clima. Al establecer vínculos causales entre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y sus impactos —como los eventos meteorológicos extremos—, los avances científicos se han convertido en una herramienta clave para impulsar la justicia climática en los tribunales.
Sin embargo, aún persisten grandes desafíos para acercar el conocimiento científico, así como la tecnología necesaria para producirlo, a quienes ejercen el derecho. Este problema afecta particularmente a los países de menores ingresos, donde las comunidades enfrentan con mayor intensidad los efectos del cambio climático.
En este contexto, el litigio climático ha surgido como una herramienta poderosa para cuestionar la ambición de las políticas climáticas, al exigir responsabilidad tanto a los gobiernos como a las empresas por su contribución a la crisis climática. Hasta enero de 2025, se han presentado más de 1.000 casos relacionados con el clima en todo el mundo. Muchos de ellos buscan frenar la extracción de combustibles fósiles y responsabilizar a las compañías de combustibles fósiles por los daños relacionados con el clima.
A partir de un informe reciente elaborado por personas expertas del Stockholm Environment Institute (SEI) y de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), analizamos cómo la ciencia está transformando el litigio climático: los desafíos que enfrenta América Latina y otras regiones de bajos ingresos para acceder a la evidencia científica, además de las oportunidades que surgen para utilizar este conocimiento en el futuro del litigio climático.
¿Cómo contribuye la ciencia al litigio climático?
La ciencia desempeña un papel fundamental en el litigio climático al proporcionar las bases para establecer la responsabilidad de los Estados por los daños climáticos. Permite evaluar sus contribuciones directas o indirectas a dichos daños, así como la coherencia y ambición de las metas nacionales y políticas de reducción de emisiones. En los casos relacionados con la adaptación al cambio climático y la protección de derechos humanos, la evidencia científica ofrece información crucial sobre los impactos climáticos regionales y la suficiencia de las respuestas estatales.
Una de las fuentes más influyentes de evidencia científica en litigio climático es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que ha proporcionado una base sólida para casos históricos que exigen políticas climáticas más ambiciosas frente al cambio climático, como Urgenda Foundation vs. El Estado de los Países Bajos y Neubauer et al. vs. Alemania. Los informes del IPCC sobre los presupuestos de carbono restantes para cumplir los objetivos del Acuerdo de París también han enriquecido los debates legales en torno al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, según el cual todos los países tienen responsabilidad de actuar, aunque el tipo y el nivel de acción varían de acuerdo con sus condiciones y capacidades.
No obstante, aunque los informes del IPCC representan un consenso científico ampliamente reconocido, a menudo carecen de la especificidad necesaria para cumplir con los estándares probatorios requeridos en los tribunales y orientar acciones climáticas concretas. Esto resalta la necesidad de contar con conocimiento científico más específico y adaptado al litigio.
Históricamente, la mayoría de los casos de litigio climático se han presentado en contra de gobiernos. Sin embargo, existe una tendencia creciente de casos contra corporaciones por su contribución al cambio climático, especialmente en el sector del petróleo y el gas. Un punto de inflexión clave fue el estudio Carbon Majors del 2014, que proporcionó una base científica sólida para atribuir emisiones a empresas específicas. Al rastrear las emisiones históricas de grandes productores de petróleo, gas, carbón y cemento, el estudio demostró el papel sustancial de las corporaciones en el aumento de las emisiones globales. Un análisis actualizado encontró que 78 compañías privadas y estatales de combustibles fósiles y cemento son responsables del 70 % de las emisiones acumuladas de CO₂ entre 1854 y 2022.
¿Cómo la ciencia configura el litigio climático en la industria del petróleo y el gas en América Latina?
En América Latina, los casos de litigio climático se han centrado en violaciones de derechos constitucionales, en particular el derecho a un ambiente sano. Muchos de estos casos cuestionan las inconsistencias entre las políticas nacionales y los compromisos internacionales, basándose con frecuencia en argumentos legales y de derechos humanos más que en evidencia científica. Sin embargo, el uso de información científica es cada vez más común para sustentar demandas relacionadas con los impactos ambientales de los proyectos de petróleo y gas.
La evidencia científica resulta especialmente crucial para evaluar daños ambientales e impactos socioeconómicos en ecosistemas sensibles y territorios indígenas. Las amenazas a la biodiversidad afectan profundamente los derechos de los pueblos indígenas, cuyas formas de vida, tradiciones y vínculos espirituales con la tierra están estrechamente entrelazados con los ecosistemas. Por esto es esencial integrar ciencia climática y datos sobre biodiversidad en los casos de litigio, con el fin de fortalecer los argumentos a favor de la protección ambiental y de los derechos humanos.
