Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En 2018, la Ciudad de Bucaramanga presentó una demanda contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y dos autoridades ambientales regionales (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB y Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander -CORPONOR), buscando la protección del Páramo de Santurbán contra las actividades mineras.

En el año 2021, una pareja de campesinos promovió una acción de tutela contra diferentes entidades públicas, entre ellas la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), porque se vieron desplazados y obligados a abandonar las tierras donde vivían y trabajaban, debido a las múltiples inundaciones del río Bojabá en el Departamento de Arauca.

Las organizaciones brasileñas de Arayara, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la Tierra Indígena Rio dos Pardos – Aldea Kupli interpusieron una acción civil pública (ACP) contra la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y la Unión Federal.

Dos empresas guatemaltecas, Oxec SA y Oxec II SA, supervisaron dos proyectos de represas hidroeléctricas que se construirían a lo largo del río Cahabón. Ambas empresas son propiedad de Energy Resources Capital Corporation, registrada en Panamá. Las comunidades indígenas locales denunciaron que no se les consultó formalmente y expresaron su preocupación en virtud de que las represas dañarían su medio ambiente y violarían sus derechos. 

En diciembre de 2022, doce personas Pastos de los resguardos Cumbal, Mayasquer, Panam y Chiles de Nariño, Colombia, se enteraron de la existencia de un contrato entre la autoridad de la comunidad indígena de Gran Cumbal y SVP Business SAS para la compra de bonos de carbono relacionados con el proyecto REDD+ “Pachamama Cumbal”. 

Organizaciones de derechos humanos y un grupo de expertos radican demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de la República de Colombia, el 24 de julio de 2023, al advertir que el artículo 57 de la Ley 99 era inconstitucional por déficit de protección constitucional al no incluir:  (i) la obligación de prevención y gestión ambiental al no incluir los efectos del cambio climático y (ii) la obligación de garantizar la protección frente a las afectaciones a los derechos humanos. 

La organización Equística Defensa del Medio Ambiente interpuso una acción de amparo colectivo ambiental contra la Municipalidad de Rosario, la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Victoria, la Provincia de Entre Ríos, y el Estado Nacional, a causa de los incendios irregulares que se venían produciendo en el cordón de islas ubicado frente a la costa de la ciudad de Rosario, lo cual producía una grave afección a la salud de los habitantes.

La Asociación Civil, Foro Medio Ambiental San Nicolás (FOMEA) interpuso acción legal contra la Empresa Atanor S.C.A. a la que le atribuye la generación de contaminación y daño ambiental en la región. 

En el año 2012, la fábrica de Porta Hermanos S.A. amplió sus instalaciones para comenzar a producir etanol derivado de la molienda y fermentación de maíz transgénico (bioetanol). Este cambio productivo implicó un avance por sobre diferentes espacios de uso común del Barrio San Antonio e Inaudi en donde se ubica, y una profunda modificación sobre las dinámicas sociales de la comunidad. 

La Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos junto a otras comunidades indígenas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron acción de amparo contra la provincia de Jujuy, Salta y el Estado Nacional con el objeto de que: