Partidos políticos interpusieron dos Acciones Directas de Inconstitucionalidad por Omisión (ADIO 59 y ADIO 60, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que se reconozca la omisión de la Unión en relación con la paralización del Fondo Amazonia.

La paralización caracterizaría, según la argumentación de los partidos políticos, en una omisión administrativa inconstitucional, y estarían evidente en los siguientes aspectos: (i) la extinción, por decreto, del Comité Técnico del Fondo; (ii) la extinción, por decreto, del Comité de Orientación del Fondo; y (iii) la contención de R$ 1,5 billones (US$ 300 millones, aproximadamente), sin contratar nuevos proyectos ni ejecutar ningún acto de protección ambiental en Amazonia.

En la demanda, los partidos piden al gobierno que use los $ 1,5 mil millones congelados, regularice las transferencias, evalúe los proyectos pendientes y se abstenga de tomar más medidas perjudiciales; debido a que el Ministro de Ambiente, Ricardo Salles paralizó las actividades del fondo después de que los países no aceptaran cambios en la asignación de recursos y en la gobernanza.

La acción contiene argumentos específicos sobre cambio climático; por ejemplo, señala que el Fondo Amazonia es una iniciativa pionera de las acciones de financiamiento para la reducción de emisiones de la deforestación y degradación forestal (REDD +), mecanismo desarrollado bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para recompensar financieramente a los países en desarrollo por sus resultados de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la deforestación y degradación forestal, considerando el papel de la conservación de las reservas de carbono.

En este sentido, dado que la función del Fondo se basa en fomentar proyectos que prevengan o combatan la deforestación y aquellos que promuevan la conservación e integración sostenible de recursos naturales del área Amazonía Legal, el soporte para la protección de la propiedad de los territorios indígenas es uno de los mecanismos más eficientes para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través de la conservación forestal.

• Partido Socialista Brasileño (PSB),
• Partido Socialismo y Libertad (P-SOL)
• Partido de los Trabajadores (PT)
• Red Sostenibilidad

• La Unión (Gobierno Federal).

Brasil posee 60% del territorio amazónico y aproximadamente el 20% de todas las especies terrestres del planeta; al mismo tiempo, se ha convertido en el país con la mayor pérdida de bosques tropicales primarios y nativos en el mundo. Cuenta con 896.917 población indígena distribuidos en 305 grupos étnicos, de los cuales unos 502.783 individuos del total de la población indígena viven en zonas rurales y 315.180 en zonas urbanas. Del mismo modo, Brasil es considerado como el país con la mayor concentración conocida de pueblos indígenas en aislamiento. Estas características lo hacen altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Para evitar la pérdida de su rica biodiversidad y garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas, es fundamental detener la deforestación y degradación de la Amazonía.

El Fondo Amazonia es el principal mecanismo de financiamiento de proyectos de protección para la Amazonía. Fue creado en el 2008, como un instrumento esencial para reducir la deforestación y es gestionado por el Banco de Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). La recaudación de fondos funciona con donaciones voluntarias, condicionadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que es necesario demostrar la reducción de deforestación año tras año, para que los donantes continúen con la inversión. 

Normas

• Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
• Acuerdo de París 
• Constitución de la República Federativa de Brasil
• Política Nacional sobre el Cambio Climático (PNMC), Ley N. 12187/2009
• Política Nacional del Medioambiente (PNMA), Ley N. 6938/1981