AM Manaus Brasil
Se trata de una Acción Civil Pública (ACP), con solicitud de medida cautelar, interpuesta por las organizaciones Instituto Socioambiental, Greenpeace Brasil y Asociación Brasileña de Miembros del Ministerio Público del Medio Ambiente (ABRAMPA, por sus siglas en portugués), y el Gobierno Federal, buscando la declaración de nulidad de la Resolución Interpretativa 7036900/2020 de IBAMA, que eliminó la necesidad de autorización emitida por la agencia para la exportación de productos madereros y subproductos de especies nativas.
Afirman que, bajo la normativa anterior, quienes deseaban obtener autorización de exportación debían presentar personalmente, en la unidad de IBAMA con jurisdicción sobre el depósito aduanero, una serie de documentos que acreditaran la legalidad de las mercancías, sometiéndolas a inspección y liberación.
Los demandantes, al impugnar la resolución, argumentan que el requisito (único) del Documento de Origen Forestal (DOF) es insuficiente para la correcta inspección, seguimiento y control de las exportaciones de madera. Explican que el DOF (Documento de Origen Forestal) se compone de datos ingresados por las propias partes interesadas, y no por el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables), y que la agencia no tendría forma de intervenir antes del envío de la carga al extranjero. Sugieren que este cambio forma parte de un desmantelamiento más amplio de la política pública ambiental en Brasil, en detrimento de la legislación protectora. Advierten sobre el riesgo de un aumento de la deforestación ilegal, especialmente en la Amazonía, con la nueva regulación.
En ese sentido las organizaciones demandan que la Orden emitida por el IBAMA se constituye en una afectación a la Amazonia, al patrimonio nacional y a la biomasa, y por tanto al derecho de la colectividad a un medio ambiente ecológicamente equilibrado.
Explican las relaciones entre el aumento de la deforestación y el cambio climático, en particular el escenario brasileño de altas emisiones de GEI resultantes de los cambios en el uso de la tierra y la pérdida de sumideros de carbono debido a la supresión de la vegetación nativa, además de sus efectos nocivos en los bosques tropicales, con alteraciones en los patrones de lluvia y un mayor riesgo de alcanzar el "punto de no retorno" en la devastación de la selva amazónica.
Por lo tanto, en la Acción Pública se solicita a la Corte: a) la suspensión de los efectos de la Orden Interpretativa Nº 7036900/2020GABIN, de IBAMA; b) la adopción de todas las medidas necesarias para restablecer los efectos de la IN Nº 15/2011 en cuanto a la aplicabilidad de la autorización para la exportación de madera nativa prevista en él; c) una multa diaria por un monto de R$ 10.000,00 (diez mil reales) o cualquier otro monto que el Tribunal estime conveniente, en caso de desacato al orden judicial, sin perjuicio de la tipificación del delito o de la improbidad administrativa, que se revertirá al Fondo.
Actualmente, el procedimiento se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no es posible consultar los documentos adjuntos, el progreso del caso ni analizar posibles novedades.
La Acción Publica Civil contiene argumentos específicos sobre cambio climático. Señala que la Amazonia cumple con el funcionamiento importante de mantener del equilibrio ecológico y climático y que esto se hace evidente si se considera el escenario de las emisiones de CO2 en el país; por ejemplo, entre los años 1990 y 2016, Brasil emitió un total de 62 mil millones de toneladas brutas de CO2 equivalente (tCO2), de las cuales dos tercios, unos 39.000 millones de tCO2, fueron generados por cambios en el uso de la tierra, cuya principal fuente de emisión se atribuye a la deforestación (94% del total). De acuerdo a la Acción Publica Civil presentada, esto significa que la tendencia de las emisiones derivadas brutas de los cambios de uso de la tierra depende en gran medida de la política agregada y acciones que combaten o fomentan la deforestación. Afirma que Brasil, guardián de la mayor y más importante selva tropical del mundo, actualmente desmantela su política de protección del medio ambiente y bate récords de deforestación en el Amazonas.
- Instituto Socioambiental.
- Greenpeace Brasil.
- Asociación Brasileña de Miembros del Ministerio Publico del Medio Ambiente.
- La Unión Federal.
- Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables.
El estado del Amazonas en uno de los más extensos de Brasil, cuenta con 62 municipios, entre ellos Manaus, que es la capital. El 98% de su cobertura es forestal y en ella viven aproximadamente 65 grupos indígenas. Manaus es la sexta economía más grande de las ciudades del Brasil. Los principales productos del estado del Amazonas en cuanto a extracción vegetal son: madera, caucho, aceites de copaiba, fibra de palma, entre otros. En los últimos años la deforestación ha sido uno de los principales problemas a los que se enfrenta el estado y el País. En general, la deforestación en Brasil aumentó el 51 % durante el primer trimestre de 2020, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil. Las alertas en marzo crecieron un 29,9 por ciento, en comparación con el mismo mes de 2019.
Normas
- Opinión Consultiva 23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Medio Ambiente y los Derechos Humanos.
- Constitución de la República Federativa de Brasil.
- Ley n.º 6.938/1981. Política Nacional del Medio Ambiente.
- Ley nº 12.651/2012. Ley Forestal.
- Ley N° 7.347/85, Ley de Acción Civil Pública.
- Instrucción Normativa (IN) Nº 15/2011.
Principios
- Precaución.