Si bien las demandas contra empresas de petróleo y gas por daños climáticos aún son poco frecuentes en América Latina, las tendencias globales indican que podrían aumentar. En EE. UU. , por ejemplo, gobiernos locales han presentado más de 26 demandas contra empresas de combustibles fósiles, alegando fraude al consumidor y estableciendo reclamaciones de compensación de costos por los daños asociados al cambio climático. En 2023, la Corte Suprema de Hawái permitió que avanzara la demanda presentada por Honolulu contra grandes compañías petroleras y gasíferas, acusándolas de publicidad engañosa y de no advertir sobre los impactos climáticos de sus productos. A pesar de los intentos de las empresas por desestimar el caso, la Corte Suprema de EE.UU. rechazó la apelación interpuesta por estas en enero de 2025, permitiendo que el proceso continuara. Si prosperan, estos casos podrían sentar precedentes influyentes y alentar litigios transnacionales que responsabilicen a las corporaciones por los daños causados en regiones de menores ingresos.
Un caso emblemático es Lliuya vs. RWE del 2015, en el que un agricultor peruano demandó ante un tribunal alemán a la mayor empresa energética de Alemania. El demandante alegó que RWE, como uno de los principales emisores mundiales de GEI, había contribuido significativamente al retroceso acelerado de un glaciar cerca de su propiedad, lo que aumentaba el riesgo de inundaciones catastróficas. El tribunal desestimó el caso en mayo de 2025 al considerar que la evidencia no demostraba que el deshielo representara una amenaza concreta a la propiedad del demandante. Aun así, el fallo marcó un precedente importante al reconocer que las empresas emisoras de GEI pueden, en principio, ser consideradas responsables por los riesgos climáticos que generan. Esto abre la posibilidad para futuros litigios transnacionales que busquen establecer la responsabilidad corporativa por los impactos del cambio climático. Sin embargo, quienes demandan enfrentan grandes desafíos para aportar pruebas suficientes que demuestren daños reales o inminentes.
Más allá de establecer la responsabilidad en casos de pérdidas y daños climáticos, la ciencia puede desempeñar un papel más amplio en el litigio climático si se adapta al contexto particular de América Latina. Fortalecer la investigación climática en la región permitiría comprender mejor cómo el cambio climático afecta los modos de vida, los derechos territoriales y la supervivencia cultural de los Pueblos Indígenas, aspectos fundamentales que pueden respaldar litigios basados en los derechos humanos y la justicia ambiental.
Conocimiento tradicional en el litigio climático en América Latina
En América Latina, alrededor del 35 % de los bosques está habitado por pueblos indígenas, cuyo conocimiento tradicional desempeña un papel vital en la comprensión y respuesta al cambio climático. Este saber, acumulado por generaciones, complementa los datos científicos al ofrecer precisión regional y temporal, crucial para validar modelos climáticos a gran escala. Aunque el conocimiento tradicional ha ganado un reconocimiento creciente en políticas climáticas, especialmente en las estrategias de adaptación, su papel en el litigio climático sigue siendo poco explorado.
En Ecuador, una demanda presentada en 2020 por organizaciones civiles e indígenas contra PetroOriental S. A. cuestionó la quema de gas en la Amazonía. Ante la ausencia de estudios científicos, la parte demandante presentó el conocimiento ancestral del pueblo Waorani como evidencia de que esta práctica alteraba los ciclos de carbono y dañaba el entorno local. Aunque en este caso se analizó el conocimiento tradicional presentado como prueba, finalmente el fallo dictaminó que los testimonios indígenas no demostraron cambios medibles en términos de biodiversidad o estabilidad de los ecosistemas.
Este caso resalta la necesidad de implementar métodos colaborativos que integren conocimiento científico y tradicional en la recolección y presentación de pruebas. Muchos países de América Latina aún carecen de sistemas de información integrales que permitan documentar e incorporar el conocimiento climático indígena de manera accesible y aplicable, lo que limita la generación conjunta de evidencia sólida para el litigio climático. Además, el conocimiento tradicional se está perdiendo gradualmente a medida que las comunidades indígenas enfrentan la erosión de sus estructuras sociales, económicas y políticas, especialmente por presiones externas.
¿Qué desafíos enfrentan los tribunales latinoamericanos al usar evidencia científica?
