DF Brasil
La demanda consiste en una Acción Civil Pública presentada por el Ministerio Público Federal (MPF), la Fundación SOS Mata Atlântica y la ABRAMPA contra la Unión Federal, con el objetivo de declarar la nulidad del Despacho 4.410/2020 emitido por el Ministerio de Medio Ambiente. Según las demandantes, dicho Despacho modificó el entendimiento consolidado en el Despacho MMA 64.773/2017, alterando la relación entre la Ley 11.428/2006 (sobre la protección de la vegetación nativa en el Bioma del Bosque Atlántico) —legislación especial de mayor protección— y el Código Forestal (Ley 12.651/2012), legislación general. El acto impugnado orientaba a los órganos federales a aplicar el Código Forestal, permitiendo la consolidación de ocupaciones ilegales en Áreas de Preservación Permanente (APP) dentro del bioma, lo que implicaría la legalización retroactiva de la deforestación previa a 2008.
Las autoras argumentaron que el Bosque Atlántico, bioma reconocido constitucionalmente como patrimonio nacional, está íntegramente protegida por su ley especial, que no admite consolidación de ocupaciones irregulares. Afirmaron que la aplicación indebida del Código Forestal podría conducir al cancelamiento masivo de autos de infracción por la deforestación y quemas, agravando la situación, que constituye la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil. Asimismo, recordaron que la Política Nacional sobre Cambio Climático establece el deber estatal de preservar, conservar y recuperar los biomas naturales. Por ello, solicitaron la suspensión inmediata del Despacho 4.410/2020 y el restablecimiento del Despacho 64.773/2017.
Tras la distribución inicial y declinación de competencia, la Unión Federal informó la revocación espontánea del Despacho 4.410/2020 y sostuvo la pérdida del objeto de la acción. Además, señaló que la cuestión fue llevada al Supremo Tribunal Federal por medio de una acción de control abstracto, que proporcionaría una decisión con efectos vinculantes.
El juzgado de la 1ª Vara Federal Civil del Distrito Federal concluyó que la revocación del acto normativo impugnado eliminó el interés procesal de las autoras, ya que el pedido principal —la nulidad del Despacho— se tornó innecesario. La sentencia consideró también que los pedidos adicionales, como el restablecimiento del despacho anterior o la prohibición genérica de nuevos actos similares, no generaban interés jurídico válido. En consecuencia, el proceso fue extinguido sin resolución del mérito por pérdida superveniente del objeto.
El Tribunal Regional Federal de la 1ª Región, confirmó integralmente la sentencia. Con el tránsito en juzgado, el caso fue definitivamente archivado.
En la Acción Civil Pública, los argumentos climáticos ocupan un papel central, ya que las entidades autoras —MPF, SOS Mata Atlântica y ABRAMPA— sostuvieron que el Despacho 4.410/2020 del Ministerio de Medio Ambiente generaba retrocesos ambientales incompatibles con las obligaciones climáticas del Estado brasileño. Según la demanda, al orientar la aplicación preferencial del Código Forestal para permitir la consolidación de ocupaciones ilegales en Áreas de Preservación Permanente (APP) dentro del bioma Mata Atlántica, el Despacho favorecía indirectamente la legalización de desmatamientos pasados, lo que produciría impactos relevantes sobre el clima.
Las autoras destacaron que, en Brasil, la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEE) proviene precisamente del desmatamiento y de los cambios de uso del suelo, según inventarios climáticos oficiales. Por ello, qualquer normativa que incentive, tolere o facilite a ocupação de áreas ilegalmente desmatadas contribui diretamente para o aumento das emissões nacionais, contrariando o esforço de mitigação necessário para enfrentar a crise climática.
Argumentaron que la Ley del Bosque Atlántico (Ley 11.428/2006) es un marco legal especial creado justamente para proteger un bioma altamente fragmentado y reducido, cuya preservación es crucial no solo para la biodiversidad, sino también para los servicios ecosistémicos esenciales para el equilibrio climático, como la regulación hídrica, la estabilización térmica y el almacenamiento de carbono.
