DF Brasília Brasil
En 2020 el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil, promovió una “Ação Civil de Improbidade Administrativa” (ACIA) contra Ricardo Salles, entonces Ministro de Medio Ambiente, con pedido de destitución preventiva del cargo. El MPF alegó que el exministro habría practicado actos dolosos contrarios al deber constitucional de protección ambiental, promoviendo una desestructuración deliberada de políticas ambientales mediante actos, omisiones y discursos orientados a favorecer intereses ajenos a la finalidad institucional del Ministerio.
La acusación se estructuró en cuatro ejes: (i) Desestructuración normativa, señalando cuatro actos considerados ilegales o abusivos: el Decreto 10.347/2020 (transferencias y adjudicaciones forestales públicas al MAPA), el Despacho MMA 4.410/2020 (regularización de talas ilegales en la Mata Atlántica), el Decreto 9.672/2019 (extinción de la Secretaría de Cambio Climático y Bosques) y la Portaria Conjunta 298/2019 (alteración del Comité de Compensación Ambiental Federal). El MPF destacó el impacto climático, especialmente por la desaparición de la estructura responsable de las políticas de mitigación y adaptación, lo que alejaría a Brasil de compromisos internacionales como la UNFCCC, el Acuerdo de París y la Política Nacional sobre Mudanza del Clima (PNMC). (ii) Desestructuración de órganos de transparencia y participación, con reducción de representación social en el CONAMA (Decreto 9.806/2019), eliminación de información ambiental del sitio del Ministerio, interferencias en la divulgación de datos del INPE e imposición de restricciones informativas a IBAMA e ICMBio. (iii) Desestructuración presupuestaria, cuestionándose la reducción de recursos al IBAMA y la paralización del Fondo Amazonía, que afectó medidas de REDD+ y la implementación del PPCDAm, agravando el aumento de la deforestación y comprometiendo metas climáticas. (iv) Desestructuración fiscalizadora, acusando a Salles de dificultar la actuación de servidores mediante desmonte de la fiscalización, burocratización, nombramientos sin criterios técnicos, exoneraciones indebidas y aumento del riesgo en actividades de campo.
El juez de primera instancia negó la solicitud de medida cautelar de destitución del cargo. En la contestación, la Unión sostuvo la legalidad de los actos, invocando la separación de poderes y el carácter discrecional de las políticas públicas. Salles afirmó inexistencia de dolo, negando cualquier desestructuración y alegando improcedencia de origen. Posteriormente, con la entrada en vigor de la Ley 14.230/2021, que modificó profundamente la Ley de Improbidad, la sentencia concluyó por la improcedencia de la acción, considerando que las conductas imputadas no encajan en los nuevos tipos legales, que exigen tipificación expresa y dolo específico.
En la demanda, el Ministerio Público Federal (MPF) desarrolló una línea argumentativa centrada en los impactos climáticos derivados de decisiones adoptadas por el entonces Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles. Según el MPF, diversas medidas administrativas tomadas bajo su gestión habrían provocado una desestructuración dolosa de la política climática brasileña, con efectos directos sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Brasil en acuerdos internacionales.
El argumento climático de mayor peso se concentró en la extinción de la Secretaría de Mudanças do Clima e Florestas (Decreto 9.672/2019). El MPF afirmó que esta secretaría era el órgano central del Ministerio en materia de mitigación, adaptación y coordinación de acciones contra el calentamiento global. Su extinción —sin reposición de funciones— habría significado que la política climática dejó de ser una prioridad del gobierno federal. Según la demanda, esta supresión institucional provocó un vacío funcional que debilitó la capacidad de formular, implementar y monitorear políticas compatibles con los objetivos de la UNFCCC, el Acuerdo de Copenhague, el Acuerdo de París y la Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).
