Noticias

Un tribunal austriaco encontró culpable de lavado de imagen verde (greenwashing) a la compañía Austrian Airlines por engañar a sus clientes con publicidad que ofrecía vuelos con emisiones neutras de CO2 sin que fuera cierto. La empresa cobraba un  50% más en el costo del trayecto entre Viena y  Venecia con el argumento de que los viajes eran 100% sostenibles.

El caso fue presentado por la Asociación Austriaca de Información al Consumidor y la empresa se vió obligada a retractarse públicamente por la propaganda engañosa. La Organización Europea de Consumidores presentó una denuncia contra 17 aerolíneas de la Unión Europea, incluida la austriaca, por afirmaciones engañosas relacionadas con el clima.

Vea más aqui

A finales de noviembre, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos anunció la inclusión del glotón o wolverine norteamericano (Gulo gulo luscus) —un mamífero de la familia de las comadrejas que vive en la de las regiones árticas, subárticas y montañosas del hemisferio norte— en la Lista Nacional de Especies Amenazadas y en Peligro. Se trata de una victoria en la larga batalla legal iniciada por numerosos grupos ambientalistas en la década de los noventa. 

Conforme a la Ley de Especies en Peligro de Extinción estadounidense, los glotones gozan ahora de una protección que incluye el área geográfica que constituye su hábitat, lo que ampliará las posibilidades de conservación de la especie frente a los impactos de la crisis climática. 

Mayor información aquí

Fotografía: Steven Gnam / National Geographic 

Por primera vez en la historia de Estados Unidos, una jueza declaró inconstitucional una ley que promovía los combustibles fósiles ignorando sus efectos negativos en el ambiente y en el derecho de las personas vivir en un entorno limpio y saludable. Ocurrió en el estado de Montana como resultado de la demanda interpuesta por un grupo de 16 personas, de entre 5 y 22 años, cuyo triunfo demuestra el coraje de su generación contra la inacción climática.

Aunque otros jóvenes han presentado casos similares, este es el primero que llegó a juicio. El caso llevó a la jueza a dictaminar que el estado de Montana violó el derecho de las y los demandantes a un medio ambiente limpio y saludable, garantizado por la constitución estatal. Al anular la ley estatal que prohíbe la consideración de los efectos climáticos durante la revisión ambiental por considerarla inconstitucional, la jueza sentó un precedente importante para el litigio climático.

Enlace para mayor información aquí

El 27 de septiembre, seis jóvenes de Portugal, de entre 11 y 24 años, demandaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a 32 Estados de la Unión Europea —los 27 que conforman la Unión Europea más Turquía, Rusia, Reino Unido, Noruega y Suiza— por no actuar adecuadamente para enfrentar la crisis climática, lo que significa una vulneración a sus derechos humanos.

El detonante fueron los incendios que azotaron Portugal en 2017, un hecho que las y los jóvenes demandantes sufrieron de cerca. Esto les llevó a interponer una acción judicial por la falta de acción política respecto del control de emisiones de gases de efecto invernadero, que llevan a más incendios y otros desastres asociadas al clima cambiante. 

El objetivo es conseguir una sentencia vinculante del Tribunal que obligue a los Estados a tomar medidas concretas hacia la transición energética, frenando así el exceso de dióxido de carbono (CO2) que genera la economía actual y que pone en peligro la vida humana en el planeta.

Más información: 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/jovenes-portugueses-demandan-tribunal-derechos-humanos-cambio-climatico/

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó el Informe Mundial sobre Litigios Climáticos: Revisión de la Situación 2023, una actualización de los informes presentados en 2017 y 2020. La publicación ofrece una visión general del estado actual de los litigios climáticos y da cuenta de las tendencias mundiales al respecto, incluyendo las cuestiones clave a las que se han enfrentado los tribunales en el desarrollo de los casos.

