La Pampa Argentina
A finales de abril de 2026, una amplia coalición de actores —integrada por miembros de asambleas ciudadanas de varias provincias del país, así como organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace Argentina, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) — presentaron una acción colectiva de amparo ante un Juzgado Federal de Santa Rosa (La Pampa) contra el Gobierno Nacional, para frenar la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada por el Senado. Con la adhesión de más de 850 mil personas, buscan una declaración de inconstitucionalidad de la Ley N° 27.804 y solicitan una medida cautelar que ordene la suspensión inmediata de su aplicación en todo el país para proteger el agua.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace Argentina pidieron que se suspenda en todo el territorio nacional la aplicación e implementación de la ley que debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar.
La Ley N° 27.804, promulgada el 8 de abril de 2026, modificó sustancialmente la Ley N° 26.639 sobre Normas Ambientales Mínimas para la Preservación de Glaciares y el Medio Ambiente Periglaciar. Sus principales modificaciones consistieron en: (i)restringir el alcance de la protección al requerir que los glaciares realicen funciones hidrológicas específicas para quedar bajo protección legal; (ii) transferir a las autoridades provinciales el poder de determinar qué glaciares y entornos periglaciares deben protegerse, desplazando así el rol científico previamente asignado al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) bajo la legislación anterior; (iii) reemplazar la prohibición absoluta de actividades extractivas en áreas glaciares con una prohibición sujeta exclusivamente a la evaluación de las autoridades provinciales sobre si la actividad "altera significativamente" el ecosistema; y (iv) distorsionar el propósito de un instrumento como la evaluación de impacto ambiental, convirtiéndolo efectivamente en un medio para autorizar todo tipo de actividades en este entorno, y estableciendo la evaluación ambiental estratégica como una opción disponible para las autoridades provinciales.
La acción colectiva presenta especial relevancia porque cuestiona una reforma legislativa que podría modificar sustancialmente el sistema de presupuestos mínimos ambientales de Argentina.
Los demandantes sostienen que la Ley N.º 27.804 vulnera el principio de no regresión ambiental, el principio de progresividad, el federalismo ambiental y los estándares de participación pública establecidos en el Acuerdo de Escazú.
Uno de los aspectos más relevantes consiste en la transferencia de facultades a las autoridades provinciales para determinar qué glaciares y ambientes periglaciares deben quedar protegidos. Esta modificación podría generar diferencias en los niveles de protección entre jurisdicciones y debilitar una política ambiental de alcance nacional sobre ecosistemas que cumplen funciones hidrológicas y climáticas interprovinciales.
El caso también adquiere importancia desde la perspectiva de la justicia climática, ya que la pérdida de glaciares y la alteración de las reservas hídricas pueden afectar de manera desproporcionada a comunidades que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad y dependen directamente de estos ecosistemas.
Este litigio constituye un ejemplo de articulación entre la defensa de los ecosistemas estratégicos, el derecho humano a un ambiente sano y las obligaciones estatales frente al cambio climático.
Su principal dimensión climática radica en que la protección de los glaciares y ambientes periglaciares es indispensable para garantizar la seguridad hídrica, preservar la capacidad de adaptación de los territorios y reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a los efectos del calentamiento global.
La acción legal incorpora argumentos relacionados con el clima, sosteniendo que el debilitamiento de la protección de los glaciares y los entornos periglaciares es incompatible con la Ley N° 27.520 sobre Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, el Acuerdo de París y los compromisos asumidos por Argentina en su Primer Informe Bienal de Transparencia ante la CMNUCC. Asimismo, invoca la Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció el derecho a un clima saludable como un derecho autónomo y estableció que los Estados deben abstenerse de adoptar medidas regresivas en materia climática y ambiental.
La respuesta que adopten los tribunales podría tener importantes consecuencias para el federalismo ambiental argentino, la protección de los bienes comunes naturales y el alcance de las obligaciones estatales de no regresión en materia ambiental y climática.
El componente climático constituye uno de los fundamentos centrales de la acción colectiva de amparo presentada por organizaciones ambientalistas, integrantes de asambleas ciudadanas y organizaciones de derechos humanos. El litigio plantea que la reducción de los estándares de protección de los glaciares y ambientes periglaciares representa un retroceso en la protección de ecosistemas fundamentales para enfrentar el cambio climático. Esto se debe a que los glaciares cumplen funciones esenciales en la regulación del ciclo hidrológico, la conservación de reservas de agua dulce y el mantenimiento de la resiliencia de los ecosistemas de montaña.
Desde una perspectiva climática, la controversia presenta tres dimensiones principales:
a) Vulnerabilidad climática y seguridad hídrica.