Asimismo, o MPF argumentó que la paralización del Fundo Amazônia, mecanismo clave para financiar iniciativas de REDD+ y programas de reducción de emisiones, tuvo efectos climáticos graves. El desmonte de sus comités (COFA y CTFA) habría impedido la continuidad de proyectos esenciales para la protección de la Amazonia, uno de los principales sumideros de carbono del planeta. Esto fue relacionado con el aumento del de la deforestación en la región, que a su vez incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y se aleja de las metas climáticas nacionales.
Otro argumento climático relevante estuvo en la relación entre reducción presupuestaria y debilitamiento fiscalizatorio. Para el MPF, los recortes al IBAMA, asociados a interferencias en la actuación técnica de sus servidores, redujeron la capacidad de control de la deforestación y de la explotación ilegal de recursos, aumentando la vulnerabilidad climática y la degradação de florestas estratégicas.
Finalmente, el MPF sostuvo que la suma de actos normativos, omisiones y discursos institucionales promovió un retroceso ambiental intencional, incompatível com o principio da vedação ao retrocesso ecológico, resultando en un alejamiento de los compromisos climáticos de Brasil y en riesgos concretos al equilibrio climático global.
En la sentencia, sin embargo, el juzgado no acogió estos argumentos climáticos: consideró que la inicial no tipificaba adecuadamente las conductas bajo la nueva Ley 14.230/2021 y que no se demostró dolo específico, llevando a la improcedencia de la acción
- Ministerio Público Federal (MPF)
- Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles
- Unión Federal
Esta demanda presentada por el Ministerio Público Federal no busca proteger un territorio específico en el sentido geográfico tradicional —como una región delimitada o una comunidad localizada—, sino que pretende salvaguardar el patrimonio ambiental y climático nacional, afectado por decisiones atribuidas al entonces Ministro de Medio Ambiente. Sin embargo, los impactos mencionados en la demanda permiten identificar territorios y poblaciones potencialmente afectadas por las políticas cuestionadas.
En primer lugar, se destaca la Amazonía, región mencionada reiteradamente en la acción debido al aumento de la deforestación y a la paralización del Fondo Amazonia y del PPCDAm. Este territorio comprende una vasta área de selva tropical, hogar de innumerables comunidades indígenas que dependen directamente del equilibrio climático y ecológico para su subsistencia, cultura y seguridad alimentaria. El desmonte de políticas de combate a la deforestación afecta tanto a estas comunidades como al equilibrio ambiental de todo el país.
Además, la extinción de estructuras dedicadas a la política de cambio climático y a la protección de la selva impacta todo el territorio brasileño, pues la pérdida de cobertura vegetal, el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y el debilitamiento de la fiscalización repercuten en la calidad del aire, la estabilidad climática, la disponibilidad hídrica y la resiliencia ecológica nacional.
En suma, aunque la acción no delimita una comunidad específica a proteger, sus efectos se proyectan sobre las poblaciones que habitan la Amazonia, los grupos dependientes de ecosistemas sensibles y, de manera amplia, la sociedad brasileña, cuyo derecho constitucional a un ambiente equilibrado estaría siendo afectado.
Acuerdos/tratados internacionales
- Acuerdo de París
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC)
- Acordo de Copenhague (2009)
Leyes nacionales
- Constitución Federal
- Ley 12.187/2009 – Política Nacional sobre Mudanza del Clima (PNMC)
- Ley 8.429/1992 – Ley de Improbidad Administrativa (LIA)
- Decreto 9.672/2019 – Extinguió la Secretaría de Mudanças do Clima e Florestas.
- Decreto 10.347/2020 – Transferencia del manejo de florestas públicas al MAPA.
- Despacho MMA 4.410/2020 – Permitió regularización de desmatamiento en Mata Atlântica.
- Portaria Conjunta 298/2019 – Alteró el Comité de Compensação Ambiental Federal.
- Decretos 10.144/2019 y 10.223/2020 – Alteraron la gobernanza del Fundo Amazônia.
- Decreto 9.806/2019 – Reducción de participación social en el CONAMA.
- Ley 14.230/2021 – Reforma de la LIA, decisiva para el rechazo de la acción.
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