AM Brasil
La organización Observatório do Clima presentó una Acción Civil Pública contra el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y la Unión Federal, con el fin de obligar al gobierno brasileño a actualizar su Plan Nacional de Cambio Climático (Plano Nacional sobre Mudança do Clima o Plano Clima). El argumento central fue que el plan vigente, elaborado en 2008, estaba desactualizado frente a la Ley 12.187/2009 (PNMC), a la Política Nacional de Medio Ambiente, al Acuerdo de París y a la evidencia científica reciente presentada por el IPCC en el informe AR6.
La organización sostiene que la ausencia de actualización del Plano Clima configura omisión estatal, pues el instrumento no refleja los avances normativos, los compromisos internacionales asumidos por Brasil ni la creciente urgencia climática. Señala que el país es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, principalmente por el aumento de la deforestación, especialmente en la Amazonía. Alega también retrocesos ambientales del actual gobierno en diversas áreas, debilitando la capacidad estatal de reducir emisiones.
Como línea argumentativa, los demandantes mencionan ocho precedentes internacionales de litigio climático, destacando el papel judicial frente a la crisis climática. Requiere, así, la condena del MMA y de la Unión a presentar un plano actualizado, técnicamente robusto, coherente con el límite de 1,5°C de aumento global y elaborado con participación social efectiva.
La Unión contestó alegando litispendencia con la Acción Popular 5008035-37.2021.4.03.6100, que discute la "pedalada climática" y la NDC brasileña. Defendió que la NDC constituye el propio Plano Clima y que no existe omisión gubernamental, destacando la adhesión al Acuerdo de Paris y la edición del Decreto 9.578/2018. Sostuvo la falta de ilegalidad en la actuación estatal y pidió la extinción del proceso o, subsidiariamente, el reconocimiento de conexión entre las acciones.
El Observatório do Clima, en réplica, negó la existencia de litispendencia o conexión, señalando que los objetos y fundamentos son distintos: esta ACP se centra en la actualización del Plano Clima conforme a la PNMC, mientras que la acción popular versa sobre compromisos internacionales (NDC).
El juzgado rechazó las preliminares, entendiendo que las acciones poseen pedidos y marcos normativos diferentes y que existe autonomía entre las esferas interna e internacional de política climática. Contra esta decisión, la Unión interpuso Agravo de Instrumento.
Posteriormente, ambas partes solicitaron la suspensión consensual del proceso por seis meses para permitir la elaboración del nuevo Plano Clima, lo que fue homologado por el tribunal.
Los argumentos climáticos centrales sostenidos por el Observatório do Clima se basan en la urgencia científica demostrada por el IPCC en su Sexto Informe de Avaliação (AR6), que alerta sobre el rápido agravamiento del calentamiento global y la necesidad de reducciones profundas y inmediatas de gases de efecto invernadero (GEI). Según la organización, Brasil —por su tamaño territorial, relevancia ecológica y nivel de emisiones asociadas a la deforestación— tiene un papel estratégico en la estabilización del clima global, lo que impone obligaciones reforzadas al Estado brasileño en materia de planificación climática.
La demanda argumenta que la ausencia de actualización del Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), elaborado originalmente en 2008, constituye una omisión grave y contraria al deber constitucional de protección ambiental previsto en el art. 225 de la Constitución. Sostiene que un plan obsoleto no puede orientar de manera efectiva las políticas públicas de mitigación y adaptación, lo que vulnera derechos fundamentales, compromisos internacionales y la propia Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 12.187/2009).
La acción también destaca que las emisiones brasileñas han aumentado especialmente por el incremento de la deforestación en la Amazonía, lo cual compromete los sumideros naturales de carbono y acelera ciclos climáticos peligrosos. La falta de acción estatal coordinada, según la autora, impacta directamente en la contribución de Brasil al calentamiento global y en la probabilidad de que el país incumpla los objetivos del Acuerdo de Paris.
El Observatório do Clima argumenta que la actualización del Plano Clima es indispensable para: (i) establecer metas claras y científicamente consistentes; (ii) orientar políticas sectoriales de mitigación (energía, transporte, uso del suelo); (iii) definir mecanismos de participación social, esenciales para la legitimidad de las políticas climáticas; y (iv) coordinar instrumentos previstos en la PNMC, como el Fundo Clima y los planes sectoriales.
Asimismo, la organización sustenta que retrocesos ambientales y debilitamientos institucionales recientes incrementan la vulnerabilidad climática del país, reforzando la necesidad de intervención judicial para superar la omisión estatal.
En la decisión interlocutoria, el juzgado reconoció la relevancia de la PNMC como marco normativo interno autónomo respecto de la NDC internacional, destacando que el Estado brasileño puede —y debe— adoptar normas internas más rigurosas para cumplir su deber constitucional de proteger el clima, lo que legitima la exigencia de actualización del plano
- Observatório do Clima
- Unión Federal
- Ministerio de Medio Ambiente
La acción no busca proteger un territorio físico específico, sino todo el territorio nacional brasileño, en la medida en que pretende asegurar la actualización del Plano do Clima, instrumento fundamental para orientar políticas públicas de mitigación y adaptación en todo el país. Se trata, por lo tanto, de una demanda de alcance nacional y sistémico, cuyo objetivo es garantizar la protección del clima, de los ecosistemas y de las poblaciones que dependen de ellos.
Aunque la acción no delimita una región concreta, destaca la importancia crítica de biomas estratégicos, especialmente la Amazonía, como principal sumidero de carbono del país y región que concentra la mayor parte de las emisiones brasileñas derivadas del la deforestación y del cambio de uso del suelo. El deterioro de este territorio afecta directamente la estabilidad climática nacional e internacional.
Las comunidades potencialmente beneficiadas por la acción incluyen: Pueblos indígenas, cuyas formas de vida están intrínsecamente vinculadas a la integridad de los ecosistemas y que son desproporcionadamente afectados por eventos climáticos extremos. Comunidades tradicionales (ribeirinhas, quilombolas, extractivistas), dependientes de recursos naturales y especialmente vulnerables a la deforestación , sequías, incendios y alteraciones hidrológicas. Poblaciones urbanas y rurales expuestas a olas de calor, inundaciones, crisis hídricas y pérdida de productividad agrícola. Generaciones presentes y futuras, en línea con el principio de equidad intergeneracional reconocido por la política climática brasileña.
Así, la acción pretende proteger el clima como bien difuso y, por extensión, todo el territorio nacional y sus diversas comunidades, cuya seguridad ambiental depende de un plan climático actualizado, robusto y coherente con la ciencia.
Acuerdos/tratados internacionales
- Acuerdo de París
- Convenio 169 de la OIT
Leyes nacionales
- Constitución Federal de 1988
- Ley 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA)
- Ley 12.187/2009 – Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC)
- Ley 12.651/2012 – Código Florestal
- Decreto 9.073/2017
- Decreto 9.578/2018
- Decreto 7.390/2010
Principios
- Principio de prevención
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