Como en otras regiones de menores ingresos, el acceso limitado al conocimiento científico sigue siendo un obstáculo importante para abogados/as y jueces/zas en América Latina, donde la práctica jurídica suele estar menos integrada con la experticia técnico-científica. Además de los costos económicos que esto implica, el predominio del inglés en la investigación académica, las bases de datos y las herramientas de análisis, representa una barrera adicional para las y los profesionales del derecho de países hispanohablantes, lo que dificulta aún más el uso de evidencia científica en los tribunales.
Otro gran desafío para fortalecer el litigio climático es la escasez de jueces/zas especializados/as en materia ambiental. Aunque países como Chile, Bolivia, Brasil, Costa Rica y Perú han avanzado en la creación de tribunales ambientales, la mayoría de los países de la región aún carece de este tipo de instancias judiciales especializadas. Estos tribunales son fundamentales para abordar de manera más eficiente y eficaz la resolución de controversias ambientales.
Más allá del ámbito jurídico, las desigualdades en la disponibilidad de evidencia científica también obstaculizan el litigio climático en América Latina. La mayor parte de la investigación y producción de datos climáticos provienen de EE. UU. y Europa, lo que brinda a los casos en esas regiones una base más sólida, mientras que muchos países de menores ingresos enfrentan dificultades para construir argumentos legales debido a las brechas en la investigación. Los datos sobre atribución de eventos extremos e impactos climáticos son particularmente escasos en la región, por la falta de registros históricos y acceso limitado a modelos climáticos de alta calidad.
Además, el dominio de los países de mayores ingresos en la producción de ciencia climática ha generado un sesgo en la investigación, que a menudo deja por fuera las realidades de regiones vulnerables y las excluye de la producción del conocimiento climático. Esto no solamente limita su capacidad de respuesta, sino que también contribuye a una subestimación de la crisis climática en países de ingresos bajos y medios.
Las comunidades locales y las ONG, que suelen estar al frente de estos litigios, encaran serias limitaciones de recursos y se encuentran en desventaja ante actores poderosos, muchas veces alineados con el Estado. Estas asimetrías aumentan la presión sobre las personas demandantes, quienes deben aportar evidencia con un nivel de detalle y rigor que difícilmente puede igualar la experticia que las empresas pueden contratar. A nivel local, las y los demandantes operan muchas veces con presupuestos limitados y dependen de la asistencia legal pro bono, el apoyo filantrópico y el crowdfunding (financiamiento colectivo) para desarrollar sus casos.
En contraste, las corporaciones pueden prolongar los procesos judiciales indefinidamente, utilizando tácticas procesales para agotar a sus contrapartes, mientras que las comunidades afectadas a menudo carecen de los recursos necesarios para resistir litigios prolongados, lo que incrementa el riesgo de que los casos se abandonen.
Adicionalmente, las empresas de combustibles fósiles han manipulado el conocimiento sobre el cambio climático para influenciar la percepción pública y los debates políticos a su favor. Esta industria ha financiado campañas de desinformación a través de publicaciones en medios de comunicación destinadas a sembrar dudas sobre el consenso científico en torno al cambio climático. Una de sus estrategias ha sido promover deliberadamente una narrativa de incertidumbre científica, incluso cuando existía una abrumadora evidencia de la creciente crisis climática. Más allá de su influencia en los medios, las empresas de combustibles fósiles también han financiado asociaciones comerciales, centros de pensamiento e instituciones académicas para moldear las agendas de investigación y reforzar mensajes favorables a la industria.
En América Latina, esta captura corporativa del sector petrolero permite que las élites económicas influyan en la toma de decisiones, priorizando los intereses de la industria sobre los derechos humanos y la protección del ambiente. Esta influencia se refleja en la obtención de licencias en zonas de conflicto, en el debilitamiento de regulaciones y en la limitación del control y la participación comunitaria. Las compañías petroleras también financian investigaciones que legitiman la extracción al tiempo que minimizan sus riesgos ambientales y sociales. Este control sobre la información profundiza las asimetrías en los litigios y en los debates de política pública, reforzando el dominio de la industria y marginando las perspectivas alternativas que cuestionan la sostenibilidad de la expansión de los combustibles fósiles.
¿Cómo la investigación puede fortalecer el litigio climático?
Algunas de las prioridades de investigación más urgentes en el campo del litigio climático incluyen los avances en el rastreo de los impactos climáticos hasta sus fuentes específicas, la identificación de los impactos en la salud derivados del cambio climático y la cuantificación de los costos de dichos impactos, así como el desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación. Las y los demandantes también necesitan más investigaciones que demuestren los daños específicos resultantes del cambio climático o de las acciones de gobiernos y corporaciones. La integración de conocimientos provenientes de la economía, el derecho, las ciencias sociales y las ciencias naturales contribuiría a fortalecer las bases del litigio climático.
