En una sentencia histórica, el Tribunal Constitucional de Corea declaró inconstitucionales algunas partes de la Ley de Neutralidad de Carbono debido a que la norma no establece objetivos de reducción de gases de efecto invernadero más allá de 2030, trasladando así el peso de la acción climática a las generaciones futuras. Se trata de un avance significativo para el litigio climático a nivel mundial porque es la primera vez que la crisis climática es reconocida como una cuestión de derechos constitucionales en el país y que se reconocen los derechos de las generaciones futuras.
La decisión responde al caso presentado por una coalición de jóvenes activistas por el clima, que incluye a miembros de la organización ambiental juvenil Youth 4 Climate Action. Las y los demandantes argumentaron que la ley, al fijar la reducción de emisiones en un 40% para 2030 (y no a 2049), en comparación con los niveles de 2018, no protege de manera suficiente sus derechos ni los de las generaciones por venir. El tribunal concluyó que la falta de un objetivo más ambicioso violaba el deber constitucional del Estado de proteger a su ciudadanía de los efectos adversos de la crisis climática.
El fallo exige que el gobierno surcoreano establezca un camino claro y con fundamentos científicos para alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Esto podría implicar el establecimiento de objetivos más ambiciosos. La sentencia también envía un firme mensaje a otros países del mundo: la crisis climática no es solo una cuestión política o ambiental, sino un asunto de derechos humanos que los tribunales están cada vez más dispuestos a defender.
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En una sentencia histórica, el Tribunal Constitucional de Corea declaró inconstitucionales algunas partes de la Ley de Neutralidad de Carbono debido a que la norma no establece objetivos de reducción de gases de efecto invernadero más allá de 2030, trasladando así el peso de la acción climática a las generaciones futuras. Se trata de un avance significativo para el litigio climático a nivel mundial porque es la primera vez que la crisis climática es reconocida como una cuestión de derechos constitucionales en el país y que se reconocen los derechos de las generaciones futuras.
La decisión responde al caso presentado por una coalición de jóvenes activistas por el clima, que incluye a miembros de la organización ambiental juvenil Youth 4 Climate Action. Las y los demandantes argumentaron que la ley, al fijar la reducción de emisiones en un 40% para 2030 (y no a 2049), en comparación con los niveles de 2018, no protege de manera suficiente sus derechos ni los de las generaciones por venir. El tribunal concluyó que la falta de un objetivo más ambicioso violaba el deber constitucional del Estado de proteger a su ciudadanía de los efectos adversos de la crisis climática.
El fallo exige que el gobierno surcoreano establezca un camino claro y con fundamentos científicos para alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Esto podría implicar el establecimiento de objetivos más ambiciosos. La sentencia también envía un firme mensaje a otros países del mundo: la crisis climática no es solo una cuestión política o ambiental, sino un asunto de derechos humanos que los tribunales están cada vez más dispuestos a defender.
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