El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentaron una demanda de amparo en contra del Acuerdo por el que se modifica el artículo 31 de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos (en adelante Acuerdo modificatorio), publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

En su demanda las quejosas argumentan que el Acuerdo modificatorio es contrario al principio de progresividad y viola los derechos humanos al ambiente sano, a la salud, a la integridad personal y a la vida, en virtud de que amplía el plazo para que los sujetos regulados -que realizan actividades del sector hidrocarburos- cumplan con la obligación de elaborar y presentar un Programa para la Prevención y el Control Integral de las Emisiones de Metano del Sector Hidrocarburos (PPCIEM) y su respectivo reporte de cumplimiento.

Las quejosas señalan que la ASEA justificó la dilación de las obligaciones de los sujetos regulados argumentando que, debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, aún no se cuentan con Terceros Autorizados, que son una de las entidades acreditadas a emitir el dictamen que debe acompañar el PPCIEM y el reporte anual de cumplimiento; sin embargo, las quejosas afirman que esa excusa no es razón suficiente para aplazar el cumplimiento de las obligaciones de los regulados, ya que las mismas Disposiciones de metano establecen que "en tanto no se cuente con Terceros Autorizados los Regulados podrán someter a consideración de la Agencia, a una persona moral que demuestre su experiencia y cuente con reconocimiento nacional o internacional en el alcance de las actividades que se evaluarán".

En ese sentido las quejosas demandan que el Acuerdo Modificatorio al aplazar el cumplimiento de las Disposiciones de metano, permite que los Regulados sigan emitiendo metano de manera descontrolada, por lo que solicitan declarar su inconstitucionalidad.

El 23 de agosto del 2021, el Juzgado de conocimiento celebró audiencia constitucional en la que resolvió sobreseer el juicio de amparo bajo el argumento de que la parte quejosa no acredito su interés legitimo. Inconforme con dicha determinación, las demandantes presentaron recurso de revisión que un Tribunal Colegiado, el cual consideró que la modificación del plazo con que cuentan los regulados para entregar el PPCIEM (estipulada en el Acuerdo modificatorio) no causa a la parte demandante una afectación real y actual a su esfera jurídica. Razonó que la quejosa no acreditó plenamente su interés jurídico y legítimo frente al acto que reclama. Así, el 17 marzo de 2022, el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia del juzgado de primera instancia sobreseyendo con ello el juicio de amparo.

En la demanda presentada se argumenta que el metano es uno de los gases de efecto invernadero que más contribuye al cambio climático y que es un contaminante climático de vida corta (CCVC) que afecta negativamente la calidad del aire, por lo que sus emisiones deben ser reducidas.

Se señala que los derechos humanos como el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua, un medio ambiente sano, un nivel de vida adecuado, la vivienda, la propiedad, la libre determinación, el desarrollo y la cultura, así como los derechos de los niños, las niñas y las futuras generaciones, están siendo vulnerados por los impactos de la crisis climática.

Asimismo, se resalta que el Estado mexicano se ha comprometido a la luz de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y del Acuerdo de París a reducir en 25% las fugas, venteo y quemas controladas de metano y que el Acuerdo modificatorio propicia el incumplimiento de esos compromisos.

• Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
• Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

• Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Director del Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con la demanda presentada, en México las emisiones de metano en México representan el 19% del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero; de éstas, el 25% proviene del sector petróleo y gas.

En la primer Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) presentada por México en 2015 específicamente, en cuanto a la mitigación, el Estado se comprometió, de manera no condicionada, a reducir sus emisiones GEI un 22% y un 51% las emisiones de carbono negro para el 2030 y tomando como referente la línea base de 2013. Para cumplir con estas metas, la NDC contempla, de manera expresa, reducir en 25% las fugas, venteo y quemas controladas de metano.

Normas

• Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
• Acuerdo de París.
• Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
• Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).
• Opinión Consultiva 23/17, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el Medio Ambiente y los Derechos Humanos.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley General de Cambio Climático.
• Ley de Hidrocarburos.

Principios

• Prevención.
• Precaución.
• Progresividad.