Para cerrar la brecha de disponibilidad de datos climáticos entre las regiones de menores y mayores ingresos es esencial garantizar un acceso equitativo a la evidencia científica. Estas brechas pueden abordarse mediante enfoques innovadores, como el uso de métodos estadísticos avanzados o estudios comparativos entre regiones con condiciones climáticas similares. Las iniciativas de inteligencia colectiva —esfuerzos colaborativos que aprovechan el conocimiento diverso, la tecnología y la participación ciudadana para resolver problemas complejos— están surgiendo como una herramienta valiosa, movilizando a la ciudadanía para generar datos climáticos localizados que ayuden a llenar vacíos de información.
Existe una valiosa oportunidad para fortalecer el conocimiento tradicional como evidencia junto al conocimiento científico, especialmente para abordar las brechas de conocimiento local con perspectivas específicas de cada región. Sin embargo, esto requiere prácticas de investigación éticas que integren múltiples sistemas de conocimiento, evitando los modelos extractivos que aún predominan en América Latina; es decir, aquellos en los que las comunidades locales reciben poco o ningún reconocimiento o beneficio por el uso de su conocimiento. Pese a que el conocimiento tradicional es cada vez más reconocido, gran parte de la investigación continúa subvalorando las contribuciones locales, reforzando las estructuras de poder académico y perpetuando los patrones coloniales de producción de conocimiento.
En la Opinión Consultiva OC-32/25, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que el “derecho a la ciencia” abarca el acceso tanto a la cultura como al conocimiento local, tradicional e indígena. La Corte hizo un llamado a establecer un diálogo respetuoso y equitativo entre los sistemas de conocimiento para coproducir conocimiento climático, enfatizando que los resultados de dicho diálogo deben orientar las decisiones sobre mitigación y adaptación al cambio climático para garantizar su sostenibilidad y eficacia, así como prevenir daños culturales. También destacó buenas prácticas para apoyar este enfoque, como la creación y financiación de centros de investigación intercultural.
Incluso cuando surgen nuevas investigaciones, su uso en los tribunales sigue siendo un desafío. La brecha entre los avances más recientes de la ciencia climática y la evidencia utilizada en los procesos judiciales muestra la necesidad urgente de mejorar el acceso de las y los profesionales del derecho a información científica actualizada. Es fundamental una mayor difusión de los datos y herramientas existentes más allá del ámbito académico. Los recursos de código abierto, las traducciones multilingües, la formación científica especializada para abogados/as y jueces/zas, y un lenguaje más claro y accesible contribuirían a cerrar esta brecha.
La Opinión Consultiva OC-32/25 establece obligaciones para los Estados con el fin de abordar estos desafíos, incluyendo el deber de producir información climática precisa y pertinente; garantizar que el acceso a dicha información sea asequible, eficaz y oportuno; y adoptar medidas para contrarrestar la desinformación sobre el cambio climático.
Superando la “visión de túnel” del carbono en el litigio climático
El litigio climático en los sectores de petróleo y gas de América Latina pone de relieve la necesidad de incorporar enfoques integrados que conecten el clima, la biodiversidad y los derechos humanos. Más allá de la ciencia climática, se requiere un mayor desarrollo científico y herramientas innovadoras para atribuir responsabilidad a estas industrias por la pérdida de biodiversidad y su impacto en los derechos humanos, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas.
El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, y especialmente su objetivo de proteger el 30 % del planeta para 2030, podría transformar el panorama del litigio ambiental. Así como el Acuerdo de París se convirtió en una herramienta jurídica clave en los litigios climáticos, este nuevo marco podría abrir el camino a casos más sólidos que conecten la pérdida de biodiversidad con los derechos humanos. La comunidad científica puede desempeñar un papel fundamental para superar la “visión de túnel del carbono”, que prioriza la neutralidad de carbono mientras descuida otros objetivos de sostenibilidad y desarrollo. América Latina, al igual que otras regiones de menores ingresos, tiene mucho que aportar a estas discusiones, ofreciendo perspectivas importantes sobre cómo el litigio puede integrar los marcos de clima, biodiversidad y derechos humanos.
* Juanita Gómez es investigadora independiente; Florencia Ortúzar es directora del Programa de Clima de AIDA; Gisselle García es abogada de AIDA; Claudia Strambo y Elisa Arond son research fellows del Stockholm Environment Institute.