El retroceso de los glaciares, asociado al incremento de las temperaturas globales, amenaza la disponibilidad de agua dulce y altera los patrones de escorrentía y regulación hídrica de las cuencas. En consecuencia, debilitar su protección puede incrementar la vulnerabilidad de las poblaciones y ecosistemas que dependen de estos recursos, especialmente en regiones áridas y semiáridas de Argentina. Por ello, la protección de los glaciares no constituye únicamente una cuestión de conservación ambiental, sino también una medida de adaptación al cambio climático y de prevención de riesgos socioambientales.
b) Riesgo de incremento de presiones extractivas sobre ecosistemas estratégicos.
La modificación del régimen de protección podría facilitar el desarrollo de actividades extractivas en territorios glaciares y periglaciares, al sustituir prohibiciones ambientales por evaluaciones sujetas a criterios de las autoridades provinciales. Esta transformación genera preocupación por los posibles impactos acumulativos sobre los ecosistemas de montaña, las reservas de agua dulce y las cuencas hidrográficas. Asimismo, puede incrementar la exposición de estos territorios a actividades incompatibles con su conservación, particularmente en un contexto de creciente estrés hídrico y calentamiento global.
c) Retroceso de la protección ambiental y obligaciones climáticas del Estado.
La acción judicial sostiene que la reforma legislativa resulta incompatible con las obligaciones nacionales e internacionales de Argentina en materia ambiental y climática. El argumento central es que el Estado no puede debilitar los mecanismos de protección de ecosistemas fundamentales para la adaptación climática y la seguridad hídrica, sin considerar las consecuencias ambientales y climáticas de esa decisión.
- Miembros de asambleas ciudadanas de varias provincias del país
- La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA)
- La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
- Greenpeace Argentina, Amnistía Internacional
- El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
- El Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
- Gobierno Nacional
El litigio se desarrolla en Argentina, un país cuya diversidad geográfica y climática comprende ecosistemas de alta montaña, regiones áridas y semiáridas, cuencas hidrográficas y territorios particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. En este contexto, los glaciares y ambientes periglaciares de la cordillera de los Andes constituyen reservas estratégicas de agua dulce y cumplen una función esencial en el equilibrio de los sistemas hidrológicos.
Los glaciares argentinos se distribuyen principalmente a lo largo de la cordillera de los Andes, atravesando distintas provincias y regiones del país. Su importancia territorial trasciende los límites provinciales, dado que alimentan cuencas hidrográficas que abastecen de agua a poblaciones, actividades agrícolas, ecosistemas y diferentes sectores productivos.
Los ambientes periglaciares también desempeñan una función ambiental fundamental, particularmente por su capacidad de almacenar agua en forma de hielo y contribuir a la regulación de los recursos hídricos. Estos ecosistemas adquieren especial relevancia en territorios áridos y semiáridos, donde la disponibilidad de agua depende significativamente del aporte de los sistemas criosféricos.
La vulnerabilidad de estos territorios se ha incrementado debido al calentamiento global, que provoca el retroceso de los glaciares, la pérdida de masas de hielo y modificaciones en los ciclos de disponibilidad del agua. Estas transformaciones representan riesgos para las comunidades que dependen de las cuencas alimentadas por los sistemas glaciares, así como para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
En este escenario, la Ley No. 26.639, conocida como Ley de Glaciares, estableció presupuestos mínimos de protección ambiental para preservar estos ecosistemas. Sin embargo, su modificación mediante la Ley No. 27.804, promulgada el 8 de abril de 2026, genera preocupación por la posible fragmentación de los estándares de protección ambiental entre las provincias y por la reducción de la protección de ecosistemas estratégicos para la seguridad hídrica nacional.
La controversia adquiere una dimensión territorial y federal, puesto que las decisiones sobre la protección de los glaciares no afectan exclusivamente a las provincias donde se encuentran, sino también a las poblaciones y actividades que dependen de las cuencas hidrográficas vinculadas con ellos.
Acuerdos/tratados internacionales
- Acuerdo de París
- Acuerdo de Escazú
- Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica
Leyes nacionales
- Constitución de Argentina
- Ley sobre Presupuestos mínimos de protección ambiental para la preservación de los glaciares y el entorno Periglaciar (Ley N° 26.639)
- Ley de Presupuestos mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (Ley N° 27.520)
- Ley General del Medio Ambiente (Ley N° 25.675)
- Ley N° 27.566)
Principios
- Principio de no regresión ambiental
- Principio de progresividad
- Principio de prevención
- Principio precautorio
- Principio de equidad intergeneracional
- Principio de sustentabilidad
- Principio de participación ciudadana
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