La Fiscalía General de la República, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, presentó una acción directa de inconstitucionalidad (N. 6148) contra la Unión (administración pública federal), por su omisión inconstitucional en relación con la Resolución N. 491/2018 del Consejo Nacional del Medioambiente, que establece parámetros de calidad del aire. Las omisiones serían de tres especies: (i) ausencia de mecanismos que permitan la actualización de los parámetros de calidad; (ii) ausencia de mecanismos de fiscalización del cumplimento de los parámetros en territorio nacional; y (iii) insuficiencia de los parámetros a luz de las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (WHO), que cuidan de los efectos a la salud humana de los gases causadores del efecto invernadero (2021). La sentencia es desfavorable a la pretensión de sus autores. El Supremo Tribunal Federal decidió que no hay inconstitucionalidad por omisión en la Resolución, pero ha puntuado que la norma se encuentra “en vías de tornarse inconstitucional”. Así, el Tribunal fijó un plazo de dos años para que el CONAMA realice alteraciones en la norma, agregándole mecanismos de actualización periódica, amplia fiscalización y nuevos parámetros de protección en conformidad con las directrices más recientes de la WHO (2021).

El Tribunal entiende que la calidad del aire es un factor fundamental a la realización de los derechos socioambientales, que deben ser entendidos en sentido económico (la calidad del aire como variable dependiente de la desigualdad), en sentido social (la centralidad del aire para la salud humana), y en sentido ambiental (el aire como bien público global, cuya protección es parte importante de la protección del clima). El Acuerdo de París es visto como norma supralegal, que habla de derechos humanos fundamentales.