* Por Juanita Gómez, Florencia Ortúzar, Gisselle García, Claudia Strambo y Elisa Arond
La ciencia del clima, en constante transformación, no solo ha profundizado nuestra comprensión de los cambios en los sistemas climáticos, sino que también ha redefinido los debates sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas por los daños relacionados con el clima. Al establecer vínculos causales entre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y sus impactos —como los eventos meteorológicos extremos—, los avances científicos se han convertido en una herramienta clave para impulsar la justicia climática en los tribunales.
Sin embargo, aún persisten grandes desafíos para acercar el conocimiento científico, así como la tecnología necesaria para producirlo, a quienes ejercen el derecho. Este problema afecta particularmente a los países de menores ingresos, donde las comunidades enfrentan con mayor intensidad los efectos del cambio climático.
En este contexto, el litigio climático ha surgido como una herramienta poderosa para cuestionar la ambición de las políticas climáticas, al exigir responsabilidad tanto a los gobiernos como a las empresas por su contribución a la crisis climática. Hasta enero de 2025, se han presentado más de 1.000 casos relacionados con el clima en todo el mundo. Muchos de ellos buscan frenar la extracción de combustibles fósiles y responsabilizar a las compañías de combustibles fósiles por los daños relacionados con el clima.
A partir de un informe reciente elaborado por personas expertas del Stockholm Environment Institute (SEI) y de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), analizamos cómo la ciencia está transformando el litigio climático: los desafíos que enfrenta América Latina y otras regiones de bajos ingresos para acceder a la evidencia científica, además de las oportunidades que surgen para utilizar este conocimiento en el futuro del litigio climático.
¿Cómo contribuye la ciencia al litigio climático?
La ciencia desempeña un papel fundamental en el litigio climático al proporcionar las bases para establecer la responsabilidad de los Estados por los daños climáticos. Permite evaluar sus contribuciones directas o indirectas a dichos daños, así como la coherencia y ambición de las metas nacionales y políticas de reducción de emisiones. En los casos relacionados con la adaptación al cambio climático y la protección de derechos humanos, la evidencia científica ofrece información crucial sobre los impactos climáticos regionales y la suficiencia de las respuestas estatales.
Una de las fuentes más influyentes de evidencia científica en litigio climático es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que ha proporcionado una base sólida para casos históricos que exigen políticas climáticas más ambiciosas frente al cambio climático, como Urgenda Foundation vs. El Estado de los Países Bajos y Neubauer et al. vs. Alemania. Los informes del IPCC sobre los presupuestos de carbono restantes para cumplir los objetivos del Acuerdo de París también han enriquecido los debates legales en torno al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, según el cual todos los países tienen responsabilidad de actuar, aunque el tipo y el nivel de acción varían de acuerdo con sus condiciones y capacidades.
No obstante, aunque los informes del IPCC representan un consenso científico ampliamente reconocido, a menudo carecen de la especificidad necesaria para cumplir con los estándares probatorios requeridos en los tribunales y orientar acciones climáticas concretas. Esto resalta la necesidad de contar con conocimiento científico más específico y adaptado al litigio.
Históricamente, la mayoría de los casos de litigio climático se han presentado en contra de gobiernos. Sin embargo, existe una tendencia creciente de casos contra corporaciones por su contribución al cambio climático, especialmente en el sector del petróleo y el gas. Un punto de inflexión clave fue el estudio Carbon Majors del 2014, que proporcionó una base científica sólida para atribuir emisiones a empresas específicas. Al rastrear las emisiones históricas de grandes productores de petróleo, gas, carbón y cemento, el estudio demostró el papel sustancial de las corporaciones en el aumento de las emisiones globales. Un análisis actualizado encontró que 78 compañías privadas y estatales de combustibles fósiles y cemento son responsables del 70 % de las emisiones acumuladas de CO₂ entre 1854 y 2022.
¿Cómo la ciencia configura el litigio climático en la industria del petróleo y el gas en América Latina?
En América Latina, los casos de litigio climático se han centrado en violaciones de derechos constitucionales, en particular el derecho a un ambiente sano. Muchos de estos casos cuestionan las inconsistencias entre las políticas nacionales y los compromisos internacionales, basándose con frecuencia en argumentos legales y de derechos humanos más que en evidencia científica. Sin embargo, el uso de información científica es cada vez más común para sustentar demandas relacionadas con los impactos ambientales de los proyectos de petróleo y gas.
La evidencia científica resulta especialmente crucial para evaluar daños ambientales e impactos socioeconómicos en ecosistemas sensibles y territorios indígenas. Las amenazas a la biodiversidad afectan profundamente los derechos de los pueblos indígenas, cuyas formas de vida, tradiciones y vínculos espirituales con la tierra están estrechamente entrelazados con los ecosistemas. Por esto es esencial integrar ciencia climática y datos sobre biodiversidad en los casos de litigio, con el fin de fortalecer los argumentos a favor de la protección ambiental y de los derechos humanos.
