Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

A finales de 2021 la organización Oceana México interpuso una demanda de amparo por la omisión del Congreso de la Unión de crear regulaciones de carácter general efectivas para la restauración o recuperación de especies pesqueras deterioradas o sobreexplotadas.  Se alegó la ineficacia de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables .

La organización Greenpeace México presentó una demanda de amparo en contra del PROSENER 2020-2024, de la fracción XXII del artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y del desvío de los recursos asignados para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, previstos en el Anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.

La Asociación Civil, Foro Medio Ambiental San Nicolás (FOMEA) interpuso acción legal contra la Empresa Atanor S.C.A. a la que le atribuye la generación de contaminación y daño ambiental en la región. 

La Corte Suprema de Justicia de Panamá, en un fallo del 27 de noviembre de 2023, declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023.

El caso versa de una demanda contra la aprobación por parte del gobierno guyanés de un megaproyecto de extracción de petróleo de ExxonMobil frente a la costa de Guyana, con impactos climáticos potenciales, lo cual fue considerado por los demandantes como una vulneración del derecho a un ambiente sano protegido por la Constitución de Guyana y los derechos de las generaciones futuras y al desarrollo sustentable. Es el primer caso de litigio climático en el Caribe.

En el año 2012, la fábrica de Porta Hermanos S.A. amplió sus instalaciones para comenzar a producir etanol derivado de la molienda y fermentación de maíz transgénico (bioetanol). Este cambio productivo implicó un avance por sobre diferentes espacios de uso común del Barrio San Antonio e Inaudi en donde se ubica, y una profunda modificación sobre las dinámicas sociales de la comunidad. 

La Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos junto a otras comunidades indígenas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron acción de amparo contra la provincia de Jujuy, Salta y el Estado Nacional con el objeto de que:

La demanda de amparo presentada por la comunidad nativa Puerto Franco y CEPKA en 2020 tuvo como objetivo obtener protección del derecho a la propiedad comunal que incluye el acceso y control de sus recursos naturales en su territorio, y a la consulta previa de los actos administrativos y medidas administrativas, que han generado dos problemas fundamentales, por un lado, la configuración de hechos lesivos como son el despojo territorial y la imposición de un esquema de conservación excluyente, con la creación del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) a s

El 26 de abril de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Corte IDH. Esta acción fue promovida por la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku, denunciando el ingreso no autorizado de la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina y la fuerza pública ecuatoriana en su territorio entre 2002 y 2003.

Campesinas y campesinos de una comunidad alrededor del cerro de Fierro Urco interpusieron una acción de protección en la ciudad de Loja, Ecuador, contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, por haber otorgado licencias, registros ambientales y certificados de no afectación a fuentes hídricas de varias concesiones mineras dentro del cerro de Fierro Urco, sin haber garantizado el derecho constitucional a la consulta ambiental, a la protección del agua, los derechos de la Naturaleza y el ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes de esta zona.