CDMX México
En 2013, México realizó una reforma constitucional en materia de energía que incluyó, en su artículo Décimo Séptimo Transitorio, un mandato expreso al Congreso de la Unión para actualizar el marco jurídico del sector energético incorporando criterios de protección ambiental: eficiencia energética, reducción de gases de efecto invernadero (GEI), baja huella de carbono y obligaciones de energías limpias para la industria eléctrica.
Diez años después, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA-México) y el Centro Mexicano de Defensa Ambiental (CEMDA) demandaron al Congreso mexicano argumentando que este había incumplido el mandato de 2013 al no legislar específicamente para reducir y eventualmente prohibir el uso del carbón en la generación de energía eléctrica. La demanda señaló que esta omisión vulneraba los derechos humanos al medio ambiente sano y a la salud de las personas afectadas.
La Suprema Corte negó el amparo por 7 votos contra 2, argumentando que ese mandato no obligaba a legislar sobre el carbón en específico sino sobre sustentabilidad en general, y que el Congreso ya está cumpliendo ese deber genérico a través del marco normativo vigente. Sin embargo, la Corte reconoció que los compromisos ambientales del Estado son permanentes y evolutivos, y que las autoridades tienen la responsabilidad de seguir fortaleciendo la protección ambiental.
Entre los argumentos presentados por las demandantes se señaló:
a) La omisión legislativa inconstitucional
El mandato constitucional de 2013 obligaba al Congreso a legislar para garantizar la reducción gradual del uso del carbón y su eventual prohibición en la generación de electricidad.
A la fecha de la demanda, no existía ley que incorporara mecanismos específicos para eliminar gradualmente el carbón del sistema eléctrico nacional.
La falta de esa legislación permitía que México continuara, e incluso ampliara, la capacidad de sus plantas carboeléctricas, varias de las cuales ya habían superado su vida útil de 40 años.
b) La vulneración de derechos humanos
Se vulneró el derecho a un medio ambiente sano porque (1) se traduce en un incumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de GEI, (2) no atiende a la mejor información científica disponible y (3) es incompatible con el principio de progresividad.
El derecho a la salud se ve afectado directamente por la contaminación atmosférica derivada del carbón mineral, especialmente en comunidades cercanas a las plantas carboeléctricas.
La omisión legislativa perpetuaba la violación de estos derechos de forma indefinida.
c) Compromisos internacionales vinculantes
El IPCC establece que para el año 2050 debe eliminarse casi en su totalidad el uso del carbón para cumplir con las trayectorias de 1.5°C y 2°C del Acuerdo de París.
La United Nations Environment Programme (UNEP) ha señalado que la única opción para cumplir los objetivos climáticos al 2030 es comprometerse con una recuperación económica alejada del carbón.
México suscribió la Alianza Global para la Eliminación Progresiva del Carbón (2017), la Declaración de Silesia (COP24) y el Pacto de Glasgow (COP26), comprometiéndose a reducir gradualmente el uso del carbón.
Estos compromisos internacionales son relevantes para interpretar el alcance de los mandatos constitucionales sobre protección ambiental.
La Corte negó el amparo; sin embargo, la sentencia contiene importantes reconocimientos jurídicos que sientan precedentes valiosos para el litigio climático en México y la región.
Adopta el criterio jurisprudencial de que el interés legítimo cualificado de las organizaciones ambientales puede acreditarse a través de su objeto social establecido en su acta constitutiva.
El Estado mexicano tiene la obligación permanente y progresiva de reducir las emisiones contaminantes y avanzar hacia un modelo energético sustentable.
Es evidente que el cumplimiento de las obligaciones de mitigación climática requiere de una transformación estructural de los sistemas energéticos. Ello implica avanzar en la sustitución de fuentes con altas emisiones, como el carbón, por tecnologías de menor intensidad de carbono por fuentes renovables.
La NDC 3.0 hace parte del conjunto de medidas normativas y de política pública orientadas a la descarbonización del sistema eléctrico.
La transición energética debe realizarse con base en la mejor información científica disponible, la justicia intergeneracional y la sostenibilidad del desarrollo nacional.
