En 2021, un grupo de organizaciones indígenas promovieron una acción de inconstitucionalidad que busca que se expulse del ordenamiento jurídico ecuatoriano el Decreto No. 151, conocido como el decreto megaminero, que propone una política de permisividad más laxa para la autorización ambiental e hídrica de proyectos mineros a mediana y gran escala en territorios andinos y amazónicos dentro del territorio ecuatoriano, compaginado con el concepto de “proyecto estratégico” relacionado a la soberanía sobre recursos naturales del gobierno de Ecuador.

El Decreto implica una grave amenaza para los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales y colectivos en Ecuador, debido a que no existen garantías normativas que aseguren el cumplimiento de los estándares constitucionales respecto a principios ambientales y derechos de participación, como consulta previa, libre e informada. Especialmente, constituye una regresión respecto de los resultados de consultas populares en contra de proyectos mineros.

El Decreto impugnado tramita un “Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador” y establece como política pública a nivel nacional permitir actividades extractivas mineras, las cuales, de conformidad con la acción, tienen grandes impactos en la Amazonia ecuatoriana. Entre las afectaciones señaladas están las relacionadas con la deforestación, la cual es una de las fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero.

Con la aplicación del Decreto minero el Estado ecuatoriano estaría incumpliendo sus compromisos de conservación de ecosistemas clave y de reducción de emisiones adquiridos a nivel internacional y autoimpuestos a nivel constitucional.

• Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)
• Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)
• Frente Nacional Antiminero.

• Presidencia de la República de Ecuador

El Decreto afectará al 48% del territorio nacional con concesiones mineras planificadas, frente a la potencial apertura del mandato minero. Al menos 13 de las 17 nacionalidades indígenas ecuatorianas del país podrían tener afectaciones en sus territorios adjudicados como consecuencia de la aplicación de este Decreto.

Internacionales:

• Convenio 169 de la OIT
• Convención Americana de Derechos Humanos.

Nacionales:

• Constitución de la República del Ecuador.