Si bien las demandas contra empresas de petróleo y gas por daños climáticos aún son poco frecuentes en América Latina, las tendencias globales indican que podrían aumentar. En EE. UU. , por ejemplo, gobiernos locales han presentado más de 26 demandas contra empresas de combustibles fósiles, alegando fraude al consumidor y estableciendo reclamaciones de compensación de costos por los daños asociados al cambio climático. En 2023, la Corte Suprema de Hawái permitió que avanzara la demanda presentada por Honolulu contra grandes compañías petroleras y gasíferas, acusándolas de publicidad engañosa y de no advertir sobre los impactos climáticos de sus productos. A pesar de los intentos de las empresas por desestimar el caso, la Corte Suprema de EE.UU. rechazó la apelación interpuesta por estas en enero de 2025, permitiendo que el proceso continuara. Si prosperan, estos casos podrían sentar precedentes influyentes y alentar litigios transnacionales que responsabilicen a las corporaciones por los daños causados en regiones de menores ingresos.
Un caso emblemático es Lliuya vs. RWE del 2015, en el que un agricultor peruano demandó ante un tribunal alemán a la mayor empresa energética de Alemania. El demandante alegó que RWE, como uno de los principales emisores mundiales de GEI, había contribuido significativamente al retroceso acelerado de un glaciar cerca de su propiedad, lo que aumentaba el riesgo de inundaciones catastróficas. El tribunal desestimó el caso en mayo de 2025 al considerar que la evidencia no demostraba que el deshielo representara una amenaza concreta a la propiedad del demandante. Aun así, el fallo marcó un precedente importante al reconocer que las empresas emisoras de GEI pueden, en principio, ser consideradas responsables por los riesgos climáticos que generan. Esto abre la posibilidad para futuros litigios transnacionales que busquen establecer la responsabilidad corporativa por los impactos del cambio climático. Sin embargo, quienes demandan enfrentan grandes desafíos para aportar pruebas suficientes que demuestren daños reales o inminentes.
Más allá de establecer la responsabilidad en casos de pérdidas y daños climáticos, la ciencia puede desempeñar un papel más amplio en el litigio climático si se adapta al contexto particular de América Latina. Fortalecer la investigación climática en la región permitiría comprender mejor cómo el cambio climático afecta los modos de vida, los derechos territoriales y la supervivencia cultural de los Pueblos Indígenas, aspectos fundamentales que pueden respaldar litigios basados en los derechos humanos y la justicia ambiental.
Conocimiento tradicional en el litigio climático en América Latina
En América Latina, alrededor del 35 % de los bosques está habitado por pueblos indígenas, cuyo conocimiento tradicional desempeña un papel vital en la comprensión y respuesta al cambio climático. Este saber, acumulado por generaciones, complementa los datos científicos al ofrecer precisión regional y temporal, crucial para validar modelos climáticos a gran escala. Aunque el conocimiento tradicional ha ganado un reconocimiento creciente en políticas climáticas, especialmente en las estrategias de adaptación, su papel en el litigio climático sigue siendo poco explorado.
En Ecuador, una demanda presentada en 2020 por organizaciones civiles e indígenas contra PetroOriental S. A. cuestionó la quema de gas en la Amazonía. Ante la ausencia de estudios científicos, la parte demandante presentó el conocimiento ancestral del pueblo Waorani como evidencia de que esta práctica alteraba los ciclos de carbono y dañaba el entorno local. Aunque en este caso se analizó el conocimiento tradicional presentado como prueba, finalmente el fallo dictaminó que los testimonios indígenas no demostraron cambios medibles en términos de biodiversidad o estabilidad de los ecosistemas.
Este caso resalta la necesidad de implementar métodos colaborativos que integren conocimiento científico y tradicional en la recolección y presentación de pruebas. Muchos países de América Latina aún carecen de sistemas de información integrales que permitan documentar e incorporar el conocimiento climático indígena de manera accesible y aplicable, lo que limita la generación conjunta de evidencia sólida para el litigio climático. Además, el conocimiento tradicional se está perdiendo gradualmente a medida que las comunidades indígenas enfrentan la erosión de sus estructuras sociales, económicas y políticas, especialmente por presiones externas.
¿Qué desafíos enfrentan los tribunales latinoamericanos al usar evidencia científica?
