Costa Rica
El 12 de junio de 2023, la Fundación Quantum solicitó formalmente al MINAE y a la Junta Directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) una copia certificada en formato digital de ocho bloques de documentos históricos relativos al potencial y la exploración de hidrocarburos en Costa Rica. Entre la información requerida se encontraban estudios técnicos financiados por el Banco Mundial (1988), expedientes administrativos completos de concesiones otorgadas a empresas como MKJ Xploration Inc., Harken Costa Rica Holdings, Mallon Oil Company, Black Hills Corporation, y diversos análisis geológicos y geofísicos desarrollados entre 1985 y 1995.
Aunque la RECOPE informó el 29 de junio de 2023, que toda la documentación petrolera en su poder había sido trasladada al MINAE, este último ministerio no brindó respuesta ni acceso a los archivos. Ante la omisión institucional, la recurrente interpuso el recurso de amparo el 21 de agosto de 2023, por la vulneración de su derecho constitucional de acceso a la información.
El Ministro de Ambiente y Energía justificó la falta de entrega oportuna bajo los siguientes argumentos:
- La petición se originó a raíz de una propuesta privada de política energética de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), ajena a la agenda oficial del Gobierno.
- Los documentos solicitados corresponden a archivos antiguos (principalmente de la década de 1980) almacenados en más de 84 cajas físicas, por lo que no se encontraban digitalizados.
- Se requería una revisión minuciosa y previa para evitar la divulgación de secretos comerciales o financieros de empresas privadas, de conformidad con el artículo 273.1 de la Ley General de la Administración Pública.
El 7 de septiembre de 2023 mediante un oficio notificado de forma tardía y luego de que se admitiera el amparo, el MINAE puso los archivos físicos a disposición de la solicitante para su revisión y eventual fotocopiado a expensas de la interesada.
Derivado de lo anterior, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso y robustece su decisión en los siguientes principios fundamentales:
Principio de Transparencia Administrativa: El artículo 30 de la Constitución Política de Costa Rica establece la transparencia como la regla general en la gestión pública. Las únicas excepciones legítimas para restringir el acceso son los secretos de Estado expresamente declarados o la protección de datos sensibles bajo el derecho a la intimidad.
Inadmisibilidad de Excusas Logísticas: El volumen, la antigüedad o la complejidad física y organizativa de los archivos institucionales no fueron consideradas como causales válidas para negar o dilatar de forma indebida la entrega de información de interés público.
Deber de Disociación de Datos: En caso de que un expediente contenga piezas confidenciales o comerciales legítimas, la Administración Pública tiene la obligación técnica de testar, disociar o suprimir dichos datos específicos y entregar la porción pública del documento, en lugar de negar el acceso a la totalidad del legajo.
Insuficiencia de Respuestas Posteriores al Amparo: El ofrecimiento tardío de permitir la consulta física de los documentos una vez cursado el recurso no subsana la lesión constitucional originaria, ya que no satisface la modalidad de entrega (copia certificada) formalmente exigida por el administrado.
El 29 de septiembre de 2026, la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia declara con lugar el recurso de amparo y ordena al Ministro de Ambiente y Energía suministrar a la Fundación Quantum las copias certificadas solicitadas en un plazo improrrogable de diez días hábiles, así como realizar la debida disociación para resguardar los datos personales sensibles o información comercial de acceso estrictamente restringido. También ordena que los gastos económicos de las copias y las especies fiscales respectivas correrán por cuenta de la parte interesada, condenando al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, a liquidarse en la vía contencioso-administrativa.
El caso presenta una dimensión climática vinculada con el acceso a información pública relativa a la exploración y potencial aprovechamiento de hidrocarburos en Costa Rica. Aunque el recurso de amparo tiene como objeto inmediato la protección del derecho constitucional de acceso a la información, los documentos solicitados poseen relevancia ambiental y climática debido a que se refieren a recursos energéticos fósiles y a antecedentes administrativos y técnicos que pueden incidir en la formulación y evaluación de la política energética nacional.
La información histórica sobre el potencial, exploración y concesiones de hidrocarburos en Costa Rica, particularmente los estudios geológicos y geofísicos y los expedientes de empresas petroleras son relevantes dado que los hidrocarburos constituyen combustibles fósiles, cuya extracción, procesamiento y posterior utilización generan emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono (CO₂). Por ello, conocer los antecedentes de exploración petrolera permite analizar la relación entre: exploración de hidrocarburos- eventual explotación, disponibilidad y uso de combustibles fósiles y por ende, emisiones de GEI con la consecuencia del cambio climático.
El acceso a esta información permite fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y el control social sobre decisiones públicas relacionadas con actividades potencialmente generadoras de gases de efecto invernadero. En consecuencia, la dimensión climática del caso se manifiesta principalmente como una cuestión de gobernanza, transparencia y acceso a información ambiental, y no necesariamente como una reclamación directa por daños derivados del cambio climático.
En el contexto costarricense, el asunto es particularmente significativo porque el país ha desarrollado una política pública caracterizada por una fuerte participación de fuentes renovables en la generación eléctrica y por compromisos de descarbonización de su economía.
- Fundación Quantum.
- Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
- Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)
Costa Rica es un país con una biodiversidad excepcional y ecosistemas frágiles, lo que lo convierte en una nación altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Su ubicación en el trópico centroamericano lo expone a fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, tormentas tropicales, sequías e inundaciones, los cuales han aumentado en frecuencia e intensidad debido al calentamiento global.
En Costa Rica, el ordenamiento territorial y la gestión ambiental se fundamentan en un Derecho al Medio Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado, aunque enfrentan desafíos de coordinación institucional y el reto de garantizar una gobernanza territorial basada en el acceso público a la información.
A pesar de sus ambiciosas políticas ambientales y compromisos internacionales, el país enfrenta desafíos en la integración de la variable climática en sus instrumentos de gestión ambiental, como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Existe una brecha entre las exitosas políticas de conservación estricta de bosques y la falta de un ordenamiento territorial y conservación integral a nivel de desarrollo espacial.
La superposición de funciones entre municipalidades y entidades estatales genera conflictos ambientales y duplicidad de esfuerzos.
Leyes nacionales
- Constitución Política de Costa Rica
Principios
- Principio de acceso a la información
- Principio de máxima publicidad
- Principio de Prevención