Del informe se desprende que los litigios climáticos se han duplicado en los últimos años. Para su primer informe (2017), el PNUMA analizó 884 casos y para el de 2023 examinó 1.550. Esto muestra que este tipo de litigio se está convirtiéndo en en una herramienta clave y cada vez más recurrida para combatir la crisis climática. Los niños, niñas, jóvenes, grupos de mujeres, las comunidades locales y los pueblos indígenas —entre otros actores— son quienes están asumiendo un liderazgo en la presentación de estas acciones.

Revisa el informe completo aquí (en inglés)   

El aumento del nivel del mar, las inundaciones y tormentas severas en el Estrecho de Torres llevaron a dos residentes de las islas Boigu y Saibai en Australia a recurrir a los tribunales para proteger a sus comunidades del cambio climático. Los demandantes alegan que sus hogares podrían desaparecer ante el aumento del nivel del mar convirtiendo a quienes habitan las islas en los primeros refugiados climáticos del país. 

Estas comunidades, así como su cultura, están en riesgo de desaparecer ya que se ubican en zonas extremadamente bajas. Según datos científicos, el nivel del mar está avanzando en el Estrecho de Torres, que separa Australia de Nueva Guinea, a un ritmo dos veces superior al de la medida mundial. “Convertirse en refugiados climáticos significa perderlo todo: nuestros hogares, nuestra cultura, nuestras historias y nuestra identidad. Si nos quitan eso, no sabemos quiénes somos. Tenemos la responsabilidad cultural de asegurar que eso no ocurra y de proteger del cambio climático al país, a nuestras comunidades, cultura y espiritualidad ", dijo Paul Kabai, uno de los demandantes.

Enlaces a mayor información en: https://australianclimatecase.org.au/ y

https://www.sbs.com.au/language/spanish/es/article/por-que-los-islenos-del-estrecho-de-torres-presentan-una-demanda-contra-el-gobierno-australiano/uhvme13jo

En la Unión Europea se pretende aplicar una taxonomía que clasifica a las actividades relacionadas con energía nuclear y gas fósil como actividades económicas ambientales sostenibles. En México, el Acuerdo A/018/2023 de la Comisión Reguladora de Energía busca considerar como energía limpia una fracción de la generación eléctrica de las centrales de ciclo combinado a base de gas fósil. 

Organizaciones ambientales han empezado a presentar litigios contra estas regulaciones pues contradicen la “urgencia” de transitar a energías  renovables y limpias para frenar la crisis climática. Darle una etiqueta sostenible al gas fósil es una medida regresiva y contraria a lo que establece el Acuerdo de París. El uso de este combustible fósil libera altas cantidades de dióxido de carbono y de metano. La implementación de normativas que promueven el gas amenaza con agravar la crisis climática. 

Más información en: Taxonomía de la UE: Acto Delegado Complementario sobre el Clima para acelerar la descarbonización (europa.eu)

Austria recurre que la nuclear y el gas sean inversiones 'verdes' (rtve.es)

Cuando el mundo atravesaba por una crisis de salud y la COVID-19 nos hacía alejarnos de todo y de todos/as, me topé con la Comunidad de Práctica de Litigio Climático en América Latina. Por esos días de 2020, era colaboradora externa de Greenpeace México y tuve la fortuna de coincidir con Javier, Florencia y Verónica, anfitriones/as de esta naciente comunidad desde su trabajo en AIDA.

La comunidad propició diversos encuentros virtuales para intercambiar ideas en torno al litigio climático con personas de toda la región preocupadas por el ambiente, la crisis climática, la salud del planeta y de los seres vivos.

Confirmamos preocupaciones compartidas y evidenciamos cómo, desde cada trinchera, hacíamos frente a las crisis ambientales y sociales a través de litigios climáticos estratégicos. 

Mientras algunas personas litigaban contra la deforestación, las minas de carbón y las termoeléctricas, o para la inclusión de variables de cambio climático en los estudios de impacto ambiental; otras buscaban frenar políticas encaminadas al uso de combustibles fósiles o la mejora y cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales.

Fue interesante ver la amplitud y versatilidad con la que se desplegaba la herramienta del litigio para potenciar la acción climática.