Como en otras regiones de menores ingresos, el acceso limitado al conocimiento científico sigue siendo un obstáculo importante para abogados/as y jueces/zas en América Latina, donde la práctica jurídica suele estar menos integrada con la experticia técnico-científica. Además de los costos económicos que esto implica, el predominio del inglés en la investigación académica, las bases de datos y las herramientas de análisis, representa una barrera adicional para las y los profesionales del derecho de países hispanohablantes, lo que dificulta aún más el uso de evidencia científica en los tribunales.
Otro gran desafío para fortalecer el litigio climático es la escasez de jueces/zas especializados/as en materia ambiental. Aunque países como Chile, Bolivia, Brasil, Costa Rica y Perú han avanzado en la creación de tribunales ambientales, la mayoría de los países de la región aún carece de este tipo de instancias judiciales especializadas. Estos tribunales son fundamentales para abordar de manera más eficiente y eficaz la resolución de controversias ambientales.
Más allá del ámbito jurídico, las desigualdades en la disponibilidad de evidencia científica también obstaculizan el litigio climático en América Latina. La mayor parte de la investigación y producción de datos climáticos provienen de EE. UU. y Europa, lo que brinda a los casos en esas regiones una base más sólida, mientras que muchos países de menores ingresos enfrentan dificultades para construir argumentos legales debido a las brechas en la investigación. Los datos sobre atribución de eventos extremos e impactos climáticos son particularmente escasos en la región, por la falta de registros históricos y acceso limitado a modelos climáticos de alta calidad.
Además, el dominio de los países de mayores ingresos en la producción de ciencia climática ha generado un sesgo en la investigación, que a menudo deja por fuera las realidades de regiones vulnerables y las excluye de la producción del conocimiento climático. Esto no solamente limita su capacidad de respuesta, sino que también contribuye a una subestimación de la crisis climática en países de ingresos bajos y medios.
Las comunidades locales y las ONG, que suelen estar al frente de estos litigios, encaran serias limitaciones de recursos y se encuentran en desventaja ante actores poderosos, muchas veces alineados con el Estado. Estas asimetrías aumentan la presión sobre las personas demandantes, quienes deben aportar evidencia con un nivel de detalle y rigor que difícilmente puede igualar la experticia que las empresas pueden contratar. A nivel local, las y los demandantes operan muchas veces con presupuestos limitados y dependen de la asistencia legal pro bono, el apoyo filantrópico y el crowdfunding (financiamiento colectivo) para desarrollar sus casos.
En contraste, las corporaciones pueden prolongar los procesos judiciales indefinidamente, utilizando tácticas procesales para agotar a sus contrapartes, mientras que las comunidades afectadas a menudo carecen de los recursos necesarios para resistir litigios prolongados, lo que incrementa el riesgo de que los casos se abandonen.
Adicionalmente, las empresas de combustibles fósiles han manipulado el conocimiento sobre el cambio climático para influenciar la percepción pública y los debates políticos a su favor. Esta industria ha financiado campañas de desinformación a través de publicaciones en medios de comunicación destinadas a sembrar dudas sobre el consenso científico en torno al cambio climático. Una de sus estrategias ha sido promover deliberadamente una narrativa de incertidumbre científica, incluso cuando existía una abrumadora evidencia de la creciente crisis climática. Más allá de su influencia en los medios, las empresas de combustibles fósiles también han financiado asociaciones comerciales, centros de pensamiento e instituciones académicas para moldear las agendas de investigación y reforzar mensajes favorables a la industria.
En América Latina, esta captura corporativa del sector petrolero permite que las élites económicas influyan en la toma de decisiones, priorizando los intereses de la industria sobre los derechos humanos y la protección del ambiente. Esta influencia se refleja en la obtención de licencias en zonas de conflicto, en el debilitamiento de regulaciones y en la limitación del control y la participación comunitaria. Las compañías petroleras también financian investigaciones que legitiman la extracción al tiempo que minimizan sus riesgos ambientales y sociales. Este control sobre la información profundiza las asimetrías en los litigios y en los debates de política pública, reforzando el dominio de la industria y marginando las perspectivas alternativas que cuestionan la sostenibilidad de la expansión de los combustibles fósiles.
¿Cómo la investigación puede fortalecer el litigio climático?
Algunas de las prioridades de investigación más urgentes en el campo del litigio climático incluyen los avances en el rastreo de los impactos climáticos hasta sus fuentes específicas, la identificación de los impactos en la salud derivados del cambio climático y la cuantificación de los costos de dichos impactos, así como el desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación. Las y los demandantes también necesitan más investigaciones que demuestren los daños específicos resultantes del cambio climático o de las acciones de gobiernos y corporaciones. La integración de conocimientos provenientes de la economía, el derecho, las ciencias sociales y las ciencias naturales contribuiría a fortalecer las bases del litigio climático.
Para cerrar la brecha de disponibilidad de datos climáticos entre las regiones de menores y mayores ingresos es esencial garantizar un acceso equitativo a la evidencia científica. Estas brechas pueden abordarse mediante enfoques innovadores, como el uso de métodos estadísticos avanzados o estudios comparativos entre regiones con condiciones climáticas similares. Las iniciativas de inteligencia colectiva —esfuerzos colaborativos que aprovechan el conocimiento diverso, la tecnología y la participación ciudadana para resolver problemas complejos— están surgiendo como una herramienta valiosa, movilizando a la ciudadanía para generar datos climáticos localizados que ayuden a llenar vacíos de información.
Existe una valiosa oportunidad para fortalecer el conocimiento tradicional como evidencia junto al conocimiento científico, especialmente para abordar las brechas de conocimiento local con perspectivas específicas de cada región. Sin embargo, esto requiere prácticas de investigación éticas que integren múltiples sistemas de conocimiento, evitando los modelos extractivos que aún predominan en América Latina; es decir, aquellos en los que las comunidades locales reciben poco o ningún reconocimiento o beneficio por el uso de su conocimiento. Pese a que el conocimiento tradicional es cada vez más reconocido, gran parte de la investigación continúa subvalorando las contribuciones locales, reforzando las estructuras de poder académico y perpetuando los patrones coloniales de producción de conocimiento.
En la Opinión Consultiva OC-32/25, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que el “derecho a la ciencia” abarca el acceso tanto a la cultura como al conocimiento local, tradicional e indígena. La Corte hizo un llamado a establecer un diálogo respetuoso y equitativo entre los sistemas de conocimiento para coproducir conocimiento climático, enfatizando que los resultados de dicho diálogo deben orientar las decisiones sobre mitigación y adaptación al cambio climático para garantizar su sostenibilidad y eficacia, así como prevenir daños culturales. También destacó buenas prácticas para apoyar este enfoque, como la creación y financiación de centros de investigación intercultural.
Incluso cuando surgen nuevas investigaciones, su uso en los tribunales sigue siendo un desafío. La brecha entre los avances más recientes de la ciencia climática y la evidencia utilizada en los procesos judiciales muestra la necesidad urgente de mejorar el acceso de las y los profesionales del derecho a información científica actualizada. Es fundamental una mayor difusión de los datos y herramientas existentes más allá del ámbito académico. Los recursos de código abierto, las traducciones multilingües, la formación científica especializada para abogados/as y jueces/zas, y un lenguaje más claro y accesible contribuirían a cerrar esta brecha.
La Opinión Consultiva OC-32/25 establece obligaciones para los Estados con el fin de abordar estos desafíos, incluyendo el deber de producir información climática precisa y pertinente; garantizar que el acceso a dicha información sea asequible, eficaz y oportuno; y adoptar medidas para contrarrestar la desinformación sobre el cambio climático.
Superando la “visión de túnel” del carbono en el litigio climático
El litigio climático en los sectores de petróleo y gas de América Latina pone de relieve la necesidad de incorporar enfoques integrados que conecten el clima, la biodiversidad y los derechos humanos. Más allá de la ciencia climática, se requiere un mayor desarrollo científico y herramientas innovadoras para atribuir responsabilidad a estas industrias por la pérdida de biodiversidad y su impacto en los derechos humanos, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas.
El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, y especialmente su objetivo de proteger el 30 % del planeta para 2030, podría transformar el panorama del litigio ambiental. Así como el Acuerdo de París se convirtió en una herramienta jurídica clave en los litigios climáticos, este nuevo marco podría abrir el camino a casos más sólidos que conecten la pérdida de biodiversidad con los derechos humanos. La comunidad científica puede desempeñar un papel fundamental para superar la “visión de túnel del carbono”, que prioriza la neutralidad de carbono mientras descuida otros objetivos de sostenibilidad y desarrollo. América Latina, al igual que otras regiones de menores ingresos, tiene mucho que aportar a estas discusiones, ofreciendo perspectivas importantes sobre cómo el litigio puede integrar los marcos de clima, biodiversidad y derechos humanos.
* Juanita Gómez es investigadora independiente; Florencia Ortúzar es directora del Programa de Clima de AIDA; Gisselle García es abogada de AIDA; Claudia Strambo y Elisa Arond son research fellows del Stockholm Environment Institute.