Partido político vs. Federación de Brasil y Estado de São Paulo, por omisión de protección de del Cerrado y Mata Atlántica frente a la crisis climática

Ubicación

DF Brasília Brasil

Estado
En fase de implementación
Número de expediente
ADPF 1201
Fecha de inicio
12 de Diciembre de 2024
Fecha de la sentencia o de la última decisión existente
El 17 de marzo de 2025, la Corte Suprema Federal emitió decisión final.
Resumen

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) con solicitud de medida cautelar, contra la Unión Federal y el Estado de São Paulo, debido a conductas omisas y comisivas que vulneran el deber constitucional de protección de los biomas Cerrado y Mata Atlántica, gravemente afectados por los incendios forestales ocurridos en 2024.

El PSOL argumentó que el Estado atraviesa una crisis climática y forestal resultado del desmantelamiento de las políticas ambientales, la ineficiencia del poder público y la reducción de recursos destinados a la prevención y combate al fuego. Denunció que São Paulo presenta una de las peores calidades del aire de Brasil, y que la mayoría de sus municipios carecen de estructuras de defensa civil o planes de respuesta a desastres.

La demanda subraya el papel esencial del Cerrado y la Mata Atlántica para el abastecimiento hídrico de Brasil y Sudamérica, alertando que su destrucción aumenta el riesgo climático, compromete los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y vulnera derechos fundamentales como la vida, salud e integridad física, además del principio de precaución y de la prohibición de retroceso ambiental.

En sede cautelar, el PSOL solicitó que se ordenara a los gobiernos federal y estatal presentar informes técnicos y científicos, así como implementar medidas administrativas y financieras para prevenir y combatir incendios en 2025.

El ministro relator Flávio Dino, en decisión individual posteriormente confirmada por unanimidad en el Pleno del Supremo Tribunal Federal (STF), reconoció la emergencia climática como una amenaza global sin precedentes y constató la vulnerabilidad ambiental de São Paulo. Determinó que las autoridades deben reforzar la fiscalización y el control ambiental, y ordenó la presentación de informes sobre:

(i) la ejecución presupuestaria ambiental de 2023 y 2024;

(ii) las autorizaciones de uso del fuego otorgadas por la CETESB;

(iii) el estado de conservación de áreas protegidas bajo responsabilidad de la SEMIL y la Secretaría de Agricultura; y

(iv) los avances del Programa de Recuperación Ambiental (PRA - Agro-Legal).

El STF, por unanimidad, ratificó parcialmente la medida cautelar, consolidando un precedente relevante en materia de responsabilidad climática estatal y de protección activa de los biomas frente a la crisis climática.

Elemento climático

El PSOL fundamentó su acción en la existencia de una crisis climática y ambiental estructural en el Estado de São Paulo, evidenciada por las olas de incendios y la degradación de los biomas del Cerrado y la Mata Atlántica durante 2024. Alegó que las autoridades públicas fueron omisivas y negligentes en su deber de proteger estos ecosistemas esenciales, lo que agrava los efectos del cambio climático y genera consecuencias directas sobre la salud, el acceso al agua y la calidad de vida de la población.

El partido argumentó que el desmantelamiento de la gestión ambiental, la reducción presupuestaria y la ausencia de políticas efectivas de prevención de incendios contravienen el principio de precaución, el principio de no regresión ambiental y el derecho constitucional a un medio ambiente equilibrado (art. 225 de la Constitución Federal). Sostuvo que la destrucción del Cerrado y la Mata Atlántica —biomas claves para la regulación hídrica y climática de Brasil y Sudamérica— incrementa el riesgo de sequías, pérdida de biodiversidad y alteraciones atmosféricas, afectando la resiliencia ecológica y la seguridad climática del país.

En su sentencia, el ministro relator Flávio Dino reconoció explícitamente la existencia de una emergencia climática global sin precedentes, señalando que las omisiones estatales en materia ambiental tienen impactos acumulativos sobre los biomas, la calidad del aire y las condiciones de vida de la población paulista. El STF afirmó que la acción climática es un deber constitucional compartido entre los entes federados y que la inacción frente a las amenazas climáticas vulnera derechos fundamentales, especialmente los derechos a la vida, la salud y el medio ambiente.

Por ello, el Tribunal determinó medidas concretas para reforzar la fiscalización ambiental y la rendición de cuentas: exigir informes sobre el gasto público ambiental, el uso autorizado del fuego y la situación de las áreas protegidas. La decisión consolidó la comprensión de que la crisis climática exige respuestas institucionales inmediatas, vinculando la protección climática con el cumplimiento de los derechos fundamentales y de los compromisos internacionales asumidos por Brasil.

Demandantes
  • Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
Demandados/as
  • Unión Federal
  • Estado de São Paulo
Organizaciones que apoyan
Instituto Clima De Inovacao E Tecnologia LTDA
Defensoria Pública da União
Defensoria Pública do Estado De São Paulo
Contexto territorial

La acción se refiere al territorio del Estado de São Paulo, donde se localizan dos biomas fundamentales: el Cerrado y la Mata Atlántica. Estos ecosistemas son reconocidos por su alta biodiversidad y su papel esencial en la regulación climática e hídrica del país. El Cerrado actúa como una gran esponja natural que alimenta los principales ríos brasileños —como el São Francisco, el Paraná y el Tocantins—, mientras que la Mata Atlántica contribuye a la generación de lluvias, la estabilidad del clima regional y la protección de los suelos.

En el territorio paulista, estos biomas han sufrido intensa deforestación y fragmentación, agravadas por las olas de calor, incendios y sequías extremas registradas en 2024. Las áreas rurales del interior, especialmente en regiones como el Vale do Paraíba, el oeste y el noroeste del estado, han sido duramente afectadas por los focos de fuego que destruyen pastizales, reservas legales y bordes de áreas protegidas.

Las comunidades rurales, campesinas e indígenas que habitan estos territorios dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia. Los incendios y la pérdida de vegetación comprometen sus medios de vida, el acceso al agua y la calidad del aire. En las zonas urbanas, la contaminación atmosférica derivada de las quemas ha generado un aumento de enfermedades respiratorias, afectando especialmente a niños, ancianos y poblaciones vulnerables.

La acción del PSOL busca proteger tanto los ecosistemas amenazados como a las poblaciones humanas que dependen de ellos, promoviendo una respuesta institucional ante la crisis climática y ambiental en São Paulo.

Normas y principios invocados

Leyes nacionales

  • Constitución de la República Federal de Brasil
  • Constitución Estadual de Sau Paolo 

Principios 

  • Principio de precaución
  • Principio de no regresión.

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Instancia
Constitucional
Tipo de actor/a
Partidos políticos
Tema
Bosques y deforestación
Contaminación del aire
Ecosistemas frágiles
Obligaciones de los Estados
Protección del ambiente
Tipo de Demandado/a
Estado
Municipalidad / gobierno local
Medidas cautelares
Concedidas
Fundamento de reclamo
Daño ambiental o climático
Delitos ambientales
Legislación local
Legislación nacional