Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Un grupo de pescadoras en compañia de la organización Tsikini A.C. del Estado de Colima promovieron en agosto de 2024 un amparo en contra de diversas autoridades, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por las afectaciones provocadas por la Central Termoeléctrica Manzanillo (la segunda termoeléctrica más grande de México, que utiliza combustóleo y gas), aduciendo la vulneración del derecho humano a a un medio ambiente sano, a la salud y a la falta de cumplimiento de compromisos climáticos.

El Ministerio Público del Estado de São Paulo interpuso una acción civil pública contra unos productores para prohibir la técnica de quema en la cosecha de caña de azúcar. La Acción solicitó condenar a los demandados al pago de una indemnización.

Un grupo de padres e hijos, miembros del Movimiento "Familias por el Clima", presentó una "acción de producción anticipada de pruebas" contra el gobierno de São Paulo, para acceder a los documentos que motivan y respaldan el programa "IncentivAuto" del gobierno de São Paulo, sancionado por el gobernador João Doria (PSBD), con el fin de acceder a información para un posible litigio sobre la pertinencia de este incentivo fiscal frente a las obligaciones de Brasil de reducir sus emisiones de carbono.

En el año 2012, la fábrica de Porta Hermanos S.A. amplió sus instalaciones para comenzar a producir etanol derivado de la molienda y fermentación de maíz transgénico (bioetanol). Este cambio productivo implicó un avance por sobre diferentes espacios de uso común del Barrio San Antonio e Inaudi en donde se ubica, y una profunda modificación sobre las dinámicas sociales de la comunidad. 

La organización Equística Defensa del Medio Ambiente interpuso una acción de amparo colectivo ambiental contra la Municipalidad de Rosario, la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Victoria, la Provincia de Entre Ríos, y el Estado Nacional, a causa de los incendios irregulares que se venían produciendo en el cordón de islas ubicado frente a la costa de la ciudad de Rosario, lo cual producía una grave afección a la salud de los habitantes.

Un conjunto de sindicatos de trabajadores independientes dedicados a la pesca artesanal demandaron por daño ambiental a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA).

Los demandantes indicaron que las unidades Bocamina 1 y 2 del Complejo Termoeléctrico Bocamina, propiedad de la empresa en cuestión, llevaba años emitiendo sustancias químicas como arsénico, cromo, zinc y mercurio entre otros, en niveles que superan los máximos permitidos por las leyes chilenas.

AIDA, la Agrupación de mujeres MUZOSARE y la organización de la sociedad civil Chile Sustentable interpusieron recurso de invalidación administrativa ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que invalide la norma que ese mismo órgano dictó en octubre de 2021, y que regula la figura del gas inflexible para todo el territorio nacional. Esta figura otorga prioridad para ingresar a la matriz a la electricidad producida por la combustión de gas fósil. Prioridad que desplaza las otras fuentes de generación de energía incluídas las renovables.

Habitantes de Tocopilla, acompañados por las organizaciones ambientales Chile Sustentable, Greenpeace y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando se ordene el cese inmediato de la quema forzada y acelerada de los excedentes de carbón de la central termoeléctrica Norgener (compuesta por las unidades Norgener 1 y 2) de la empresa AES Andes SA, que ascienden a 94.000 toneladas.

La CNDH recibió una queja por la falta de actualización de los límites máximos de contaminantes contenidos en las normas oficiales mexicanas (NOM) en materia de salud ambiental, así como por la inadecuada distribución en el territorio nacional de gasolina y diésel de buena calidad (que asegure adecuado funcionamiento de vehículos automotores y bajas emisiones a la atmósfera).

Un ciudadano residente de la Ciudad de México promovió un amparo en contra de la modificación a la NOM-016-CRE-2016 Especificaciones de calidad de los petrolíferos, expedida por la Comisión Reguladora de Energía. La modificación consistía en aumentar el porcentaje de etanol en las gasolinas de un 5.8% a un 10% fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la Zona Metropolitana de Monterrey.