El 31 de enero de 2024, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de México decidió declarar inconstitucional la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) por considerar que estaría vulnerando el principio de desarrollo sostenible al desincentivar la producción de energía solar y eólica en el país.

 

Con esta decisión, el máximo tribunal dio por terminados todos los juicios promovidos en contra del decreto de la reforma, en los cuales se argumentan temas de competencia económica, así como de vulneración del derecho al ambiente sano y desconocimiento de los compromisos climáticos del Estado mexicano. Algunas de estas demandas fueron promovidas por Greenpeace México y por juventudes mexicanas.

 

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