El Tribunal Constitucional de Costa Rica ordenó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) que, en un plazo de 18 meses, incorpore el análisis de impactos climáticos —así como de acciones de adaptación y mitigación— en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) de actividades, obras y proyectos.
El fallo responde a un recurso presentado por un abogado y profesor de derecho ambiental en el que se argumentó una violación al derecho de las generaciones presentes y futuras a gozar de un clima seguro como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Según el demandante, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (2022) no incluye la obligación de evaluar riesgos e impactos climáticos dentro de los procedimientos de EIA. Además, la Setena no emitió guías, acuerdos o resoluciones administrativas para valorar actividades, obras o proyectos que generen riesgos e impactos climáticos. Esa omisión hace que la variable climática no se evalúe de forma directa y que no se exijan medidas de mitigación o adaptación a los desarrolladores de proyectos.
En el recurso se citan obligaciones asumidas por Costa Rica en instrumentos internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y el Convenio Centroamericano sobre Cambios Climáticos; además de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la propia Sala Constitucional.
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El Tribunal Constitucional de Costa Rica ordenó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) que, en un plazo de 18 meses, incorpore el análisis de impactos climáticos —así como de acciones de adaptación y mitigación— en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) de actividades, obras y proyectos.
El fallo responde a un recurso presentado por un abogado y profesor de derecho ambiental en el que se argumentó una violación al derecho de las generaciones presentes y futuras a gozar de un clima seguro como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Según el demandante, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (2022) no incluye la obligación de evaluar riesgos e impactos climáticos dentro de los procedimientos de EIA. Además, la Setena no emitió guías, acuerdos o resoluciones administrativas para valorar actividades, obras o proyectos que generen riesgos e impactos climáticos. Esa omisión hace que la variable climática no se evalúe de forma directa y que no se exijan medidas de mitigación o adaptación a los desarrolladores de proyectos.
En el recurso se citan obligaciones asumidas por Costa Rica en instrumentos internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y el Convenio Centroamericano sobre Cambios Climáticos; además de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la propia Sala Constitucional.
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