AIDA nos invitó después a participar en una serie de encuentros para conversar con las y los protagonistas de algunos de los casos de litigio estratégico más emblemáticos a nivel mundial. 

La experiencia de interactuar de cerca y en espacios de confianza con estas personas fue inigualable. Sin duda aumentó mi convicción de que la lucha que se estaba librando era muy importante, así como la necesidad de conocer más de los litigios climáticos.

Luego llegó otra invitación de AIDA, esta vez para colaborar en el comité asesor para la construcción de una plataforma que contuviera, en un solo lugar, los casos de litigio climático de nuestra región y en nuestro idioma, como testimonios de una resistencia que proviene desde diversos frentes. 

El objetivo era agrupar y visibilizar los esfuerzos de América Latina y el Caribe frente a los conflictos climáticos en un sitio web donde las y los usuarios accedieran a información, argumentos para apoyar luchas, estrategias y a la posibilidad de establecer contacto con abogados/as y científicos/as.

El Instituto Alana de Brasil, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, la Defensoría Ambiental de Chile y Greenpeace México respondimos al llamado para participar en el diseño de la herramienta. 

El principal reto estaba en cómo recopilar, sistematizar y mantener actualizados los datos. La solución fue conformar un equipo de relatores/as. Así, personas voluntarias —abogados/as o estudiantes de derecho de distintos países con interés en trabajar por el ambiente, el clima y el respeto a los derechos humanos— empezaron a colaborar de manera virtual en el mantenimiento y actualización de la plataforma e informando de casos nuevos en sus jurisdicciones.

Los esfuerzos conjuntos dieron fruto y, en febrero de 2022, la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe nació oficialmente con el objetivo de fortalecer el litigio climático en la región y con ello su poder para promover los cambios estructurales que se necesitan.

La plataforma fue lanzada con 49 casos y actualmente alberga 61 casos de ocho países. Otros 30 están en proceso de ser incluidos. Los casos están identificados y categorizados de forma amigable e intuitiva. El equipo de relatores/as está integrado por 24 personas que cubren 12 países. La plataforma no sería posible sin su trabajo y entusiasmo incansables.

A un año y medio del lanzamiento de la plataforma, y mucho más tiempo desde que fue gestada, mis recuerdos apuntan al entusiasmo, la dedicación y el compromiso de mucha gente por defender nuestro hogar común, por luchar contra la devastación y la posibilidad de heredar a las futuras generaciones un planeta más verde y azul. 

Tenemos la obligación de rendir cuentas a las generaciones venideras. Debemos brindar herramientas, iniciar y continuar acciones que den luz a futuras acciones legales para proteger y cuidar el ambiente. 

Comparto mi certeza de que los objetivos marcados por la comunidad de práctica en esas primeras reuniones de 2020 se están cumpliendo y que este proyecto seguirá adelante a pasos agigantados. 

El reto se mantiene: seguir difundiendo los casos de éxito, las valiosas lecciones de cuando las cosas no resultan como esperamos, las experiencias regionales e internacionales exitosas; y seguir trabajando para hacer efectivas las sentencias que le dan la razón al planeta. 

Desde AIDA, te invitamos a conocer y a usar la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe para adentrarte al mundo de los litigios climáticos, que representan una gran oportunidad en la lucha por la justicia climática y la protección de los derechos humanos en la región y en el mundo.

Autora: Marcela Morales Gutiérrez, abogada litigante mexicana, asesora externa de AIDA y colaboradora de la PLC.

Todos los años, el Graham Research Institute on Climate Change and the Environment, de la London School of Economics, publica un informe que revisa las tendencias mundiales en litigio climático. La fuente principal del informe son las bases de datos de litigio climático a nivel mundial que mantiene el Centro Sabin para el Derecho sobre Cambio Climático, aliado de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe. 

Esta quinta versión del informe cubre lo ocurrido entre mayo de 2022 y mayo de 2023. Incluye una actualización del número de casos presentados y sus categorías, una revisión temática de los casos más recientes y una discusión acerca de las áreas de política climática que probablemente estarán sujetas a controversia legal en los próximos meses y años.

