La Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenó al Estado argentino, así como a los gobiernos de las provincias de Jujuy y Salta, suspender la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes, además de realizar una gestión ambiental conjunta para prevenir el daño irreversible que estas actividades mineras provocarían en en el sistema hídrico compartido por ambas provincias. 

 

La sentencia, emitida en marzo de 2023, responde a una demanda de amparo presentada por comunidades indígenas del Santuario de Tres Pozos y por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). En la demanda se argumenta la vulneración del derecho de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado; de su derecho de acceso a la información; de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en materia ambiental y del principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú; así como la infracción de disposiciones ambientales internacionales y nacionales.

 

El máximo tribunal consideró el principio in dubio pro natura e in dubio pro agua, así como el de no regresión, para tomar una decisión favorable a las comunidades en la que dispone una protección sólida de los ecosistemas amenazados, que incluya un enfoque intergeneracional y los derechos de las generaciones futuras.

 

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