También argumentaron que la Ley del Bosque Atlántico (Ley 11.428/2006) es un marco jurídico especial creado precisamente para proteger un bioma altamente fragmentado y reducido, cuya preservación es crucial en el suelo para la biodiversidad, pero también para los servicios ecosistémicos esenciales para el equilibrio climático, como la regulación hídrica, la estabilización térmica y el almacenamiento de carbono. Reemplazar este régimen especial por normas más permisivas del Código Forestal representaría un retroceso ambiental prohibido, con repercusiones directas en el cumplimiento de la Política Nacional de Cambio Climático (PNMC).
La demanda subrayó que la PNMC establece deberes claros de preservación, conservación y recuperación de biomas naturales como estrategia de mitigación. Al vulnerar la protección especial de la Mata Atlántica, el Despacho 4.410/2020 contrariaría también los compromisos climáticos internacionales asumidos por Brasil, incluso en el marco del Acuerdo de París, que exige políticas nacionales coherentes para limitar el aumento de la temperatura global.
Aunque el proceso fue terminado sin análisis de fondo, los argumentos climáticos quedan documentados como fundamento de la relevancia ambiental y climática de la controversia, reforzando que las decisiones administrativas que favorecen la deforestación impactan directamente en la trayectoria de emisiones y en la capacidad adaptativa del país ante la emergencia climática global.
• Ministerio Público Federal
• Fundación S.O.S. Pro-Mata Atlántica
• Asociación Brasileña de Miembros del Ministerio Público del Medio Ambiente
• Unión Federal
• Ministerio del Medio Ambiente
La acción busca proteger el bioma del Bosque Atlántico, uno de los ecosistemas más ricos y amenazados de Brasil, reconocido constitucionalmente como patrimonio nacional. El territorio afectado incluye Áreas de Preservación Permanente (APP) dentro del bioma, especialmente aquellas que fueron ilegalmente desmatadas y luego ocupadas, las cuales el Despacho 4.410/2020 pretendía permitir consolidar bajo las reglas más permisivas del Código Forestal.
El Bosque Atlántico es un bioma caracterizado por su alta biodiversidad y por su extrema fragmentación: resta menos del 12% de su cobertura original. Abarca áreas urbanas, periurbanas y rurales de 17 estados brasileños, albergando una gran variedad de comunidades humanas, entre ellas poblaciones tradicionales, agricultores familiares, comunidades indígenas, quilombolas y habitantes de zonas urbanas densamente pobladas. Millones de personas dependen directamente de los servicios ecosistémicos que este bioma provee, tales como regulación climática, protección hídrica, control de erosión, provisión de agua potable y estabilidad de laderas.
Las APP localizadas en el Bosque Atlántico, objeto central de la acción, cumplen funciones esenciales para la seguridad hídrica de comunidades locales y metropolitanas, especialmente en regiones donde nacientes, riberas y áreas de recarga de acuíferos fueron degradadas por deforestación y ocupación irregular. La consolidación de ocupaciones ilegales implicaría la pérdida de estos servicios ecológicos fundamentales.
Por ello, la acción se orienta a proteger tanto el bioma como las poblaciones que dependen de su integridad ecológica, garantizando que las áreas ilegalmente deforestadas no sean legitimadas y que se preserve la resiliencia ambiental necesaria para enfrentar la crisis climática y sus efectos sociales.
Acuerdos/tratados internacionales
- Acuerdo de París
Leyes nacionales
- Ley del Bosque Atlántico (Ley Federal 11.428/2006)
- Código Forestal (Ley 12.651/2012)
- Política Nacional sobre Cambio Climático – PNMC (Ley 12.187/2009)
- Constitución Federal
- Ley de Crímenes Ambientales (Ley 9.605/1998)
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