Revisa el informe completo aquí (en inglés)

Revisa un resumen de los principales hallazgos aquí (en inglés)

Estas son las tendencias clave identificadas en el informe: 

> La base de datos del Centro Sabin ya cuenta con 2.341 casos, 190 de los cuales fueron presentados en los últimos 12 meses. La tasa de crecimiento en los casos parece estar desacelerándose, pero su diversidad sigue expandiéndose. Los casos contra actores corporativos han aumentado.

> En el último año, se identificaron casos en siete países en los que antes no había: Bulgaria, China, Finlandia, Rumania, Rusia, Tailandia y Turquía. En total, más de 130 casos se presentaron en el Sur Global. 

> Más del 50% de los casos obtienen resultados judiciales directos favorables a la acción climática. Además, los casos también tienen impactos indirectos significativos en la toma de decisiones sobre el cambio climático, más allá de los tribunales. Muchos casos aún están abiertos y podrían traer más consecuencias positivas.

> A nivel internacional, se presentaron tres solicitudes para opiniones consultivas en tribunales internacionales en los últimos 12 meses. Y también existen litigios pendientes ante organismos regionales.

> Las protecciones legales nacionales (por ejemplo, para el derecho a un ambiente sano), junto con la legislación climática nacional, juegan un papel fundamental en los casos contra los gobiernos.

> El litigio estratégico parece ir en aumento, con estrategias reconocibles en diferentes jurisdicciones. La mayoría de los casos registrados buscan resultados “alineados con el clima”, pero los litigios no alineados con el clima (por ejemplo, los que buscan limitar las salvaguardas ambientales y sociales para inversiones) están aumentando, sobre todo en EE. UU.

> Fuera de EE. UU., se ha identificado un aumento de los casos contra gobiernos y corporaciones que cuestionan la implementación y ambición de la política climática. También han aumentado los casos de “lavado climático” que desafían supuestas afirmaciones y compromisos ecológicos. Algunos casos están cuestionando la desinformación, muchos basados en la ley de protección al consumidor.

> La variedad de los argumentos legales empleados en casos corporativos se está complejizando, con solicitudes que combinan reparación por pérdidas pasadas y presentes, contribuciones a costos futuros de adaptación y solicitudes para que los tribunales ordenen a empresas alinear sus actividades con los objetivos del Acuerdo de París. 

> Los litigios relacionados con decisiones de inversión están aumentando. Aunque hasta ahora los tribunales han sido reacios a ser demasiado prescriptivos, el litigio ha contribuido a esclarecer los parámetros dentro de los cuales se deben tomar las decisiones de inversión.

> Hoy en día es más probable que las actividades intensivas en emisiones se enfrenten a desafíos en diferentes puntos de su ciclo de vida, desde el financiamiento inicial hasta la aprobación final de los proyectos. Esto incluye la expansión de proyectos de combustibles fósiles y prácticas agrícolas que agravan la deforestación.

El 15 de diciembre de 2022, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México), tribunal de segunda instancia, falló en favor del gobierno mexicano, en el caso ONG vs. gobierno por falta de ambición en la actualización de las NDC de México. La sentencia es, a la vez, congruente e incongruente con el Acuerdo de Escazú.

En lo congruente, el tribunal aplicó un criterio amplio de legitimación activa al resolver que la defensa del derecho al ambiente sano puede ser promovida por las organizaciones ambientales y no sólo por las personas físicas, con lo que reconoce la autoridad de Greenpeace para llevar el caso.

Sin embargo, negó el amparo solicitado al considerar que la parte demandante no aportó “los medios de convicción necesarios” para acreditar que la actualización de las NDC vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano. Lo anterior desconoce el Acuerdo de Escazú, que ordena a quienes administran justicia aplicar medidas como la inversión de la carga de la prueba, que traslada el deber de probar a la parte demandada.

Consultar la información completa y actualizada del caso aquí.