Las organizaciones Instituto Socioambiental, Greenpeace Brasil y Asociación Brasileña de Miembros del Ministerio Público del Medio Ambiente (ABRAMPA, por sus siglas en portugués), presentaron una Acción Pública Civil, en la que demandan la nulidad de la Orden No.7036900/2020 GABIN emitida por el presidente, Eduardo Bim, del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA, por sus siglas en portugués), debido a que la misma, a solicitud de las empresas madereras, retiró el requisito de autorización de exportación y concluyó que con la Declaración de Origen Forestal (DOF) sería suficiente para exportar madera nativa.

Los demandantes argumentan que la Orden referida permite la exportación de madera nativa sin inspección y no garantiza que la madera producida sea legal. Indican que la DOF es un documento que solo autoriza el transporte de las mercancías al puerto, pero no indica si se ha cumplido con todas las disposiciones legales para la exportación. En cambio, la Autorización de Exportación destituida incluía como requisitos una serie de inspecciones y controles de verificación, por lo que este documento significaba cumplir con la misión para la cual la existencia misma del IBAMA está destinada: la de proteger y monitorear el medio ambiente. 

En ese sentido las organizaciones demandan que la Orden emitida por el IBAMA se constituye en una afectación a la Amazonia, al patrimonio nacional y a la biomasa, y por tanto al derecho de la colectividad a un medio ambiente ecológicamente equilibrado.

Por lo tanto, en la Acción Pública se solicita a la Corte: a) la suspensión de los efectos de la Orden Interpretativa Nº 7036900/2020GABIN, de IBAMA; b) la adopción de todas las medidas necesarias para restablecer los efectos de la IN Nº 15/2011 en cuanto a la aplicabilidad de la autorización para la exportación de madera nativa prevista en él; c) una multa diaria por un monto de R$ 10.000,00 (diez mil reales) o cualquier otro monto que el Tribunal estime conveniente, en caso de desacato al orden judicial, sin perjuicio de la tipificación del delito o de la improbidad administrativa, que se revertirá al Fondo.

La Acción Publica Civil contiene argumentos específicos sobre cambio climático. Señala que la Amazonia cumple con el funcionamiento importante de mantener del equilibrio ecológico y climático y que esto se hace evidente si se considera el escenario de las emisiones de CO2 en el país; por ejemplo, entre los años 1990 y 2016, Brasil emitió un total de 62 mil millones de toneladas brutas de CO2 equivalente (tCO2), de las cuales dos tercios, unos 39.000 millones de tCO2, fueron generados por cambios en el uso de la tierra, cuya principal fuente de emisión se atribuye a la deforestación (94% del total). De acuerdo a la Acción Publica Civil presentada, esto significa que la tendencia de las emisiones derivadas brutas de los cambios de uso de la tierra depende en gran medida de la política agregada y acciones que combaten o fomentan la deforestación. Afirma que Brasil, guardián de la mayor y más importante selva tropical del mundo, actualmente desmantela su política de protección del medio ambiente y bate récords de deforestación en el Amazonas.

• Instituto Socioambiental.
• Greenpeace Brasil.
• Asociación Brasileña de Miembros del Ministerio Publico del Medio Ambiente.

• La Unión Federal.
• Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables.

El estado del Amazonas en uno de los más extensos de Brasil, cuenta con 62 municipios, entre ellos Manaus, que es la capital. El 98% de su cobertura es forestal y en ella viven aproximadamente 65 grupos indígenas. Manaus es la sexta economía más grande de las ciudades del Brasil. Los principales productos del estado del Amazonas en cuanto a extracción vegetal son: madera, caucho, aceites de copaiba, fibra de palma, entre otros.  En los últimos años la deforestación ha sido uno de los principales problemas a los que se enfrenta el estado y el País. En general, la deforestación en Brasil aumentó el 51 % durante el primer trimestre de 2020, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil. Las alertas en marzo crecieron un 29,9 por ciento, en comparación con el mismo mes de 2019.

Normas

• Opinión Consultiva 23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Medio Ambiente y los Derechos Humanos.
• Constitución de la República Federativa de Brasil.
• Ley n.º 6.938/1981. Política Nacional del Medio Ambiente.
• Ley nº 12.651/2012. Ley Forestal.
• Ley N° 7.347/85, Ley de Acción Civil Pública.
• Instrucción Normativa (IN) Nº 15/2011.

Principios

• Precaución.