Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, CNLCC, interpusieron una acción constitucional de amparo de cumplimiento en contra del Presidente de la República, del Ministro de Energía y Minas, del Ministro de Industria, Comercio y MiPymes; Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Superintendencia de Electricidad; Comisión Nacional de Energía y el Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional del Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio por inc

La organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) interpuso una demanda de amparo en contra de las Resoluciones 789/2017 y 813/2017, emitidas por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), mediante las que autorizó a la empresa petrolera El Trébol (PETSA), la exploración y explotación de petróleo mediante el método de fracking en cuatro pozos situados en cercanías de la Laguna Llancanelo (Sitio Ramsar de importancia internacional).

El 9 de abril de 2018, la ONG OIKOS Red Ambiental presentó una demanda de inconstitucionalidad e inconvencionalidad contra el Decreto N.º 248/2018 del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia, que tiene por objeto reglamentar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en formaciones no convencionales (fracking).

Greenpeace Argentina, junto con la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Surfrider Argentina, Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, Asociación de Surf Argentina, Organización Mar,  Asociación de Surf Necochea Quequén,  la Asociación de General Alvarado de Surf (Miramar) y  Ecos de Mar, presentaron una acción de amparo y una solicitud de medida cautelar contra el Estado argentino, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente.

En 2013, el colectivo Yasunidos y otros impulsaron una iniciativa de consulta popular para que la ciudadanía decidiera si el petróleo del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) debía permanecer indefinidamente bajo el subsuelo del Parque Nacional Yasuní. El proceso fue objeto de diversas controversias administrativas relacionadas con la validación de firmas y la actuación de las autoridades electorales, lo que impidió que la consulta se realizara durante casi una década.

La Red de Acueductos Comunitarios del sur de Santander y diversas comunidades campesinas iniciaron una acción legal debido a que la Agencia Nacional de Minería (ANM), otorgó licenciamiento a la empresa Zurich Internacional Trading, titular del proyecto de explotación de carbón y principal empresa señalada por las comunidades, debido a inconsistencias en los instrumentos que sustentan el proyecto minero.

El Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) presentó el 29 de junio de 2026 un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, contra la resolución de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) que autorizó la renovación por tercera vez de la licencia ambiental para la fase 1 de exploración hidrocarburífera, que incluye la prospección sísmica 2D, gravimetría y muestreo del fondo marino en el Caribe hondureño.

Un grupo de niñas, niños y jóvenes residentes de Xochimilco, Ciudad de México, interpusieron un amparo en contra de la construcción del puente vehicular Periférico-Cuemanco, que estaría ubicado en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, el cual fue autorizado por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y licitado a la empresa IDINSA S.A. de C.V.

A finales de 2021 la organización Oceana México interpuso una demanda de amparo por la omisión del Congreso de la Unión de crear regulaciones de carácter general efectivas para la restauración o recuperación de especies pesqueras deterioradas o sobreexplotadas.  Se alegó la ineficacia de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables .

Greenpeace de México en una estrategia conjunta con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, presentó una demanda de amparo contra el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, emitido por el Centro Nacional de Control de Energía y del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado por la Secretaría de Energía.