El Congreso y demás autoridades competentes conservan la responsabilidad de continuar impulsando acciones normativas y administrativas que fortalezcan la protección ambiental.
La sentencia reitera que el Estado mexicano sí tiene la obligación constitucional y convencional de proteger el derecho a un medio ambiente sano frente al cambio climático, por lo que las autoridades deben impulsar políticas públicas efectivas para reducir emisiones contaminantes
Es el primer caso en México, y uno de los primeros en América Latina, en que la Suprema Corte analiza a fondo la relación entre omisiones legislativas, mandatos constitucionales climáticos y el uso de combustibles fósiles específicos.
El reconocimiento del principio de progresividad ambiental y del carácter evolutivo de los compromisos climáticos sienta bases jurídicas útiles para litigios en otros países de la región.
Los compromisos climáticos internacionales, como los mandatos convencionales, generan obligaciones legislativas específicas.
Con esto, otra Corte en América Latina ofrece pistas interpretativas para concluir que las NDC 3.0 contienen obligaciones de carácter vinculante.
El elemento climático de este litigio radica en la pretensión de desarrollar un marco legislativo específico que permita la salida responsable del carbón mineral en la generación de energía eléctrica en México, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la reforma constitucional energética de 2013, bajo un esquema de transición energética justa y climáticamente responsable.
Las organizaciones AIDA-México y CEMDA sostuvieron que la continuidad de la generación eléctrica mediante carbón resulta incompatible con las obligaciones nacionales e internacionales de mitigación del cambio climático, debido a las elevadas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que produce este combustible fósil. Asimismo, argumentaron que mantener en operación plantas carboeléctricas, algunas de ellas con una antigüedad superior a su vida útil estimada, obstaculiza el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París y las trayectorias científicas necesarias para limitar el calentamiento global a 1.5 °C. El caso plantea, por tanto, la necesidad de que la política energética mexicana avance hacia una transición energética justa, basada en energías limpias, la reducción de emisiones y la protección de los derechos humanos.
- Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA-México)
- Centro Mexicano de Defensa Ambiental (CEMDA)
- Congreso de la Unión
Este litigio tiene alcance nacional, ya que cuestiona el modelo de generación eléctrica basado en combustibles fósiles y sus repercusiones sobre el ambiente, el clima y la salud pública. Sin embargo, sus efectos se manifiestan de manera diferenciada en las regiones donde se ubican las centrales carboeléctricas, particularmente en las zonas vinculadas con la actividad carbonífera de Coahuila y las instalaciones de generación eléctrica de Nava, así como en las comunidades cercanas a estas infraestructuras. Estos territorios enfrentan problemáticas asociadas con la extracción y combustión del carbón, como contaminación atmosférica, emisiones de GEI y exposición de la población a contaminantes perjudiciales para la salud. En este sentido, el litigio trasciende la discusión sobre la regulación del sector eléctrico, pues pone de manifiesto la desigual distribución territorial de las cargas ambientales y climáticas.
Aunque la Suprema Corte negó el amparo por considerar que el mandato constitucional no exigía legislar específicamente sobre la eliminación del carbón, reconoció el carácter permanente y evolutivo de las obligaciones estatales de protección ambiental, lo que mantiene vigente el deber de fortalecer progresivamente el marco jurídico para enfrentar la crisis climática y garantizar los derechos al medio ambiente sano y a la salud.
Acuerdos/tratados internacionales
- Acuerdo de París (particularmente las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional para reducir gases de efecto invernadero)
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos
Leyes nacionales
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Artículos 1° y 4°
- Artículo Décimo Séptimo Transitorio de la reforma energética de 2013
- Ley General de Cambio Climático (LGCC)
- Ley de Transición Energética (LTE)
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)
- La legislación del sector eléctrico (considerando también las reformas constitucionales de 2024 y la expedición de la nueva Ley del Sector Eléctrico en 2025
Principios
- Principio de prevención
- Principio de mejor información científica disponible
- Progresividad y no regresividad ambiental
- Principio pro persona y legalidad