En una decisión histórica emitida el 23 de julio pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que el incumplimiento de los compromisos de mitigación es un acto internacional ilícito y genera responsabilidad jurídica para los Estados. Esta responsabilidad puede ser invocada incluso por Estados que no han sufrido daños directos, por lo que el máximo tribunal de la ONU abrió la puerta a litigios climáticos entre Estados.
En esta opinión consultiva, la CIJ deja claro que todos los Estados están obligados, en virtud del derecho internacional, a proteger el sistema climático global y señala que las naciones perjudicadas por el cambio climático podrían tener derecho a indemnizaciones por los daños sufridos.
El tribunal internacional declaró además en su dictamen que el cambio climático es un “riesgo universal existencial”, causado inequívocamente por la actividad humana y que los Estados miembros tienen el “deber” de prevenirlo.
En abril de 2023, la Asamblea General de la ONU pidió a la CIJ dictaminar cuáles son las obligaciones estatales para garantizar la protección del sistema climático frente a las emisiones generadas por el ser humano y cuáles son las consecuencias jurídicas de dichas obligaciones.
La opinión consultiva, impulsada por la nación insular del Pacífico de Vanuatu y respaldada por más de 130 países, fue emitida tras audiencias públicas en las cuales 96 Estados y once organizaciones internacionales presentaron declaraciones orales. Se trata del nivel más alto de participación en un procedimiento en la historia del organismo.
En una decisión histórica emitida el 23 de julio pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que el incumplimiento de los compromisos de mitigación es un acto internacional ilícito y genera responsabilidad jurídica para los Estados. Esta responsabilidad puede ser invocada incluso por Estados que no han sufrido daños directos, por lo que el máximo tribunal de la ONU abrió la puerta a litigios climáticos entre Estados.
En esta opinión consultiva, la CIJ deja claro que todos los Estados están obligados, en virtud del derecho internacional, a proteger el sistema climático global y señala que las naciones perjudicadas por el cambio climático podrían tener derecho a indemnizaciones por los daños sufridos.
El tribunal internacional declaró además en su dictamen que el cambio climático es un “riesgo universal existencial”, causado inequívocamente por la actividad humana y que los Estados miembros tienen el “deber” de prevenirlo.
En abril de 2023, la Asamblea General de la ONU pidió a la CIJ dictaminar cuáles son las obligaciones estatales para garantizar la protección del sistema climático frente a las emisiones generadas por el ser humano y cuáles son las consecuencias jurídicas de dichas obligaciones.
La opinión consultiva, impulsada por la nación insular del Pacífico de Vanuatu y respaldada por más de 130 países, fue emitida tras audiencias públicas en las cuales 96 Estados y once organizaciones internacionales presentaron declaraciones orales. Se trata del nivel más alto de participación en un procedimiento en la historia del organismo.