DF Brasil
La Fiscalía General de la República, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, presentó una acción directa de inconstitucionalidad (N. 6148) contra la Unión (administración pública federal), por su omisión inconstitucional en relación con la Resolución N. 491/2018 del Consejo Nacional del Medioambiente, que establece parámetros de calidad del aire. Las omisiones serían de tres especies: (i) ausencia de mecanismos que permitan la actualización de los parámetros de calidad; (ii) ausencia de mecanismos de fiscalización del cumplimento de los parámetros en territorio nacional; y (iii) insuficiencia de los parámetros a luz de las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (WHO), que cuidan de los efectos a la salud humana de los gases causadores del efecto invernadero (2021). La sentencia es desfavorable a la pretensión de sus autores. El Supremo Tribunal Federal decidió que no hay inconstitucionalidad por omisión en la Resolución, pero ha puntuado que la norma se encuentra “en vías de tornarse inconstitucional”. Así, el Tribunal fijó un plazo de dos años para que el CONAMA realice alteraciones en la norma, agregándole mecanismos de actualización periódica, amplia fiscalización y nuevos parámetros de protección en conformidad con las directrices más recientes de la WHO (2021).
El litigio contra la Resolución CONAMA N.º 491/2018 en Brasil, que establece los estándares nacionales de calidad del aire, es un caso clave de litigio ambiental y climático en el país. Fue cuestionada por ser considerada insuficiente para proteger la salud humana y el medio ambiente, no alineándose con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). [1, 2, 3, 4, 5]
El litigio ha forzado una revisión técnica de los estándares de contaminación atmosférica en Brasil, moviéndolos hacia parámetros internacionales más estrictos.
En mayo de 2022, el STF decidió que, si bien la resolución no era inconstitucional en sí misma, sí era inconstitucional por omisión parcial al no garantizar la protección de la salud.
Implementación
El Tribunal fijó un plazo de dos años para que el Consejo Nacional del Medioambiente (CONAMA), modifique la norma, agregue mecanismos de actualización, amplíe fiscalización y parámetros de protección de acuerdo a las directrices establecidas por la Organización Mundial de la Salud.
- Actualización (CONAMA 506/2024): A raíz de la presión judicial, el CONAMA publicó la Resolución N.º 506 de julio de 2024, que actualiza los estándares de calidad del aire y establece nuevas fases de cumplimiento.
- Implementación: Esta nueva norma establece estándares intermedios hasta fines de 2024, con el objetivo de llegar a estándares más estrictos para 2044.
El Tribunal entiende que la calidad del aire es un factor fundamental a la realización de los derechos socioambientales, que deben ser entendidos en sentido económico (la calidad del aire como variable dependiente de la desigualdad), en sentido social (la centralidad del aire para la salud humana), y en sentido ambiental (el aire como bien público global, cuya protección es parte importante de la protección del clima). El Acuerdo de París es visto como norma supralegal, que habla de derechos humanos fundamentales.
- Fiscalía General de la República
- Ministerio Público Federal (PGR/MPF)
- Unión (administración pública federal)
- Presidente del Consejo Nacional del Medioambiente (CONAMA)
Impacta a todo el territorio brasileño
- Acuerdo de París
- WHO global air quality guidelines (2021)
- Constitución Brasileña de 1988 (en especial, su artículo 225)
- Política Nacional sobre el Cambio Climático (PNMC), Ley N. 12187/2009
- Política Nacional del Medioambiente (PNMA), Ley N. 6938/1981