Comunidades indígenas de la Reserva de Vida Silvestre Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Tucabaca —ubicada en el municipio de Roboré, departamento de Santa Cruz, Bolivia— lograron frenar actividades de prospección y exploración minera en su territorio por parte de la empresa Walfremar SRL.

 

En julio de 2024, las comunidades presentaron una acción popular contra la empresa y contra la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), entidad dependiente del Ministerio de Minería que autorizó las actividades mineras.

 

Esta acción señaló de manera expresa la importancia de considerar la dimensión climática en los casos clásicos de minería: “Ante la crisis climática que sufre el planeta y cuyos efectos azotan a las comunidades más vulnerables al cambio climático, es necesario que el Estado garantice y respete el ejercicio de los derechos colectivos sobre el medio ambiente y los bienes comunes de los pueblos indígenas”, se lee en la demanda.

 

Las comunidades argumentaron que la autorización violaba los derechos de los pueblos indígenas conferidos en la Constitución Política de Bolivia, en el Convenio 169 de la OIT y en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Exigieron el cumplimiento de las normas ambientales vigentes en su municipio, además de respeto a sus decisiones pues ya habían rechazado la presencia minera en su territorio.

 

El 5 de agosto de 2024, se revocó el permiso de prospección y exploración a la empresa.

 

Más información aquí.